Blanca Rodríguez propone penalizar el discurso de odio y una columna de Opinar (San José) responde que la ley ya existe

La senadora Blanca Rodríguez afirmó que 'hay que penalizar los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación' y agregó que su fuerza política va a avanzar en un proyecto concreto sobre el tema, según informa Opinar (San José) en una columna firmada por Daniel Manduré. Las declaraciones, precisa el artículo, fueron hechas 'hace algunos días', sin que el texto indique la fecha exacta ni el ámbito en que se formularon. El columnista cuestiona esa posición de punta a punta. Sostiene que la legisladora habla 'mal informada, sin asesorarse antes de hablar' y con un 'llamativo desconocimiento de la ley', y afirma que de sus propias palabras se desprende la idea de que en Uruguay existe un vacío legal en la materia, cuando —según su lectura— el país tiene desde hace décadas normas penales específicas para castigar la incitación al odio.

Para el autor del artículo, la razón del planteo es justamente ese desconocimiento: Rodríguez habría formulado sus apreciaciones 'al parecer sin saber que ya existen leyes aplicables a estos efectos', y el episodio se suma, en su relato, a otros 'errores reiterados en cada aparición pública'. La columna no recoge ninguna explicación de la propia senadora ni de su fuerza política sobre los motivos del anuncio ni sobre su alcance. El disparador del texto es otro: Manduré escribe que la preocupación por la violencia verbal 'es legítima' y que 'nadie puede defender una sociedad en la que se incite a agredir, discriminar o violentar a otros', pero considera incorrecto presentar la situación como si el país careciera de legislación penal contra el discurso de odio. Sobre esa diferencia —reconocer el problema sin recurrir al Código Penal— construye toda su argumentación.

El repaso normativo que hace el columnista es el eje de ese argumento. Menciona la ley 16.048 de 1989, que incorporó los artículos 149 bis y 149 ter al Código Penal para castigar la incitación pública al odio, el desprecio o la violencia contra una persona o grupo por su color de piel, raza, religión u origen étnico, y la ley 17.677 de 2003, que sustituyó y amplió esos artículos al sumar la orientación e identidad sexual. Añade que quien se sienta afectado en su honor por hechos falsos, insultos o agravios cuenta además con los artículos 333 y 334, sobre difamación e injurias. El texto también ordena antecedentes propios de la senadora, que usa como contexto de su crítica: atribuirle a su fuerza política ser la dueña del diseño de todas las políticas sociales del país y las declaraciones que, según el columnista, hizo durante su visita a la Biblioteca Nacional, cuando describió una situación 'supuestamente calamitosa' de esa institución para intentar justificar su cierre.

De esas declaraciones, y del anuncio de un proyecto concreto, se abre la discusión que la columna plantea sin resolver: qué conducta que hoy no sea delito se pretende convertir en delito y en qué proyecto piensa avanzar la fuerza política de la senadora. El artículo deja las dos preguntas formuladas y no aporta respuesta; tampoco indica si existe un texto ya redactado, quién lo impulsaría ni cuándo podría presentarse. La advertencia central del autor apunta al alcance de una eventual reforma. Dice que hay una diferencia 'enorme' entre combatir el odio y penalizar el pensamiento, y que si cada insulto, cada descalificación política o cada agresión en redes puede ser interpretada como odio 'estaremos cruzando una línea extremadamente peligrosa'. Cierra con una referencia a '1984', de George Orwell, y con dos definiciones: que el discurso de odio debe ser combatido con la ley que ya existe y que la defensa de la libertad de expresión es, para él, 'absolutamente innegociable'.

La voz central del material es la de Daniel Manduré, autor de la columna, y su texto es en sí mismo una opinión: no incluye declaraciones de Blanca Rodríguez más allá de la frase que le atribuye sobre penalizar los discursos de odio y del anuncio sobre el proyecto de su fuerza política. No hay en el artículo voces de otros legisladores, de especialistas ni de ningún organismo. El autor recuerda que la senadora fue periodista y comunicadora durante décadas y que es profesora de literatura, y sostiene que por eso debería distinguir con más cuidado los términos. El columnista apoya su posición en el contraste entre dos usos de la palabra: plantea que 'una cosa es incitar deliberadamente a la violencia contra una persona o grupo' y 'otra muy diferente' es considerar discurso de odio a 'cualquier expresión dura, agresiva, ofensiva, intolerante, desagradable o políticamente incorrecta'. Y apunta a la responsabilidad de los dirigentes políticos, a quienes atribuye una responsabilidad 'mayor que cualquier otro ciudadano' por su capacidad de 'calmar a la sociedad o también de incendiar la pradera'.