El Senado comenzó a debatir que los delitos sexuales contra menores no prescriban

Según informa El País, el Senado comenzó a discutir un proyecto de ley que reforma el Código Penal para que los delitos sexuales que involucran a víctimas menores de edad nunca prescriban. La iniciativa no es nueva: la Vertiente Artiguista la había presentado en 2020 ante la Comisión de Constitución y Códigos, pero nunca llegó al Plenario. Ahora el oficialismo decidió desarchivarla y que se discuta en el seno de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, donde aparece como una de las prioridades para la actual Legislatura. Para la oposición, en cambio, la inclusión de esta disposición en el Código Penal genera dudas porque podría afectar las garantías de los acusados. El debate arrancó con la presencia de Ikove, una organización de víctimas de delitos sexuales, y la comisión ya tiene en agenda recibir a las cátedras de Derecho Penal de la Universidad de la República, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo, además del Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho.

El empuje para que el tema vuelva a tratarse vino del oficialismo, que desarchivó una iniciativa presentada en 2020 y la fijó como una de las prioridades de la actual Legislatura. La discusión, según consigna el artículo, se produce en un contexto en el que la Policía recibió 2.163 denuncias por delitos sexuales entre enero y setiembre de 2026: 1.432 durante el primer semestre y otras 731 entre julio y setiembre, un promedio de casi ocho denuncias por día, o aproximadamente una cada tres horas. La cifra comprende el conjunto de los delitos sexuales registrados por el Ministerio del Interior y no exclusivamente aquellos cometidos contra menores de edad, que son los que están en el centro del proyecto que estudia el Senado.

El régimen que el proyecto busca modificar tiene su antecedente inmediato en la ley 19.580, aprobada en 2017, que cambió los plazos de prescripción para una serie de delitos sexuales. Su artículo 119 establece que "la prescripción de la acción penal derivada de los delitos de abuso sexual, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y corrupción, en los cuales la víctima haya sido un niño, niña o adolescente, se suspende hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad". Es decir, el plazo no corre desde que se consumó el delito, sino desde que la víctima, ya mayor de edad, radica la denuncia. Pero esa disposición no se aplica a los hechos ocurridos antes de la promulgación de la ley, en 2018. El caso de Milagros Chamorro ilustró ese conflicto: en 2010, cuando era menor de edad, fue víctima de una violación grupal en Punta del Este, presentó la denuncia en 2022 y la Justicia entendió que el delito había prescripto. En 2024, Milagros se quitó la vida. La discusión, por lo demás, acompaña una tendencia regional: según el artículo, la semana de la publicación el asunto comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados de Argentina, y en Chile rige una ley en esa dirección desde 2019, en Colombia desde 2021 y en Perú desde 2018, mientras que en Ecuador la imprescriptibilidad se aprobó en 2018 tras una consulta popular que la incorporó a la Constitución.

Con el tema ya instalado en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, el próximo paso son las audiencias: las cátedras de Derecho Penal de la Universidad de la República, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo, y el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho ya están en la agenda para exponer sus posiciones técnicas sobre qué tan viable es eliminar el instituto de la prescripción. De aprobarse el texto, los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes quedarían fuera de todo plazo de prescripción, un alcance que la reforma de 2018 no tuvo para los hechos anteriores a su promulgación. La iniciativa que hoy se discute es la misma que en 2020 quedó sin llegar al Plenario, y las posiciones que ya se escucharon en la comisión marcan que el consenso está lejos de ser automático.

Para la presidenta de la comisión, la senadora Constanza Moreira, se trata de "una modificación muy importante del Código Penal", y precisó que "hay un gran debate sobre este tema". Ante los legisladores, la organización Ikove desarrolló lo que denomina "derecho al tiempo": "Lastimosamente, las víctimas y sobrevivientes hablamos cuando podemos, no cuando queremos o cuando la Justicia lo exige", plantearon, y sostuvieron que "en la violencia sexual infantil, el propio delito impide denunciar a su tiempo". Según expusieron, las características de esa violencia hacen que en numerosos casos las víctimas necesiten años para identificar lo ocurrido, verbalizarlo y estar en condiciones de acudir a la Justicia; citaron estudios de la Unión Europea según los cuales transcurren en promedio entre 17 y 21 años antes de que las víctimas de abuso sexual infantil se lo cuenten a alguien, entre el 60% y el 70% no lo revela hasta la adultez y el 27% nunca lo cuenta. "No pedimos que se aumenten penas. No pedimos que la ley sea punitivista. No obligamos a nadie a denunciar con esta ley", señalaron. La senadora nacionalista Graciela Bianchi planteó reparos y aclaró en varias oportunidades que hablaba a título personal y que su posición no representaba al Partido Nacional ni a la coalición. "Desde el punto de vista humano, nadie discute absolutamente nada", comenzó, pero sostuvo que la respuesta legislativa no podía construirse únicamente a partir de la dimensión humana del problema. "Si nos llevamos por los sentimientos, sin ninguna duda hacemos lo que ustedes nos piden, pero el Estado de derecho tiene determinados lineamientos, sobre todo el derecho penal, y el problema es la prueba", dijo. Para Bianchi la prescripción es "un instituto muy importante" del derecho y le resultaba "chocante" que un delito fuera considerado imprescriptible "en términos absolutos": "Creo que hay que buscar otros mecanismos, por ejemplo, se pueden modificar los plazos, pero hacer desaparecer el instituto de la prescripción es peligroso", afirmó. Los abogados penalistas Enrique Moller y Florencio Macedo también plantearon reparos. Moller, que preside la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay y aclaró que hablaba a título personal porque la institución no ha tratado el tema, dijo a El País que la legislación actual ofrece garantías suficientes a las víctimas y que no es conveniente modificar el Código Penal: "La aprobación de la ley en 2018, que modificó los plazos de prescripción para este tipo de delitos, ya ofrece garantías suficientes. De manera razonable se estipuló que el plazo de prescripción comienza a correr una vez que la víctima es mayor de edad y presenta la denuncia. Eso le da garantías a la víctima y también al acusado". Eliminar la prescripción sería, a su juicio, "un problema enorme", y resumió: "El régimen actual es suficiente". Macedo, presidente del Colegio de Abogados, también aclaró a El País que opinaba a título personal y sostuvo que existen fundamentos jurídicos sólidos para discutir el proyecto. "El instituto de la prescripción existe porque es importante en materia de seguridad jurídica para los involucrados. Además, es muy difícil defenderse de un hecho ocurrido hace veinte o más años; buscar evidencia después de tanto tiempo es muy complejo", dijo. También diferenció estos casos de los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles por otra lógica: "Utilizar un instituto de imprescriptibilidad como ese para este tipo de delitos es un grave error", afirmó, y advirtió que "cuando se relajan las garantías, se degrada el Estado de derecho y ese camino es muy peligroso porque en este país rige el principio de inocencia".