La Justicia francesa confirmó el laudo a favor de Uruguay y Aratirí deberá pagar U$S 4.500.000 en costas

El Tribunal de Apelaciones de París confirmó el laudo arbitral a favor de Uruguay y desestimó la demanda de 3.536 millones de dólares de la minera Aratirí, el mayor reclamo económico internacional que enfrentó el país. La Presidencia de la República informó que recibió la comunicación del fallo, dictado el miércoles 28 de octubre, que ratifica de manera definitiva el laudo y descarta las pretensiones de la empresa. Con la resolución en la mano, el gobierno apuntó al efecto inmediato sobre las cuentas públicas: se torna ejecutable el cobro de unos 4.500.000 dólares a los demandantes por concepto de costas y costos procesales, a los que se suma una sanción adicional en costas por 300.000 dólares. El expediente, sin embargo, tiene raíces anteriores: la demanda se originó en decisiones tomadas durante el gobierno de José Mujica.

Los cambios que esa gestión introdujo al proyecto de extracción de hierro de Aratirí fueron el punto de partida del reclamo: según la empresa, modificaron las condiciones del emprendimiento y la hicieron desistir de la inversión, de acuerdo con la reconstrucción que publicó El País. Del lado uruguayo, en tanto, el resultado se apoyó en un giro en la forma de defender al Estado: según explicó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, desde que asumió el cargo, el 1° de marzo de 2025, se contrataron nuevos expertos, se cambió de estudio jurídico y se tomaron una serie de medidas para reforzar la defensa del país. A ese equipo se sumó como asesor honorario Miguel Ángel Toma, exsecretario de Presidencia, que había tenido un papel protagónico en la defensa de Uruguay en los arbitrajes internacionales de Philip Morris, entre otros. La apuesta por la defensa jurídica del Estado quedó plasmada además en el último Presupuesto Quinquenal, que creó la Secretaría de Litigio Estratégico con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto.

El caso recorrió varias instancias antes de llegar a este desenlace. En 2018, los titulares de un fideicomiso propiedad de Aratirí iniciaron el arbitraje contra la República Oriental del Uruguay por 3.536 millones de dólares; en 2020 el Estado se defendió en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló a su favor. Los demandantes apelaron, en 2023 el Tribunal de Apelaciones de París anuló el acto, Uruguay recurrió entonces a la Corte de Casación de Francia y en 2025 esa instancia revocó el fallo y reenvió el caso a otro tribunal. En abril de 2025 el país ya había obtenido un fallo favorable en la disputa presentada por los herederos de Aratirí, que buscaban reactivar ante un tribunal de apelaciones una demanda por 3.538 millones de dólares. Uruguay llegaba a esta instancia con un historial favorable en arbitrajes de inversión: había ganado los casos de Philip Morris, de la estadounidense Italba —que reclamaba 100 millones de dólares tras la revocación, por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, del permiso para operar de su subsidiaria— y de Conecta, del grupo brasileño Petrobras, por 80 millones.

Con ese frente cerrado, la atención se desplaza a los litigios que siguen abiertos. Según el recuento de El País, Uruguay enfrenta hoy tres arbitrajes internacionales formales y negocia para evitar un cuarto en una fase previa al inicio del proceso; en noviembre de 2025 eran siete los pendientes. Parte de esa reducción se explica por acuerdos, como el de la chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecon, que en setiembre comunicó al Poder Ejecutivo su decisión de desistir del arbitraje que había iniciado ante el Ciadi por el acuerdo con Katoen Natie que extendió por 50 años la concesión de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo. Entre los que continúan, el más reciente es el del astillero Cardama ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, tras la rescisión del contrato, en febrero de 2026, para la construcción de dos patrulleras oceánicas. En el Ciadi siguen en trámite dos demandas: la de la canadiense ATCO, con participación minoritaria en Montecon, que reclama 240 millones de dólares y con la que —según fuentes de Torre Ejecutiva citadas por El País— se negocia un acuerdo similar al de Neltume, y la de la española Asesores Financieros Andalucía Occidental, que reclama 383 millones por la rescisión en 2005 de un contrato para obras en la Ruta 1. Fuera de los estrados, la firma de capitales alemanes y mexicanos Veridos reclama 10,7 millones de dólares por una deuda impaga del sistema de control migratorio instalado en los puertos y ya inició gestiones para arbitrar, aunque las negociaciones con el gobierno siguen abiertas.

“Desde que asumimos el gobierno modificamos un poco la estrategia, contratamos nuevos expertos, cambiamos de estudio jurídico y tomamos una serie de medidas que nos parecieron pertinentes para mejorar y reforzar la defensa de Uruguay. El Tribunal de Apelaciones de París nos dio nuevamente la razón y mantiene el laudo arbitral que ya había descartado la pretensión de Aratirí”, dijo el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, en conferencia de prensa. El jerarca agregó que el fallo es la demostración de que Uruguay es un país que brinda certezas jurídicas y respeta los contratos, y lo ubicó junto a otras instancias, como la negociación con Neltume Ports —en la que se dejó sin efecto otro laudo por 350 millones de dólares— y la que se lleva adelante con el grupo canadiense ATCO.