El Gobierno argentino envió al Congreso una reforma para blindar la independencia del Banco Central

El Poder Ejecutivo de Argentina envió al Congreso, a fines de julio, un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que apunta a fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria, según publicó La Nación en una columna de opinión difundida el 24 de agosto. La iniciativa, que el autor describe como «el intento más serio en décadas» de dar contenido real a la independencia del organismo, avanza en los frentes monetario e institucional. En el plano monetario, el proyecto prohíbe la asistencia financiera —directa o indirecta— del Banco al Tesoro, a las provincias y a los municipios; elimina los adelantos transitorios; impide transferir al fisco las ganancias derivadas de variaciones cambiarias u operaciones financieras, y suprime el mecanismo de las letras intransferibles por el que el Tesoro se llevaba reservas, una práctica que, señala la nota, erosionó durante años el patrimonio de la institución. También devuelve al Banco un objetivo único —preservar el valor de la moneda— en lugar del mandato múltiple incorporado en 2012.

La columna sostiene que la reforma responde a la conclusión más firme de la teoría económica moderna: un gobierno que controla la emisión termina cediendo a la tentación de usarla para financiar el déficit, lo que genera inflación sin crecimiento. La evidencia comparada, agrega, muestra que los países con bancos centrales más independientes tuvieron, en promedio, una inflación más baja sin sacrificar actividad. «Es, en los hechos, poner llave a la puerta por la que se cuela la inflación fabricada para pagar el déficit», sintetiza el autor.

El autor enmarca la iniciativa en más de tres décadas de una autonomía declarada pero débil en la práctica. La Carta Orgánica de 1992 (Ley 24.144) estableció que el presidente, el vicepresidente y los directores del BCRA fueran designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero dejó la remoción en manos de una garantía tenue: bastaba un dictamen no vinculante de una comisión del Congreso y la decisión final quedaba, de hecho, en el Ejecutivo. La reforma de 2012 (Ley 26.739) fue más lejos aún: borró la frase que obligaba al Banco a actuar «con independencia del Poder Ejecutivo» y la reemplazó por «en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional». El costo de esa debilidad, recuerda la columna, quedó a la vista en 2010, cuando el entonces presidente del BCRA Martín Redrado fue removido por decreto tras resistirse a transferir reservas al Fondo del Bicentenario; la Justicia debió reponerlo en el cargo.

Si el Congreso aprueba la reforma, el régimen de remoción cambiaría de raíz: los directores solo podrían ser destituidos por causales taxativamente establecidas en la ley y con la aprobación de dos tercios de ambas cámaras. A eso se suma la eliminación de la presencia permanente del ministro de Economía —o su representante— en el directorio. «Ningún gobierno podrá, por sí solo, desplazar al presidente del Banco Central por no acatar una instrucción que la ley le prohíbe impartir», afirma el autor, que ve en el conjunto «un blindaje que la autonomía argentina nunca había tenido».

El autor de la columna, que en el extracto disponible no se identifica por su nombre pero se presenta como abogado que participó «de cerca» en la defensa de la independencia del BCRA durante el caso Redrado, celebra la iniciativa: la define como «una buena noticia» y sostiene que «merece respaldo», porque prohíbe el financiamiento al fisco y exige dos tercios del Congreso para remover a las autoridades —«los cimientos de una autonomía que, esta vez, aspira a durar más que un gobierno».