Praxis anunció que instalará en Colonia su primer desarrollo a escala de ciudad con inteligencia artificial

La organización Praxis, que se presenta como la primera nación digital del mundo y que usa inteligencia artificial para entender a sus miembros y coordinar objetivos comunes, guiada por una constitución y con supervisión humana, anunció el 22 de setiembre que Uruguay será la sede de su primer desarrollo a escala de ciudad, en Colonia, con la intención de movilizar 1.000 millones de dólares en tres años y recibir a los primeros residentes a mediados de 2027. La respuesta del gobierno uruguayo llegó rápido: el presidente Yamandú Orsi se reunió con Brown en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, y explicó que, además de Montevideo y Punta del Este, el tercer polo de atracción de inversiones «va a tener que ser Colonia». Orsi propuso consolidar al país como un hub regional confiable para desarrollar y escalar soluciones de IA y, al ser consultado sobre cómo regular la IA protegiendo derechos, sostuvo que «no hay que caer en la dicotomía de captar inversión o regular»: se pueden hacer las dos cosas a la vez, agregó.

Un país chico, con un mercado interno que difícilmente explique por sí solo una inversión de 1.000 millones de dólares, atrae por motivos menos visibles que el tamaño de su economía. La propia Praxis habla de estabilidad política y económica y de instituciones democráticas; a eso habría que sumarle energía, conectividad, territorio y seguridad jurídica. Una hipótesis que plantea el artículo es que Uruguay interesa menos como mercado que como base para construir y operar infraestructura hacia una región más grande.

La discusión sobre IA suele arrancar por el modelo, pero eso es apenas una capa: por debajo hay centros de datos, procesadores, redes, cables submarinos, electricidad y refrigeración, y por encima, contratos y legislación. Uruguay ya tiene un ejemplo de ese vínculo con el territorio: una investigación sobre el centro de datos de Antel en Pando, en funcionamiento desde 2016, midió que la temperatura del predio subió 2,1 grados respecto a sus alrededores; la mayor parte se explica por el cambio de uso del suelo, pero un 17 por ciento, 0,32 grados, corresponde a la operación de los servidores. A 11 quilómetros, en Ciudad de la Costa, Google está terminando de construir el Proyecto Teros, un centro de escala gigante con una potencia media de 64 megavatios, cinco veces la capacidad máxima de Antel. El presidente de Antel dijo a La Diaria, sobre el estudio de Pando, que la temperatura sube porque «[el proyecto] sacó verde», no por los servidores. El 14 de octubre, el gobierno firmó con la española Solaria un acuerdo para un parque de centros de datos de 500 megavatios, distribuido entre Florida, Canelones y San José, en régimen de zona franca, con una inversión estimada de 5.700 millones de dólares; el acuerdo es confidencial.

La IA ya entró al Estado uruguayo: a través de pedidos de acceso a la información pública, Amenaza Roboto solicitó a 24 organismos un inventario de sus proyectos de IA; nueve entregaron listas o remitieron a ellas y cuatro se negaron. El Banco de Previsión Social reconoció usar modelos predictivos para elegir contribuyentes a fiscalizar, pero reservó fechas y alcance por ciberseguridad; el Ministerio del Interior dejó vencer el plazo legal sin responder, aunque en sus propias publicaciones describe reconocimiento facial, lectura de matrículas, detección acústica de disparos y un proyecto para clasificar llamadas al 911; y el Observatorio de Inteligencia Artificial de Agesic no se actualiza desde abril de 2025. Una segunda investigación fue a lo cotidiano: de los 24 organismos consultados, apenas cuatro declararon tener una política formal sobre el uso de ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot; nueve tienen constancia de que sus funcionarios los usan y otros seis lo presumen, y Agesic, que coordina la estrategia nacional de IA, ni siquiera había relevado el uso de estas herramientas entre sus funcionarios. Cuando los organismos ofrecen una alternativa institucional, en cinco de siete casos se trata de Microsoft o Google, proveedores ya presentes en los paquetes de ofimática contratados; solo el Banco Central del Uruguay declaró utilizar modelos en infraestructura propia y Antel invocó una reserva y no informó. El artículo plantea que la pregunta de fondo es cuánto margen quiere conservar Uruguay para decidir de qué IA va a depender.

El presidente Yamandú Orsi sostuvo, al ser consultado sobre cómo regular la IA protegiendo derechos, que «no hay que caer en la dicotomía de captar inversión o regular», y en un diálogo presidencial sobre IA organizado en Nueva York por el Banco Interamericano de Desarrollo fijó un estándar: «Si una inversión deja únicamente servidores, habrá dejado un depósito de hardware. Si, además, deja investigadores, emprendedores y trabajadores capacitados, habrá construido capacidad». El presidente de Antel dijo a La Diaria, sobre el estudio de Pando, que la temperatura sube porque «[el proyecto] sacó verde», no por los servidores. La presidenta del LATU, Lucila Arboleya, sostiene que los acuerdos de confidencialidad con Microsoft dejan los datos bajo control del Estado. El presidente de Antel, Alejandro Paz, entrevistado por La Diaria, prometió que el nuevo centro de datos en Las Piedras tendrá techos verdes, aunque no dijo si se corregirá lo de Pando, y resumió el alcance así: «La soberanía tecnológica absoluta para Uruguay es imposible […], pero sí queremos hacer que, en las cosas de nicho en las que podemos destacarnos, tengamos las herramientas para que se pueda trabajar acá». El director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Uruguay, Diego Garagorry, lo definió como un «Institut Pasteur de la inteligencia artificial».