La Ley de Competitividad avanza en el Parlamento y enfrenta reparos de supermercados, industriales y productores

Según informa El Telégrafo (Paysandú), la discusión en torno a la denominada Ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida vuelve a poner de manifiesto una de las grandes contradicciones de la economía uruguaya: existe un amplio reconocimiento de que el país necesita revisar sus costos internos, modernizar sus estructuras y facilitar la actividad productiva, pero cada vez que se intenta avanzar en esa dirección aparecen resistencias, advertencias y reclamos sectoriales que convierten cualquier reforma en una negociación compleja. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción del Senado y continúa su trámite parlamentario, coloca nuevamente en el centro de la discusión la necesidad de reducir las trabas que encarecen la producción, limitan la inversión y terminan repercutiendo sobre el bolsillo de los consumidores. El propio ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha definido la iniciativa como una "modesta pero importante reforma del Estado", según recoge el artículo. Modesta, porque el alcance de las disposiciones difícilmente permita revertir por sí solo décadas de dificultades acumuladas; importante, porque supone reconocer que el funcionamiento de la economía requiere cambios y que no alcanza con administrar las estructuras existentes esperando resultados diferentes.

De acuerdo con el análisis publicado por El Telégrafo (Paysandú), se suceden los reparos que responden a miradas particulares e intereses legítimos. Las observaciones formuladas por supermercados, industriales y productores agropecuarios muestran hasta qué punto resulta difícil pasar del diagnóstico a las acciones concretas, porque cada sector advierte sobre consecuencias negativas de determinadas disposiciones y plantea riesgos que merecen ser examinados. El artículo sostiene que una cosa es analizar con seriedad los efectos de una reforma y otra muy distinta es convertir cada interés particular en un argumento para impedir cualquier modificación del sistema vigente. Uno de los principales focos de controversia se encuentra en las disposiciones que regulan las relaciones entre proveedores y grandes superficies comerciales. La Asociación de Supermercados del Uruguay ha cuestionado las facultades que se otorgarían a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para establecer pautas de buenas prácticas y plazos obligatorios de pago. Desde el sector se advierte que imponer determinadas condiciones podría llevar a las cadenas comerciales a reducir la incorporación de productos de pequeñas y medianas empresas cuya rotación no esté asegurada.

El texto señala que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo cuenta con media sanción del Senado y continúa su trámite parlamentario. En cuanto a las posiciones sectoriales, la Cámara de Industrias del Uruguay advierte que una mayor apertura podría favorecer el ingreso de productos extranjeros a precios especialmente bajos, perjudicando a fabricantes nacionales que deben afrontar costos internos elevados. La preocupación merece atención, plantea el artículo, particularmente en una economía pequeña como la uruguaya, donde los volúmenes de producción son limitados y los costos fijos pesan proporcionalmente más que en mercados de mayor dimensión. El artículo sostiene además que las reformas del Estado que se han anunciado, grandes o pequeñas, no han llegado a término y han zozobrado desde el vamos debido al rechazo de grandes grupos corporativos, que aprovechan sus privilegios y su poder de presión para dejar las cosas como están.

Según el análisis de El Telégrafo (Paysandú), el desafío consiste en encontrar reglas equilibradas, que impidan los excesos sin convertir la regulación en una nueva barrera de entrada, teniendo en cuenta que una norma uniforme puede parecer justa en el papel y resultar contraproducente en la práctica si no contempla las diferencias de tamaño, capacidad financiera y características de los productos comercializados. La advertencia de los supermercados debe ser estudiada, plantea, pero no puede transformarse en una razón suficiente para renunciar a mejorar la transparencia de las relaciones comerciales; del mismo modo, el propósito de proteger a los proveedores pequeños no justifica imponer obligaciones que terminen excluyéndolos del mercado. Sobre la flexibilización del ingreso de un segundo importador para determinados alimentos, cosméticos y productos de higiene, el artículo indica que la iniciativa procura facilitar la competencia y reducir las rentas extraordinarias que pueden surgir cuando la comercialización de una marca depende de un único canal de importación. La posibilidad de incorporar un segundo importador puede contribuir a reducir precios, ampliar las alternativas disponibles y obligar a los distintos participantes del mercado a mejorar sus condiciones comerciales, aunque el efecto no está garantizado: dependerá de la aplicación concreta de la norma, de las condiciones de importación, de la existencia de competencia efectiva y de la capacidad de los fabricantes locales para adaptarse.

El artículo recoge la definición del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien calificó la iniciativa como una "modesta pero importante reforma del Estado". También menciona las observaciones de la Asociación de Supermercados del Uruguay, que cuestionó las facultades que se otorgarían a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para establecer pautas de buenas prácticas y plazos obligatorios de pago, y de la Cámara de Industrias del Uruguay, que advirtió que una mayor apertura podría favorecer el ingreso de productos extranjeros a precios especialmente bajos, perjudicando a fabricantes nacionales.