Organizaciones de derechos humanos respaldan a la Fiscalía de Lesa Humanidad y cuestionan dichos de Mónica Ferrero

Según informa Semanario Brecha, un conjunto de organizaciones de derechos humanos integrantes de Interiores en Red por Verdad, Memoria y Justicia y otros colectivos firmó una declaración pública en la que expresa su preocupación por las manifestaciones de la fiscal de Corte subrogante, doctora Mónica Ferrero, en el seno de la Comisión de Hacienda del Senado, el día 3 de setiembre pasado, en relación con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. En esa oportunidad, según el texto difundido por el medio, la fiscal señaló que ante el desborde de casos que tienen a consideración las diferentes fiscalías pensaba ampliar las competencias de la especializada en crímenes de lesa humanidad, debido al escaso número de causas que esta tendría a estudio.

Las organizaciones firmantes sostienen que esa afirmación parece ignorar el marco legal de creación de dicha fiscalía, la ley 19.550 de 2017, que expresa que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad conocerá exclusivamente en todos los casos penales referidos a las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante el período definido en la ley 18.596 de setiembre de 2009, que abarca la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 y entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, durante el terrorismo de Estado, que estén en trámite o se inicien en los juzgados de todo el territorio nacional. El texto agrega que la afirmación de que esta fiscalía tiene solamente 20 causas ha sido desmentida públicamente por su fiscal titular, el doctor Ricardo Perciballe, quien aclaró que tienen a estudio aproximadamente 150 causas, algunas bajo el viejo Código del Proceso Penal y otras bajo el actual código, lo que implica diversidad de procedimientos, además de recalcar el alcance nacional de esa fiscalía y del trabajo que realiza con el equipo de la Institución Nacional de Derechos Humanos abocado, por ley, a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.

El texto firmado por las organizaciones señala que a la complejidad de la materia específica a investigar se agrega que se trata de crímenes perpetrados hace más de 40 años y con una documentación retaceada debido al ocultamiento de archivos pertenecientes a las fuerzas represivas. Añade que la importancia del trabajo de esta fiscalía en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por las fuerzas coercitivas estatales durante la última dictadura civil y militar, y su previa, ha quedado en evidencia en cada una de las causas que ha llevado adelante, y menciona como ejemplo que las investigaciones realizadas en el proceso han permitido sacar a la luz crímenes incluso invisibilizados, tal es el caso de la ampliación de la formalización de uno de los imputados en la causa en curso de Bella Unión por haber perpetrado delitos sexuales contra niños, hombres y mujeres que ni siquiera tenían vínculos políticos.

Las organizaciones firmantes manifiestan su absoluto respaldo a la existencia, en los términos establecidos por su ley de creación, y actuación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, por considerar que es una herramienta fundamental del Estado para acercarse al horizonte de verdad y justicia. El texto también menciona que el día 23 de setiembre próximo concurrirá al país la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el cumplimiento de sus sentencias relacionadas con los casos Gelman y Maidanik (Muchachas de Abril), Tassino y González, y sostiene que se encontrarán con el panorama de una fiscal de Corte subrogante que ha hecho en el ámbito legislativo esas afirmaciones, además de haberle restado personal técnico a dicha fiscalía.

El texto difundido por Semanario Brecha reproduce la posición de las organizaciones firmantes: Asociación «Ágora» Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria; Colectivo Nueva Helvecia por Verdad y Justicia; Colectivo por la Memoria, Verdad y Justicia de Tacuarembó; Colectivo Pro Sitio de Memoria de Treinta y Tres; Comisión de Derechos Humanos de Río Negro; Comisión de Memoria de Paysandú; Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad-Soriano; Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca; Comisión Sitios de Memoria Lavalleja; Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión; Intersocial de San José; y Memorias de la Costa. El texto también atribuye al fiscal titular Ricardo Perciballe haber aclarado que la fiscalía tiene a estudio aproximadamente 150 causas.