El gobierno declaró servicios mínimos en TCP y el sindicato portuario evalúa denunciarlo ante la OIT

Según informa El Observador, el gobierno decidió el viernes declarar servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) con la intención de descomprimir el conflicto que atraviesa el puerto de Montevideo. La medida se formalizó a través de una resolución de los ministerios de Trabajo y Transporte, que dispuso con carácter transitorio y limitado garantizar servicios mínimos para asegurar, al menos, el funcionamiento de actividades portuarias indispensables. El documento menciona entre esas actividades los servicios de muelles de carga y descarga de buques y la recepción de contenedores llenos y vacíos de importación y exportación que lleguen en camiones. Para esas tareas, el servicio mínimo debe garantizar 25 contenedores por hora, y para cumplirlas se deberá asegurar una plantilla mínima de trabajadores que incluye personal de mantenimiento, administrativos y personal de logística y operarios de grúas.

La resolución respondió a un pedido que la empresa había presentado el jueves anterior ante el Ministerio de Trabajo: Katoen Natie, propietaria mayoritaria de la terminal, solicitó que se asegurara el mantenimiento de las actividades cuya interrupción comprometía bienes jurídicos y esenciales y que, por ese motivo, debían brindarse mediante un servicio mínimo, adecuado, necesario y proporcional. En su planteo, la compañía resaltó que los contenedores refrigerados y las cargas perecederas o sanitariamente sensibles necesitan cuidados especiales, y que la interrupción de las tareas necesarias para mantener su alimentación eléctrica, monitoreo, inspección o manipulación podía comprometer la cadena de frío, la aptitud sanitaria de los alimentos y otras mercaderías y generar riesgos para la salud.

El conflicto viene de antes: el convenio colectivo de TCP, propiedad mayoritaria de la belga Katoen Natie, venció en octubre del año pasado y por acuerdo de partes se extendió hasta mayo. A partir de ese momento terminó el convenio y también el pago de compensaciones y bonos que estaban sujetos a una cláusula de paz. Los intercambios entre la empresa y los trabajadores comenzaron en enero y, nueve meses después, fuentes al tanto de las negociaciones admitieron a El Observador que es difícil identificar la principal aspiración que la dirigencia sindical pretende para cerrar el acuerdo. En un principio el sindicato exigió 25 jornales asegurados al mes para todos los trabajadores de la terminal y, si la condición no era aceptada, el pago de una partida mensual de $ 50.000 a cada uno mientras durara la negociación. En algunas reuniones también se propuso la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial. Con la cláusula de paz vencida comenzaron las medidas: el recuento que menciona la nota habla de 36 días de paro, mientras que Katoen Natie tiene otra cuenta y sostiene que la distorsión de la actividad se prolongó por 45 días al incluir paralizaciones parciales o asambleas. Un primer punto de acercamiento se produjo el lunes 13 de julio, cuando ambas partes pactaron una tregua y acordaron iniciar un nuevo proceso de diálogo hasta el martes 22. La empresa puso sus condiciones: restablecer la cláusula de paz durante las negociaciones, una guardia gremial en los días de paro para atender parte de la actividad y un nuevo convenio con un plazo de cinco años. El resultado fue peor: vencida la tregua no hubo avances y el sábado 8 de agosto el sindicato comenzó un paro de 72 horas que se extendió hasta el lunes 10. Después se siguieron manejando propuestas sin resultados ciertos y, sobre fines de mes, apareció una posibilidad. La noche anterior a la asamblea de trabajadores prevista para el sábado 22 de agosto hubo una reunión de alto nivel que duró horas, con la participación del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; los ministros de Transporte y de Trabajo, Lucía Etcheverry y Juan Castillo; el dirigente del PIT-CNT y director del instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, y una delegación del sindicato de TCP encabezada por su presidente, Álvaro Reinaldo. La propuesta sindical fue que, si había mejoras salariales para trabajadores de algunos sectores de la terminal y un acercamiento en la cantidad de jornales asegurados, se podía avanzar en la firma de un convenio. Sobre esa base la asamblea resolvió que los delegados continuaran intercambiando posiciones en una reunión tripartita que se hizo el lunes 24 en el Ministerio de Trabajo, donde el gremio planteó 22 jornales asegurados, un aumento de 10% para todos los empleados de TCP y el pago de bonos extra. Tras el feriado, el miércoles 26 la compañía presentó su propuesta final, que el sindicato rechazó horas después a través de un comunicado.

Con la negociación otra vez en punto muerto, el fantasma de la esencialidad comenzó a sobrevolar el puerto de Montevideo, una posibilidad que el Ministerio de Trabajo nunca quiso validar. Con gremiales empresariales y la oposición reclamando la vuelta a la normalidad en la terminal de contenedores, fue la propia empresa la que terminó pidiendo la intervención del ministerio, y el viernes llegó la resolución que declaró los servicios mínimos. Según El Observador, la decisión oficial le bajó la espuma al conflicto y descomprime la situación en la terminal, aunque el acuerdo entre la empresa y el sindicato para la firma del nuevo convenio colectivo sigue sin alcanzarse.

La resolución cosechó críticas. El PIT-CNT consideró excesivo su alcance, porque los trabajos que deben realizarse "se acercan a una situación de normalidad en el trabajo". Álvaro Reinaldo, secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y presidente del sindicato de TCP, dijo que el gremio evaluará denunciar la resolución adoptada por Trabajo y Transporte ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque reconoció que habrá que respetar lo dispuesto por las autoridades. Del lado del gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, había mencionado antes de la resolución que en el puerto de Montevideo no había conflicto, y el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, había afirmado que se debía "tomar con naturalidad la perturbación que genera la huelga". Reinaldo ya había fijado su posición sobre el método de negociación en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, en julio: "La metodología de la empresa es no negociar de manera amistosa. Se genera un conflicto, una olla de presión y cuando está a punto de reventar o revienta, ahí aparecen las soluciones mágicas y terminamos acordando". Fuentes al tanto de la interna sindical señalaron a El Observador que el dirigente, más allá de ser un dirigente de izquierda, no responde a ninguno de los sectores del Frente Amplio y por tanto no acepta mensajes ni condicionamientos políticos.