La Senaclaft estudia sumar a las subagencias de Abitab y Redpagos como sujetos obligados antilavado

Según informa El País, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) estudia actualizar la Estrategia Nacional contra ese delito, tanto en los riesgos que contempla como en la definición de quiénes quedan obligados a reportar. Entre las novedades que se evalúan está la de identificar como nueva figura de sujeto obligado a las subagencias de redes de pago como Abitab y Redpagos: sociedades que hoy no son reguladas de forma autónoma por el Banco Central y que en algunos casos operan dentro de establecimientos comerciales de rubros ajenos al control del BCU, como supermercados. El planteo lo expuso la titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti, en una nueva edición del Compliance Day organizado por Brum Costa Abogados, que se realizó el jueves con la participación de autoridades públicas y referentes del sector financiero y de prevención de lavado de activos, de acuerdo con la crónica del diario. Allí la jerarca señaló que la prioridad es el crimen organizado —«atacar no solo a individuos, sino al crimen organizado en su conjunto y eso llevarlo a condenas y decomisos efectivos»— y que se busca mejorar la coordinación con los agentes del sistema de prevención y persecución del lavado.

Ese estudio, siempre según la información del matutino, se explica por la aparición de nuevos elementos de riesgo, en un año que además está marcado por cambios normativos y sancionatorios. El socio de Brum Costa Abogados Leonardo Costa lo resumió con una frase: «Este año es especial» para el lavado de activos en Uruguay por los acontecimientos del último tiempo, como el caso de Pablo Leiva, exasesor del edil Gonzalo Gómez, que fue condenado por lavado y tráfico de municiones. Libonatti, por su parte, cuestionó la lógica de revisar la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) solo cada determinado tiempo: dijo que en Uruguay existe una «cultura» de actualizarla cada tanto, cuando debería tratarse de un «proceso continuo». De ahí que la propuesta en elaboración apunte a incorporar nuevos riesgos sin reiniciar todo el proceso desde cero.

La Estrategia Nacional que se busca actualizar surge de la ENR de 2023 y está planteada para el período 2025-2030, cuando Uruguay será nuevamente evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Sobre ese punto, la titular de la Senaclaft sostuvo que «un año y medio no es mucho tiempo para cambiar cuestiones estructurales, pero sí para dar pequeños pasos» en materia de efectividad. En cuanto a los resultados del sistema, Libonatti dijo que hubo un cambio en las condenas efectivas, con decomisos realizados en el interior, y que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) tuvieron un pequeño aumento, aunque no fue «sustancial», mientras que los decomisos crecieron pero no en el volumen esperado. También señaló que no hay condenas por delito fiscal y que son pocas por contrabando, crimen organizado y ciberdelito, y que al haber pocas condenas por lavado resulta «difícil pensar» qué tipologías no se están capturando, aunque mencionó a los criptoactivos como una de ellas. La Senaclaft, agregó, trabaja además en el decreto reglamentario de la modificación normativa planteada por el gobierno, que espera aprobar antes de fin de año.

Si la actualización prospera, la Estrategia Nacional podría sumar entre sus riesgos el uso de oro —tanto por lo que sucede a nivel global como local—, el efectivo, las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE) y las redes de pago, además de incorporar a las subagencias como sujeto obligado. Libonatti anticipó también que la Senaclaft trabajará junto a la Corte Electoral para «atacar el riesgo inminente de que el crimen organizado se enquiste en el sistema político», y que pueden aparecer más decretos a raíz de la Recomendación ocho del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que integra a las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados: en Uruguay se las incorporó por su calidad de OSFL y no por el riesgo que tienen, por lo que se plantean quitar a aquellas que no deberían ser sujetos obligados. Respecto del decreto reglamentario, uno de los cambios que plantea es la eliminación de la presunción de riesgo para realizar una debida diligencia simplificada cuando los fondos de una transacción están bancarizados. La secretaria aclaró que no se trata de una eliminación «completa», porque la bancarización puede funcionar como «mitigante» de riesgos, y que siempre se requiere un análisis que considere los factores de cada negocio: «Siempre repetimos lo mismo, pero no por repetido deja de ser una dificultad», dijo. Para el sector no financiero, ubicó entre los principales desafíos el entendimiento del riesgo y el análisis propio que debe hacer cada organización.

Del mismo evento participaron otros expositores. La vicepresidenta del Banco Central, Ana Claudia de los Heros, explicó el estado de la normativa de finanzas abiertas, que el sector espera ver promulgada antes de fin de año pero que, según dijo, aún no está «acabada» porque se siguen recibiendo comentarios; el principio base del sistema, indicó, es que la información financiera le pertenece al usuario, y por eso el consentimiento —revocable y trazable— ocupa el centro de la futura infraestructura. El cofundador de Infinia, Ianai Urwicz, puso el foco en dos puntos: cómo se dará el consentimiento para que las instituciones intercambien datos entre sí y cómo se habilitará ese consentimiento para pagos automatizados desde la cuenta bancaria del usuario, y mencionó como ejemplo la posibilidad de pagar con datos biométricos, igual que hoy funciona el reconocimiento facial en aeropuertos. La encargada de Compliance de Brum Costa, Sofía Milsev, preguntó a De los Heros si los bancos y las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico se mantenían como primeros proveedores de acceso, como establecía el marco conceptual publicado en 2024 por el BCU; la vicepresidenta respondió que desde entonces el sistema se complejizó y que se espera que todos los que forman parte del sistema financiero puedan participar. La jerarca del Central agregó que se trabajará para que «las reglas estén claras» y que el consentimiento sea una «manifestación real del usuario» y no «simplemente una firma de un contrato».