ASSE ratificó la adjudicación de camas de CTI sin Danza y la oposición pide a Orsi medidas correctivas

Según informa El País, el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) sesionó sin su presidente, Álvaro Danza, y ratificó las actuaciones elaborando un nuevo acto administrativo sobre la licitación pública que dispuso la contratación de camas de CTI para adultos, niños y recién nacidos en Montevideo con cuatro mutualistas, entre ellas La Española. "Se ratificó lo que se había hecho y se elaboró una nueva acta. Lo que estaba mal era que Danza hubiera firmado. Nada más", dijo al medio un integrante del directorio que participó de la sesión, en la que se votó la nueva resolución por unanimidad y sin la presencia de Danza. El propio jerarca confirmó la decisión en rueda de prensa: "El directorio ratificó el acto administrativo, o sea que no hubo marcha atrás. En definitiva, se resolvió de nuevo, pero en ausencia del presidente, que es el que podría tener un potencial conflicto de interés".

El problema se suscitó porque Danza avaló con su firma y voto una compra a La Española, mutualista de la que fue funcionario hasta finales del año pasado. El artículo 72 del Tocaf prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en cualquier proceso de contratación "en caso de tener o haber tenido en los últimos doce meses con dicha parte alguna vinculación de índole profesional, laboral o empresarial". Según El País, el titular de ASSE prestó servicios en esa institución hasta noviembre de 2025, mientras que la adjudicación se resolvió el 4 de junio de este año. Danza reconoció el "error" cuando fue consultado por el medio: dijo que fue una equivocación haber participado de la decisión, un error que "se lo comió todo el mundo" y que nadie reparó hasta 12 semanas después. También relató que envió una carta al directorio, luego de ser notificado por la Dirección de Recursos Materiales según su versión, para que se "analizara ese tema" en su ausencia: "Básicamente hay que hacer una nueva sesión de directorio para que tome una resolución, en mi ausencia y sin mi firma".

Los cuestionamientos contra Danza también apuntan, según El País, a que el jerarca desoyó el dictamen de la Jutep de fines del año pasado, que descartó su incompatibilidad al ejercer en otros centros privados —a los que finalmente renunció— pero que al mismo tiempo le recomendaba que "en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses", se abstuviera de "participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos". El diputado blanco Amin Niffouri ya elevó un pedido de informes a ASSE en el que solicita acceder a la "copia íntegra del expediente de la licitación pública número 10.003/2026 relativo a compra de camas de CTI", en el entendido de que el procedimiento continúa viciado de nulidad.

La situación, no obstante, está lejos de conformar a la oposición. En la carta que Niffouri y otros legisladores de la coalición republicana ya le enviaron al presidente Yamandú Orsi se hace expresa referencia al artículo 161 del Código Penal, que tipifica el delito de conjunción de interés personal y del público. "No es posible subsanar lo actuado de manera legal", reclamó Niffouri en diálogo con El País, donde también indicó que su partido analiza incluir este episodio en la denuncia penal que se prepara contra el presidente de ASSE. "La excusación hecha después de la adjudicación no subsana la irregularidad cometida anterior", explicó, y sostuvo que Danza "dictó actos relativos a recursos administrativos, levantamiento de efectos suspensivos y actos rectificatorios" planteados por otras mutualistas que compitieron en la licitación, "no habiéndose excusado en ningún momento". El escrito enviado a Orsi, con la firma de esos legisladores —más la del diputado del Partido Colorado Walter Verri y la del representante del Partido Independiente, Gerardo Sotelo— y fechado el 13 de este mes, repasa cómo sucedieron los hechos y la normativa no respetada por Danza, y les recuerda al mandatario que dentro de sus potestades está la de ser contralor de todos los servicios descentralizados: "En efecto, el artículo 197 establece que ante la ilegalidad el Poder Ejecutivo puede efectuar observaciones, disponer la suspensión de los actos observados e incluso imponer medidas correctivas y remociones. De no hacerlo, con su omisión avala lo ilegal".

Un integrante del directorio de ASSE que participó de la sesión, que no fue identificado; el presidente de ASSE, Álvaro Danza, en rueda de prensa y en declaraciones a El País; el diputado blanco Amin Niffouri, en diálogo con El País; y el vicepresidente de la Jutep, Alfredo Asti, quien anunció que si Danza "está en condiciones de recomponer la situación previa a la firma de la adjudicación, se habrá actuado correctamente".