Un jerarca del Mides dijo que los narcos expulsan "cada vez más" a personas mayores de sus casas y el Ministerio del Interior lo rebate

Según informa El Observador, el director nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Daniel Gerhard, aseguró que eran "cada vez más masivos" los casos de familias que estaban "a punto de quedar en la calle" porque el "narco las expulsa" de sus hogares. El jerarca, que tiene a su cargo la política de atención a personas en situación de calle, hizo la afirmación durante la mesa de diálogo "Invisibles, ¿hasta cuándo?", organizada por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) para debatir sobre cooperativas en situación de extrema vulnerabilidad. En ese marco, Gerhard dijo que el Mides "no puede renunciar a los emergentes", es decir, generar "parches" para las personas que aparecen en la calle "día a día", y describió las situaciones que, según él, son "cada vez más masivas": "Personas que están dentro de una casa pero están a punto de quedar en calle porque el narco las expulsa. A la viejita que tiene su casita de siempre, le dicen que si no se va mañana le van a quemar la casa con ella dentro. Un montón de situaciones que nos hablan de una fractura social, de una sociedad más violenta".

La afirmación de Gerhard se produjo en el marco de la mesa de diálogo sobre cooperativas en situación de extrema vulnerabilidad, donde el jerarca expuso el trabajo de la cartera en la atención de personas en situación de calle. Frente a esa declaración, desde el Ministerio del Interior aclararon a El Observador que no hay registro de que esta práctica sea un fenómeno creciente, como aseguró Gerhard. Si bien reconocieron que puede haber casos puntuales, apuntaron que principalmente se registra en el marco de la lucha de bandas narco que se disputan, por ejemplo, casas para establecer bocas de venta de drogas, y no en el ejemplo que plantea Gerhard de una persona mayor que es extorsionada para dejar su hogar.

La usurpación de casas por parte de grupos criminales concitó la atención mediática entre 2017 y 2018, cuando la banda narco Los Chingas desalojó a decenas de familias en Los Palomares de Casavalle, recuerda la nota original. Pese a la caída del clan comandado por Mónica Sosa, agrega, la expulsión de familias a manos de delincuentes no desapareció. Una investigación de 2025 de El Observador en zonas como Marconi, Cruz de Carrasco y la periferia de Canelones da cuenta de familias que debieron escapar con lo puesto tras sufrir copamientos o balaceras, quedando a la intemperie o subsistiendo de forma precaria.

Desde el Ministerio del Interior remarcaron que se mantiene un buen vínculo de trabajo con el Mides y ejemplificaron con un nuevo plan que se puso en marcha semanas atrás para contrarrestar el aumento de personas en situación de calle por el cierre de los centros de evacuación, a raíz del fin de la alerta roja. Ese operativo, coordinado entre Interior, Mides y la Intendencia de Montevideo, implica aplicar la ley de faltas a las personas que están en situación de calle y trasladarlas a los refugios. Además, aclararon que no ha habido denuncias del Mides sobre este tema ni planteos formales del director a alguna autoridad del ministerio. La nota original señala que la discrepancia entre los registros policiales y la realidad barrial responde, en gran medida, a la naturaleza de la extorsión como un delito con una cifra negra abrumadora: las víctimas raramente radican denuncias en las comisarías de su jurisdicción por temor a represalias y, cuando lo hacen, acuden meses después a dependencias alejadas o directamente a la Fiscalía. Los propios datos judiciales, agrega, demuestran que estos episodios suelen ingresar al sistema caratulados bajo figuras como daño, disparos con arma de fuego, incendio o violencia privada. Frente a la presunción de que los inmuebles usurpados se transforman de inmediato en puntos de venta de sustancias, informes policiales de inteligencia y análisis criminológicos revelan, según el artículo, una logística más diversificada: las organizaciones criminales acumulan fincas para descentralizar el acopio de armas, drogas y dinero, consolidar pasajes ciegos que obstaculizan el ingreso de patrulleros o desarrollar mercados informales de alquiler.

Daniel Gerhard, director nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), afirmó que los casos de familias expulsadas por el narco son "cada vez más masivos" y describió la situación de "la viejita que tiene su casita de siempre" a la que le dicen que si no se va le van a quemar la casa con ella dentro. Desde el Ministerio del Interior, en tanto, aclararon a El Observador que no hay registro de que esta práctica sea un fenómeno creciente y que no ha habido denuncias del Mides sobre este tema ni planteos formales del director a alguna autoridad del ministerio.