Senaclaft, BCU y Policía concluyen que República Ganadera desvió fondos con sobreprecios del 20%

Según informa El Observador, un equipo multidisciplinario integrado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (UIAF-BCU) y los investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol concluyó que en República Ganadera existió "un patrón de vaciamiento patrimonial", mediante un "mecanismo de desvío sistemático de recursos financieros" desde la empresa hacia terceros, desplazando activos hacia socios, personas vinculadas y entidades vinculadas. El titular del medio habla de una "maniobra coordinada" de los socios. El dictamen, al que accedió El Observador, fue entregado a la fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno, que está acéfala desde mayo y viene siendo subrogada por el fiscal de 3° Turno Gilberto Rodríguez. El trabajo se enfocó en indicios de estafa, apropiación indebida y lavado de activos entre los años 2018 y 2025 en la conducta de los exsocios de la empresa Nicolás Jasidakis, Mauro Mussio y María Elina Fynn, esposa del primero. Los técnicos analizaron información contable, financiera y patrimonial. En ese recorrido aparecen sobreprecios del 20%, traspasos sin justificación y captación de fondos de inversores hasta el concurso.

El mecanismo que describe el informe consiste en sacar recursos financieros de la empresa y redirigirlos hacia cuentas personales y empresas satélite de familiares. Los fondos captados entre inversores, sostiene el dictamen, terminaron desviados con sobreprecios artificiales, balances con graves omisiones y una fuga sostenida de capitales hacia inmuebles y vehículos de alta gama. El documento ubica además un cambio en el esquema comercial de la firma a partir del primer semestre de 2022. El extracto del artículo disponible se interrumpe en ese punto, de modo que el material no permite conocer cómo sigue ese tramo del planteo técnico.

La causa tiene recorrido previo. En notas anteriores sobre el caso, El Observador reconstruyó que los principales indagados adjudicaron la caída de la empresa a la sequía y a la debacle del grupo Larrarte, que golpeó la confianza en el rubro de las inversiones ganaderas. El núcleo de aquellas indagatorias fue la desaparición del 60% del stock: entre el 30 de junio y el 27 de noviembre de 2024 la firma pasó de declarar casi 65.000 cabezas de ganado a 22.000, según datos de la propia empresa. La síndico del concurso, Zamira Ayul, ya había calificado la etapa previa como un "período de sospecha" en un informe entregado a la jueza concursal María Constanza Farfalla. Entre las obligaciones que relevó figuraba una deuda de U$S 1 millón con la proveedora de insumos ganaderos Importotal, donde la cuñada de Jasidakis aparecía como titular y Fynn como administradora.

El dictamen sobre esas conductas ya está en la fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno. Esa oficina está acéfala desde mayo y viene siendo subrogada por el fiscal de 3° Turno Gilberto Rodríguez, que es, por ahora, el único destino que el material reporta para el informe. El texto es una conclusión técnica elevada a la fiscalía, no una sentencia, y los tres exsocios mencionados están amparados por la presunción de inocencia.

En el material revisado no hay declaraciones de los exsocios ni de la fiscalía sobre este dictamen. Sí quedaron registradas dos voces previas de la causa: la de la síndico del concurso, Zamira Ayul, que habló de un "período de sospecha" en la etapa anterior al concurso, y la versión que Jasidakis y Mussio dieron en sus primeras indagatorias, cuando atribuyeron la caída de la empresa a la sequía y al caso Larrarte.