Una docena de personas accedió a la eutanasia en Uruguay en los primeros seis meses de la ley 20.431

Según informa El País, una docena de personas accedió a la eutanasia en Uruguay en los seis meses transcurridos desde que se reglamentó la ley 20.431, conocida como ley de muerte digna. Los casos, de personas de diferentes edades, se repartieron entre prestadores de salud públicos y privados y ocurrieron tanto en Montevideo como en el interior del país, de acuerdo con la información que el medio atribuye a fuentes de la Comisión Honoraria de Revisión prevista en la normativa, que trabaja en un informe anual de los procedimientos. La mitad de quienes solicitaron el procedimiento eran pacientes oncológicos y la otra parte, pacientes neurológicos degenerativos, añadieron esos informantes, que ya analizaron parte de la docena de casos. Ese ámbito revisa los casos en los que se cumplió la eutanasia y se cuenta con el certificado de defunción por esa causa —no las solicitudes—, y controla que se hayan respetado los plazos y las garantías del paciente previstas en la ley. En el relevamiento de una parte de los casos, de pacientes con cáncer y con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), no se reportaron incumplimientos en los tiempos de espera ni en el procedimiento, y se incluyeron detalles de cada paso. El primer procedimiento ocurrió el 22 de mayo en el Hospital Policial, a una mujer de 69 años con una etapa terminal de cáncer de páncreas.

Los procedimientos se activaron porque el gobierno reglamentó la ley seis meses atrás, dentro del plazo establecido en la propia norma. Esa reglamentación puso en marcha el mecanismo, que habilita el acceso a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o que padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida. Solo pueden pedirlo uruguayos o extranjeros que acrediten residencia, y el acto eutanásico requiere la opinión de un primer y un segundo médico; si hay diferencias, interviene una junta médica de tres integrantes.

La ley 20.431 se aprobó el 15 de octubre de 2025 y convirtió a Uruguay en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. La Comisión Honoraria de Revisión que sigue los casos está integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Colegio Médico del Uruguay (CMU), de la Universidad de la República (Udelar) y de la Institución Nacional de los Derechos Humanos (Inddhh), y ya realizó dos reuniones desde su puesta en marcha.

El informe anual de la comisión, que dará cuenta del conjunto de los procedimientos, todavía está en elaboración. Preve anticipó que el número de casos seguirá creciendo: “Vamos a tener un proceso de varios años de un incremento paulatino hasta que se llegue a una meseta, como sucedió en otros países”, y lo describió como un proceso “a la uruguaya: despacio, pero con garantías para todas las partes”. La implementación, en tanto, mostró dificultades que la vocera de Empatía Uruguay describió como “obstáculos inesperados”: si el primer médico que ve al paciente no registra la solicitud, no empiezan a correr los plazos previstos en la ley; en un pedido que no prosperó, el prestador cuestionó la salud mental del solicitante y un juez ordenó un peritaje psiquiátrico; y hay médicos que en las juntas médicas “dicen siempre que no” sin declararse objetores de conciencia. En paralelo, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó a comienzos de octubre un proyecto para cambiar la ley 20.431, que propone que el médico actuante ofrezca al paciente los cuidados paliativos de la ley 20.179 en forma “efectiva e inmediata” y “sin costo”. La iniciativa fue derivada a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde aún no se comenzó a discutir, y fuentes coloradas indicaron que los partidos harían consultas internas. El País intentó sin éxito ubicar a referentes del colectivo Prudencia Uruguay, contrario a la ley.

El diputado frentista Federico Preve, uno de los impulsores de la ley, dijo a El País que “poco más de 10 personas han tenido la libertad de elegir la muerte asistida a través de la eutanasia” y calificó a la norma como “súper garantista”, lo mismo que su reglamentación e implementación. “Con los seis meses de implementación de la ley, no hubo ningún tipo de avalancha”, afirmó el también neurólogo, que sostuvo que “todos los procesos se han dado con seguridad” y que “se están cumpliendo” los tiempos y las garantías previstas. Añadió que la cifra es “muy baja” en relación a la cantidad de pacientes oncológicos, con enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y comorbilidades múltiples que podrían solicitar el procedimiento. Florencia Salgueiro, vocera de Empatía Uruguay, la organización que impulsó la ley 20.431, señaló al mismo medio: “Los que vaticinaban que iba a ser una avalancha de muertes, presiones y limitaciones a cuidados paliativos, nada de eso tuvo lugar, sino todo lo contrario”. Sobre el caso que llegó a la Justicia sostuvo que “nunca se debió llegar” allí “porque no era necesario”, y respecto de las juntas médicas planteó: “Si en tus convicciones filosóficas está que la eutanasia es poco ética, deberías objetar y excusarte. No participar, y decir que no todas las veces”. Bordaberry, por su parte, justificó su proyecto en su exposición de motivos: “La experiencia muestra que informar no alcanza. Una cosa es que alguien le diga a una persona que existen los cuidados paliativos; otra muy distinta es que se los pongan efectivamente a su alcance, con un equipo, un día y una hora”.