La SIP destacó la libertad de prensa en Uruguay y alertó por la crisis económica de los medios

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó las condiciones favorables para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión que mantiene Uruguay y, en el mismo informe, advirtió que la situación económica que atraviesan los medios de comunicación pone en riesgo su sostenibilidad. La evaluación se presentó en el marco de la 82.ª Asamblea General de la organización, celebrada en Bogotá, y llegó difundida a través de un cable de la agencia EFE reproducido por El Telégrafo, de Paysandú. Según ese informe, transcurrido un año y medio del gobierno encabezado por Yamandú Orsi, los medios, periodistas y usuarios de redes sociales pudieron desarrollar sus actividades sin obstáculos significativos. "No se produjeron hechos graves que afectaran de manera sustancial la libertad de expresión o el derecho a la información", puntualizó la SIP.

Detrás del balance general, el documento se detiene en un puñado de episodios que la organización considera que "merecen seguimiento por sus posibles efectos sobre el ejercicio del periodismo independiente y el debate público". No registra una medida formal de censura ni de restricción, pero advierte que ese tipo de situaciones "puede incidir de manera negativa en el ejercicio profesional". El primero de esos episodios se remonta a junio, cuando una entrevista de El Observador a la senadora del oficialista Frente Amplio Bettiana Díaz derivó en una controversia pública.

En esa entrevista, recuerda la SIP, el periodista le consultó sobre una publicación de carácter personal que la legisladora había realizado previamente en redes sociales. Díaz cuestionó la pertinencia de la pregunta y sostuvo que el abordaje respondía a un sesgo de género y constituía una intromisión en su vida privada. El episodio generó cuestionamientos públicos de sectores del oficialismo, de organizaciones sociales cercanas al gobierno y de la Asociación de la Prensa del Uruguay respecto del abordaje realizado por el periodista durante su cobertura. El segundo punto señalado llegó en setiembre, cuando la senadora oficialista Blanca Rodríguez planteó la necesidad de penalizar lo que calificó como "discurso de odio" difundido "en las redes, en los podios y en los micrófonos". La SIP recordó que el Código Penal uruguayo contempla el delito de incitación al odio, que sanciona la incitación pública al odio, desprecio o violencia contra personas por motivos relacionados, entre otros, con el color de piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, y enfatizó que "cualquier eventual ampliación de estas disposiciones debería analizarse a la luz de las garantías sobre libertad de expresión y de prensa reconocidas por el sistema interamericano de derechos humanos".

El otro eje del informe es el económico. La SIP subrayó que a los episodios mencionados "se suma la situación económica que atraviesan diversos medios de comunicación, que ha provocado la pérdida de puestos de trabajo en el sector e inquietud sobre la sostenibilidad de la industria en momentos de disrupción causada por la Inteligencia Artificial". En Uruguay el tema tuvo además un capítulo institucional propio pocos días antes de la asamblea: el viernes 23 de octubre, en el Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de Presidencia de la República y la Asociación de la Prensa del Uruguay firmaron un convenio de cooperación para promover y proteger los derechos humanos, con énfasis en la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública. El acuerdo, suscrito en Torre Ejecutiva, prevé seminarios, jornadas, talleres, cursos, campañas de sensibilización, intercambio de información y materiales, y espacios de diálogo entre organismos públicos, medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

La secretaria de Derechos Humanos, Iliana da Silva, destacó la importancia de la fecha y del acuerdo con la gremial periodística: "Para la secretaría es muy especial este acuerdo, en el Día del Periodista y de los trabajadores de los medios de comunicación". La jerarca señaló además que es necesario mantenerse "atentos ante las noticias falsas, los discursos de odio" y reivindicar el trabajo de los periodistas: "Soy de las que creo que sin periodismo no hay una democracia plena. Así que este acuerdo encierra todo eso y tenemos una hoja de ruta", expresó. El presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, Rody Olivera, valoró la firma como parte del trabajo de la gremial para fortalecer vínculos institucionales y destacó que se trata del primer acuerdo que la asociación concreta con una dependencia del Poder Ejecutivo, tras los que firmó con la Suprema Corte de Justicia en 2024 y con el Poder Legislativo en 2025. Del lado de los episodios relevados por la SIP, la senadora Bettiana Díaz sostuvo, según el informe, que la pregunta respondía a un sesgo de género y constituía una intromisión en su vida privada, mientras que la senadora Blanca Rodríguez planteó la necesidad de penalizar el "discurso de odio" difundido "en las redes, en los podios y en los micrófonos".