El Mides propone crear una junta nacional de discapacidad y enviar el proyecto al Parlamento

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) impulsa la creación de la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad, un ámbito supraministerial que articulará y regirá las políticas en la materia, y enviará el proyecto de ley al Parlamento para su aprobación. La iniciativa propone además la conformación de la Comisión Nacional para la Participación Social de Personas con Discapacidad, según informó Comunicación Presidencial el 3 de noviembre. El director nacional de Discapacidad del Mides, Federico Lezama, explicó que la propuesta integra una estrategia de trabajo del Instituto Nacional de Discapacidad (Inadis) para crear una política pública en la materia y optimizar los recursos del Estado destinados a las prestaciones y los servicios para las personas con discapacidad. Ambos espacios, dijo, permitirán articular la interinstitucionalidad, la rectoría y la participación social.

El diagnóstico que sostiene la propuesta lo planteó el propio Lezama: Uruguay ha acumulado buenas acciones impulsadas por distintos ministerios, pero carece de una perspectiva que contemple al conjunto de la población. Según señaló, algunas de esas acciones se definieron a partir de demandas de grupos particulares, también se aprobaron leyes y se diseñaron estrategias que abarcan de forma parcial a las personas con discapacidad y que, en ocasiones, no las acompañan a lo largo de toda la vida. A ese punto de partida se le suma la búsqueda de acuerdos: la iniciativa fue acordada con la sociedad civil, cuyos representantes trabajaron junto al Inadis para alcanzar consensos y construir una base de apoyo social, y se apoya en un compromiso interpartidario firmado antes de las elecciones que ya planteaba la creación de un ámbito supraministerial para regir las políticas de discapacidad.

El proyecto no llega aislado dentro de la estrategia que el Inadis viene armando. Lezama identificó la jerarquización institucional como una de las principales acciones de ese plan y recordó que, mediante la Rendición de Cuentas de 2025, se creó el Inadis como una dirección nacional: según dijo, es la primera vez que Uruguay cuenta con una rectoría de ese nivel en discapacidad. Sobre esa estructura, el organismo propuso complementar con la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad como ámbito supraministerial y con la Comisión Nacional de Participación Social de Personas con Discapacidad, dos espacios incluidos en el proyecto de ley elaborado por el Inadis y presentado a la sociedad civil.

El texto todavía tiene que recorrer su camino institucional: el Mides lo enviará a la Presidencia de la República para su estudio y posterior remisión al Parlamento, y Lezama señaló que se espera que ese proceso avance durante el año y que, una vez aprobado, permita consolidar una nueva arquitectura institucional con apoyo social y político. En paralelo, el segundo pilar de la estrategia es la gestión del Gobierno. Para avanzar en ese sentido, el Inadis creó una matriz de gestión de impacto basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Uruguay integra la normativa, y a partir de ese instrumento elaboró el Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad, estructurado en diez ejes, en los que distintos organismos del Estado asumieron responsabilidades. El plan se presentará el 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y permitirá evaluar el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada institución, además de medir a escala poblacional el efecto de las acciones en las brechas de acceso.

Sobre el sentido de esos dos pilares habló el propio Lezama, la única voz que recoge el anuncio. El jerarca sostuvo que la jerarquización institucional y la estrategia del Gobierno son las que estructuran el trabajo que se espera consolidar durante este período y que deberán orientar las acciones de los próximos años para revertir las brechas de acceso a derechos como la educación, la salud y la vivienda. En esa línea, apuntó que los datos del último Censo Nacional, de 2023, muestran que vivir con discapacidad en Uruguay implica acceder en menor medida a los derechos que el resto de la población.