Castillo: reconocer el daño del terrorismo de Estado es un deber ético y legal

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó que "reconocer el daño del terrorismo de Estado en la vida de miles de compatriotas no fue una concesión de nadie, sino que es un deber ético y constitucional de la democracia en nuestro país". Lo hizo en la conmemoración de los 20 años de la comisión especial creada por la ley n.° 18.033, norma que establece una política de reparación a las personas cuyos derechos fueron vulnerados por el último golpe contra las instituciones (1973-1985). En la jornada, el MTSS conmemoró los 20 años de dicho ámbito.

La conmemoración se realizó al cumplirse 20 años de la comisión especial creada por la ley n.° 18.033, del 13 de octubre de 2006, para administrar los cometidos de esa norma. La ley ampara a los trabajadores del sector privado que fueron despedidos, detenidos o se vieron obligados a abandonar el país entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Para esta población se calcula un cómputo ficto de servicios a los efectos jubilatorios o pensionarios o, en su caso, una pensión especial, como forma de reparación de las consecuencias del terrorismo de Estado contra este conjunto de uruguayos.

La ley n.° 18.033 es del 13 de octubre de 2006 y está vigente desde octubre de 2006, según informó a la prensa el titular de la comisión, Federico Baz. Desde esa fecha, el referido ámbito analizó 13.035 trámites. En la actualidad, unas 1.500 personas se han acogido a los derechos otorgados por la ley, entre la pensión reparatoria y el cómputo ficto, complementó el jerarca. Desde agosto de 2025 la comisión está integrada por el representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Federico Baz, quien ejerce la presidencia, y los delegados del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Benítez y María Marziali; el Banco de Previsión Social, Ana Clara Bouses y Sebastián Ordoñez; la organización civil Crysol, Gastón Grisoni y José Pedro Olivera, y el PIT-CNT, Lorena Luján.

Castillo consideró que "no hay precio ni monto que pueda reparar el daño contra los derechos de las personas y las familias de los afectados", y que la ley es "una gran herramienta". El titular de la cartera apreció que este tipo de actividades permita difundir entre las nuevas generaciones el "valor de la defensa de la democracia". Por último, el ministro destacó el trabajo de la comisión.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó que "reconocer el daño del terrorismo de Estado en la vida de miles de compatriotas no fue una concesión de nadie, sino que es un deber ético y constitucional de la democracia en nuestro país". También consideró que "no hay precio ni monto que pueda reparar el daño contra los derechos de las personas y las familias de los afectados", y que la ley es "una gran herramienta". Apreció que este tipo de actividades permita difundir entre las nuevas generaciones el "valor de la defensa de la democracia". Federico Baz, titular de la comisión, informó a la prensa que la norma está vigente desde octubre de 2006 y aportó los datos de trámites analizados y personas acogidas.