La Justicia condenó al Estado a pagar U$S 200.000 por 22 omisiones en el femicidio de Daiana Laguna

Según informa TNU (Medios Públicos), la Justicia condenó al Estado uruguayo a pagar U$S 200.000 a la familia de Daiana Laguna, asesinada por su expareja el 4 de agosto de 2022 en la zona de Las Duranas, en Montevideo, y detectó 22 omisiones en el accionar de los organismos que debían intervenir para protegerla. Daiana tenía 31 años y había denunciado en reiteradas ocasiones al hombre por agresiones y amenazas. El día del femicidio salió de su casa junto a sus dos hijas para denunciar en la seccional policial que el hombre —que tenía una medida perimetral— se encontraba nuevamente en las inmediaciones de la vivienda.

El fallo no se apoya en un episodio único: se compone, según la descripción que acompaña la nota, de veintidós hitos puntuales. Para la Justicia, las omisiones de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior —los tres organismos demandados— posibilitaron el aumento del riesgo y derivaron en la responsabilidad civil del Estado en la muerte de Daiana. El análisis se concentra en los últimos dos meses de su vida, cuando los tres organismos acumularon, siempre según ese relato, una catarata de acciones mal tomadas y otras tomadas de forma tardía. Esa suma llegó hasta la escena final: Daiana estaba en la vía pública —había llamado al 911 y no tenía respuesta— y su expareja se encontraba en el techo de su casa, mientras una amiga llamaba también al 911 porque Daiana le había enviado un video de las cámaras de vigilancia de la vivienda.

Los dos meses previos al femicidio están marcados por denuncias y alertas. Daiana hizo personalmente cinco denuncias en la seccional en ese período, de acuerdo con lo que detalla la nota. El Hospital Pereira Rossell, que elaboró un informe, fue el único segmento del Estado que actuó correctamente según esa misma lectura: un equipo multidisciplinario redactó un informe que indicaba el alto grado de vulneración y de vulnerabilidad del hogar en general y pedía medidas cautelares, con informes técnicos de asistentes sociales, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras respecto a la situación de las niñas, que ya tenían sus propias consecuencias físicas por todo lo que vivía la madre.

Además del monto que el Estado deberá pagar, el fallo deja una señal sobre el funcionamiento de los organismos que intervienen en estos casos: para Lamela sienta un precedente y abre la expectativa, compartida con la familia, de que la situación se visibilice. El entrevistado también advirtió que, con este funcionamiento, es esperable que haya otras víctimas.

Las palabras son de Pablo Lamela, cuya entrevista acompaña el material de TNU (Medios Públicos) en formato de audio; la fuente no especifica su cargo. "El fallo son veintidós hitos puntuales, sin perjuicio de todo este periplo, nosotros nos concentramos en los últimos dos meses de su vida en el cual, tanto fiscalía como el Poder Judicial y Ministerio Interior —que fueron los tres organismos demandados— tuvieron una catarata de omisiones, de acciones mal tomadas y acciones tomadas tardíamente", explicó. El Hospital Pereira Rossell, agregó, fue "el único segmento del Estado que actuó correctamente". Y cerró: "Esperemos que no haya otras víctimas, sin perjuicio de que es bastante esperable que con este funcionamiento pueda haber. Ojalá que no. Por otro lado, el fallo sienta un precedente y con la familia tenemos la esperanza que esto se visibilice".