El gobierno quiere que las empresas citrícolas aporten a un fondo para el seguro poszafra, que cuesta U$S 6 millones al año

Según informa El País, el gobierno busca crear un fondo de estabilización laboral para los trabajadores citrícolas, financiado con aportes del Estado y de las empresas del sector, que cubra los períodos de poszafra y evite que el Parlamento tenga que aprobar cada año una nueva extensión del seguro especial de desempleo. El régimen, vigente desde 2012 y prorrogado año a año, alcanza a unas 2.000 personas mensuales en promedio y tiene un costo anual de alrededor de U$S 6 millones, de acuerdo con la nota del diario. La propuesta la llevó ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados Leonardo Di Doménico, director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo (MTSS), quien planteó que "es necesario que todos los actores involucrados participen contributivamente en el financiamiento de un seguro de trabajo poszafra. Nos referimos a una suerte de fondo de estabilización laboral".

El objetivo, según explicó el jerarca ante los legisladores, es establecer una cobertura "previsible" que permita a los trabajadores acceder al beneficio una vez terminada la cosecha, en lugar de depender de una prórroga parlamentaria por temporada. La idea apunta a una "coparticipación del Estado y de los privados" en el financiamiento, aunque la iniciativa sigue en etapa de elaboración: todavía no tiene un diseño definido ni porcentajes de contribución establecidos. Del otro lado de la balanza, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, puso el foco en el costo para el Estado. Según los datos que presentó ante los legisladores, entre enero y setiembre de 2026 se destinaron $ 536 millones (unos U$S 13,4 millones) a los seguros de desempleo común y especial del sector citrícola. "Es mucha plata; es mucha plata para los recursos de que disponemos, para los recursos que discutimos en la Rendición de Cuentas", afirmó, y señaló que el gobierno debe "compatibilizar" las necesidades de los trabajadores con los recursos disponibles y considerar también a otros sectores que no tienen un seguro especial. Dentro de esos $ 536 millones, el seguro de desempleo común representó $ 133 millones entre enero y setiembre, con un promedio de 770 beneficiarios por mes, mientras que el seguro especial registró pagos por $ 353 millones en 2026, aunque parte de ese dinero correspondió a prestaciones que "normalmente se habrían pagado en 2025". Al considerar el promedio de 2024, 2025 y 2026, el costo anual del seguro especial fue de aproximadamente $ 250 millones, equivalentes a unos U$S 6 millones, con unas 2.000 personas alcanzadas por mes y cerca de 3.000 en los períodos de mayor cobertura. El ingreso mensual por beneficiario ronda los $ 20.000 tanto en el seguro común como en el especial, según sus cálculos: "¿Es una fortuna? No, sin ninguna duda", dijo.

El seguro especial no nació como una política permanente. Vallcorba repasó ante los legisladores que el régimen comenzó a usarse en 2012 tras las heladas que afectaron la zafra y que desde 2016 su aplicación se volvió continua por distintos "factores excepcionales" que justificaron esas medidas en años anteriores: las heladas de 2012, la reconversión productiva, la pandemia, la sequía de 2023 y las heladas de 2024 y 2025, que perjudicaron la producción y acortaron las zafras. En paralelo a esa discusión, este lunes la Cámara de Representantes aprobó nuevamente el subsidio especial por desempleo para los trabajadores de la industria citrícola vinculados a la cosecha, el packing y la industria del jugo, cuya vigencia será hasta el 31 de marzo de 2027. Antes, según Di Doménico, hubo intercambios con empresarios y trabajadores durante el año pasado y en este año, incluida una instancia tripartita realizada en Salto el pasado 21 de julio; la respuesta de los actores "fue positiva" y no hubo objeciones a la idea de estudiar una alternativa, aunque reconoció "diferencias" sobre cuánto debería aportar cada parte. Sobre por qué el mecanismo se discute justo ahora, el subsecretario sostuvo que "cuando uno analiza el año 2026, ya el proceso de reconversión, que había sido parte explícita de la fundamentación hasta el año 2022 —ya en 2024, por ejemplo, no figuraba como fundamento— supone que 16 años después ese proceso ya debería haber madurado". Y agregó: "Cuando uno evalúa las condiciones climáticas y la situación en términos de calidad, rendimiento y demás de la zafra citrícola en el año 2026, todos los fundamentos que estuvieron por detrás de la situación que vivió el sector en 2023, 2024 y 2025 tampoco están presentes".

Con ese panorama, la discusión sobre la cobertura de los citrícolas queda atada a las condiciones actuales del sector y a la búsqueda de un instrumento que se adapte a la estacionalidad de la actividad, en lugar de recurrir cada año a la extensión de un subsidio especial. Vallcorba sostuvo que la zafralidad es una característica estructural, que "en definitiva, hace a la naturaleza del contrato", aunque reconoció que fuera de la temporada alta no siempre existen otras tareas a las que los trabajadores puedan incorporarse con facilidad. El diputado por Salto Álvaro Lima, en tanto, señaló que la prórroga aprobada responde al acortamiento de las zafras y a la reducción de los jornales de trabajo. La propuesta de fondo de estabilización laboral, por ahora, sigue sin diseño cerrado: los porcentajes de aporte de cada parte todavía no están definidos, de acuerdo con la información publicada por El País.

Di Doménico defendió el enfoque de corresponsabilidad: "No se trata de imponer; se trata de buscar mecanismos inteligentes de aproximación entre las partes en la búsqueda de distribución del ingreso". Vallcorba relativizó el monto del beneficio por beneficiario —"Tanto en el seguro de paro común -cuya cobertura no es despreciable y no es menor- como en el seguro de paro especial, estamos hablando de un ingreso de aproximadamente $ 20.000. ¿Es una fortuna? No, sin ninguna duda"— y advirtió sobre el peso fiscal del régimen en la Rendición de Cuentas. Lima, por su parte, sostuvo que "la rentabilidad impuesta por el sector, la significación de las tecnologías, las plataformas digitales y la nueva disposición que el mundo del trabajo viene llevando a trabajadores y empresarios determinan que los desafíos del propio gobierno impliquen de forma permanente estar dispuestos y abiertos a la búsqueda de soluciones".