Antel anunció un data center de US$ 70 millones en Canelones, pero falta definir el equipamiento clave para la IA

Antel anunció la construcción de un nuevo centro de datos en Canelones, con una inversión de US$ 70 millones destinada principalmente a la infraestructura edilicia. La obra, prevista para comenzar en 2027 y finalizar entre 2028 y 2029, aún no incluye la adquisición de los aceleradores y equipos necesarios para procesar inteligencia artificial (IA), lo que genera interrogantes sobre la soberanía tecnológica del proyecto. Según informó Semanario Brecha, esta etapa crítica permitirá definir qué tipo de tecnología se utilizará y bajo qué condiciones.

El proyecto responde a la necesidad de Uruguay de contar con infraestructura propia para procesar datos sensibles, como historias clínicas y registros biométricos, sin depender de servidores extranjeros. El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, mencionó que la iniciativa busca garantizar la soberanía tecnológica, aunque aún queda por definir cómo se implementarán los sistemas de IA y bajo qué jurisdicción operarán los proveedores.

Uruguay cuenta desde 2008 con la ley 18.331, de protección de datos, y desde 2013 con la ley 19.179, que establece la preferencia por el software libre en la administración pública. Sin embargo, estas normativas no abarcan específicamente los desafíos planteados por la IA, lo que lleva a replantear su actualización. Además, el acuerdo entre Ceibal y ANEP con Google para la integración de plataformas educativas ha sido criticado por el manejo de datos de estudiantes y docentes en infraestructura ajena.

La falta de definición sobre el equipamiento tecnológico y los modelos de IA que se utilizarán en el data center de Antel plantea riesgos para la soberanía digital del país. Si las decisiones clave sobre proveedores y jurisdicción no se toman a tiempo, Uruguay podría terminar con una infraestructura costosa que dependa de tecnología extranjera. Además, el proyecto debe resolver cuestiones prácticas como el suministro de energía firme y el uso eficiente del agua, para evitar problemas como los enfrentados por otros centros de datos.

Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, explicó que definir qué información debe quedar en infraestructura estatal no le corresponde a la empresa, sino al Parlamento.