El PIT-CNT quiere dejar atrás el "IPC más 2" y medir los salarios contra el crecimiento de la economía

Según informa El Observador, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentó el jueves un informe sobre la distribución funcional del ingreso en Uruguay que concluye que la masa salarial —la suma total de las remuneraciones que reciben los trabajadores asalariados de la economía— se ubica en el 40,7% del Producto Interno Bruto (PIB). El registro es idéntico al de 2019 y queda un 12% por debajo del nivel de 1998, lejos del máximo de 2001, cuando la masa salarial llegó al 47,4% de la economía. El trabajo, que la central sindical ya anticipó como insumo para la ronda de negociación colectiva de mediados de 2027, también constata un descenso en la intensidad horaria: el promedio de horas semanales trabajadas bajó de 42 a cerca de 38 en el mismo período. Sobre esa base, el instituto sostiene que los 1,25 millones de asalariados registrados en 2025 y la recuperación del salario real del 32% respecto a 1998 no alcanzan, por sí solos, para leer qué porción de la riqueza generada queda en manos de los trabajadores.

El propósito del documento es, justamente, cambiar la forma en que se mide el logro salarial. Milton Castellano, director del Cuesta Duarte, explicó durante la presentación que Uruguay fue un país inflacionario durante varias décadas y que por eso la costumbre de los sindicatos era comparar los aumentos únicamente con la evolución de los precios, bajo la histórica premisa de lograr incrementos equivalentes al "IPC más dos". Con la inflación en niveles más bajos, la central busca correr el eje hacia un concepto más amplio, el de la desigualdad, y evaluar los salarios contra el crecimiento general de la economía y no solo contra el poder adquisitivo. Ese cambio implica, según el propio instituto, una discusión metodológica: la idea es modificar los insumos con los que las filiales sindicales estructuran sus plataformas reivindicativas de cara a 2027. En esa línea, Castellano cuestionó la postura tradicional del sector empresarial de que primero hay que "agrandar la torta para luego repartirla".

El informe no arranca de cero: los técnicos del Cuesta Duarte recordaron que en rondas anteriores el movimiento sindical impulsó pautas diferenciales para los ingresos más bajos —especialmente en la franja cercana a los 25.000 pesos— y que esa herramienta funcionó como una de las más determinantes para reducir los niveles de pobreza de los hogares de menores recursos. A eso se suma la creación de un observatorio de productividad en el convenio del sector de la construcción y los espacios de diálogo abiertos con el comercio y la industria. La tendencia a firmar convenios de más largo plazo también estuvo sobre la mesa: existen acuerdos a cinco años en la construcción y en el sector portuario, y Castellano consideró que la factibilidad de esos plazos depende de la estabilidad macroeconómica y de los contenidos que se pacten en cada negociación.

Con ese diagnóstico sobre la mesa, el PIT-CNT prevé distribuir el documento a todos sus sindicatos para promover un debate interno que contemple la brecha distributiva en las futuras plataformas. La cita central es la ronda de negociación colectiva fijada para mediados de 2027, donde convergerán prácticamente la totalidad del sector privado y el sector público, y en la que la central pretende que la distribución del ingreso se discuta junto con la productividad, el impacto de la tecnología en el empleo y la revisión de las calificaciones laborales. Para 2026, las estimaciones del instituto proyectan un leve incremento en la participación salarial dentro del PIB, aunque sus economistas aclararon que ese movimiento no responderá a un dinamismo de los ingresos ni del empleo, sino a un ritmo de crecimiento más modesto de la economía en general.

Castellano fue el encargado de plantear el marco del informe: "La torta creció, pero lo que perdió el salario en las crisis no te lo devuelve nadie", dijo, y argumentó que los números muestran que la economía en su conjunto creció a un ritmo mayor que la masa salarial. Los economistas del instituto agregaron que durante las crisis se generan caídas en la participación de los asalariados que terminan traduciéndose en una transferencia irrecuperable de ingresos hacia el excedente de explotación y las rentas del capital. La economista Alejandra Pico, del mismo instituto, valoró el alineamiento de la inflación con las metas del Banco Central y la mayor credibilidad en la política monetaria. Según indicó, la estabilidad inflacionaria beneficia a los trabajadores porque otorga previsibilidad, pero enfatizó que la inclusión de correctivos por IPC en los convenios sigue siendo una condición necesaria: ese mecanismo funciona como un seguro para mantener el poder de compra, y sobre esa base se acuerdan los incrementos reales al negociar las pautas de cada convenio.