Industriales pidieron al Parlamento quitar el artículo 140 del proyecto de Competitividad: "Van a seguir cerrando empresas"

Según informa El País, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) presentó ante el Parlamento una propuesta para "eliminar o desglosar" el artículo 140 del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, al considerar que la iniciativa elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aborda los altos costos de producción y que ese artículo "empeoraría la competitividad". El planteo lo llevó el vicepresidente de la gremial, Ruben Donnángelo, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, donde advirtió: "Los tiempos políticos no son los tiempos industriales, y van a seguir cerrando empresas", según la versión taquigráfica del encuentro. El artículo 140 prevé la simplificación del registro de importadores subsiguientes: habilita un procedimiento para que cualquier empresa registre e importe un producto que ya fue previamente registrado y evaluado ante las autoridades competentes por un primer importador. El texto remitido a la Cámara de Representantes establece que, salvo en los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión se efectúe mediante representante o distribuidor exclusivo, "se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo", y el registro simplificado se aplicará un año después del otorgamiento del primer registro del producto en el país. La gremial fundó su reclamo en que el sector "tiene costos excesivos para fabricar en Uruguay" y enumera entre los principales los energéticos, laborales, logísticos e impositivos, a los que suma una exigencia "por servicios que el Estado no presta, o lo hace en forma deficiente, a pesar de la elevada presión fiscal (seguridad, salud, educación, infraestructura, etc.)". Sobre esa base sostiene que el proyecto no va al fondo de esos problemas y que medidas como la del artículo 140 los agravarían. El economista de la CIU, Sebastián Pérez, señaló que los costos energéticos, las relaciones laborales y la logística portuaria son los tres puntos de partida que la gremial considera prioritarios, y agregó que autoridades del MEF les indicaron que la discusión de esos temas se aplazaría hasta el próximo año.

La gremial fundó su reclamo en que el sector "tiene costos excesivos para fabricar en Uruguay" y enumera entre los principales los energéticos, laborales, logísticos e impositivos, a los que suma una exigencia "por servicios que el Estado no presta, o lo hace en forma deficiente, a pesar de la elevada presión fiscal (seguridad, salud, educación, infraestructura, etc.)". Sobre esa base sostiene que el proyecto no va al fondo de esos problemas y que medidas como la del artículo 140 los agravarían. El economista de la CIU, Sebastián Pérez, señaló que los costos energéticos, las relaciones laborales y la logística portuaria son los tres puntos de partida que la gremial considera prioritarios, y agregó que autoridades del MEF les indicaron que la discusión de esos temas se aplazaría hasta el próximo año.

El texto que la CIU cuestiona fue elaborado por el MEF y, además del artículo 140, incluye otros puntos que los industriales pusieron sobre la mesa ante la comisión: el artículo 154, que establece aranceles diferenciales para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y el capítulo de interoperabilidad entre organismos públicos, que ya había generado un debate político, con sectores de la oposición advirtiendo sobre la creación de estructuras de control centralizadas y trazando un paralelismo con un posible "Gran Hermano" económico. Ante ese punto, Pérez dijo que la gremial se adhiere a la propuesta opositora de agregar la necesidad de autorización: "Cuando a veces se habla de que hay oscurantismo en la información de Uruguay, sorprende, porque eso no es así". La CIU, en cambio, no presentó reparos ante los cambios en las compras públicas que plantea el proyecto ni sobre el autodespacho aduanero: "No hemos encontrado socios que nos hayan acercado dificultades", sostuvo Pérez.

La CIU anticipó que, de aprobarse el artículo en su redacción actual, el mercado uruguayo —por su tamaño reducido— se convertiría en "el destino ideal para la Liquidación de excedentes de Brasil y Argentina, o de Asia, o productos próximos a su vencimiento", y que el ingreso de lotes liquidados por debajo de su costo real de producción desplazaría del mercado a los bienes nacionales, "que no tienen margen estructural para competir contra esos precios de liquidación". El documento advierte además que la medida "promoverá una disminución en la inversión y el empleo", con impacto no solo en los fabricantes locales y las cadenas de distribución sino en los proveedores de tecnología, medios, logística, publicidad, agencias de promoción, vendedores y agencias de puntos de venta, y proyecta una mayor concentración de marcas en manos de empresas extranjeras, con mayor dependencia de los niveles de precios de países como Argentina y Brasil. Los industriales también señalaron que entre las empresas consultadas existe una "importante preocupación, a tal punto de que algunas manejarían la posibilidad de acelerar procesos de cerrar operaciones o líneas de producción en el país" en caso de aprobarse la normativa, y alertaron sobre la acumulación de "importadores de oportunidad, que no darán garantías inter temporales de trazabilidad, responsabilidad sanitaria y control de vencimientos".

Además de Donnángelo, expusieron ante la comisión el economista de la CIU, Sebastián Pérez, y el técnico de la gremial, Marcelo Ballesta. Pérez sostuvo que la propuesta "no va al fondo de lo que, por lo pronto, para la industria realmente mueve los números de la competitividad", recordó los dichos del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre el "desvelo" que implica para el gobierno impulsar el crecimiento y revertir los problemas de competitividad, y sentenció: "El partido lo venimos perdiendo 2 a 0, porque ya vamos a terminar con un segundo año de bajo crecimiento". También cuestionó la falta de inversión en proyectos de gran porte como HIF Global: "Tenemos algunas inversiones como país, felizmente en la agenda, que están dependiendo de determinadas decisiones". Ballesta, en tanto, afirmó que "reducir precios mediante importadores subsiguientes no siempre implica una mejora real de la competitividad ni una reducción significativa del costo de vida", consideró "insuficiente" el plazo de un año para la aplicación del nuevo régimen, cuestionó que la normativa no exija al segundo importador demostrar identidad, origen y condiciones sanitarias, y preguntó por el artículo 154: "¿No sería posible evolucionar hacia un sistema en el que el arancel acompañe el ciclo de vida del registro?".