El Senado aprobó por unanimidad que legisladores y autoridades locales rindan sus viáticos

Según informa El Pueblo (Salto), el Senado aprobó un proyecto de ley que obliga a los legisladores y a los cargos políticos y de particular confianza de los gobiernos departamentales y municipales a rendir cuentas por los viáticos que reciben. La votación fue unánime: los 29 senadores presentes respaldaron la iniciativa, que comprende a más de 1.500 personas y que establece que, cuando corresponda, los excedentes de los viáticos asignados deben devolverse ante la oficina respectiva. El texto, de acuerdo con el mismo medio, extiende expresamente al Poder Legislativo y a esos cargos disposiciones que ya rigen en otros ámbitos, y ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados.

El argumento que sostiene la medida, según la columna que publica el diario salteño, es que los viáticos no constituyen un ingreso adicional ni un beneficio personal que pueda usarse sin explicación, sino recursos que se asignan para cubrir gastos vinculados al cumplimiento de una función o una misión oficial, y que por lo tanto deben tener una finalidad concreta, guardar relación con la actividad que se realiza y estar sujetos a mecanismos de control. El punto que el medio subraya como central es que esa obligación no quede librada a la voluntad o al criterio de cada organismo o funcionario: lo que la norma viene a fijar es una regla común, con alcance general. El texto descarta además que se trate de una cuestión de desconfianza personal o de poner bajo sospecha a quienes desempeñan una función pública, y la ubica como una responsabilidad inherente a cualquier cargo que implique administrar recursos que pertenecen a toda la sociedad.

Esa lógica de regla común se apoya en algo que ya existe: hay disposiciones vigentes en la materia, y lo que el proyecto hace es extenderlas expresamente al Poder Legislativo y a los cargos políticos y de particular confianza de los gobiernos departamentales y municipales, un universo que el medio cifra en más de 1.500 personas. La columna reconoce que puede parecer una disposición elemental, de esas que no deberían necesitar una ley para hacerse cumplir, y responde que cuando se trata de dinero público las obligaciones tienen que estar claramente establecidas, tener alcance general y no depender de la voluntad o del criterio de cada organismo o funcionario. En la misma línea, plantea que no alcanza con presentar comprobantes si no existe una razón que justifique el gasto, y que la transparencia no debería reducirse a una cuestión administrativa: también supone responsabilidad al momento de decidir y prudencia en el uso de los recursos.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto queda ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde El Pueblo (Salto) expresa que sería deseable que mantuviera el mismo respaldo y que su aprobación permitiera avanzar hacia una práctica más clara y uniforme en todos los ámbitos alcanzados por la norma. Si se convierte en ley, los excedentes de los viáticos asignados deberán devolverse ante la oficina respectiva cuando corresponda, y la obligación de rendir cuentas alcanzará a legisladores y a cargos políticos y de particular confianza de los gobiernos departamentales y municipales. Para el medio, la unanimidad obtenida es en sí misma una señal positiva: más allá de las diferencias que puedan existir sobre los viajes oficiales o sobre otros aspectos de la actividad política, entiende que hay principios que deberían reunir el respaldo de todos los sectores, y que la transparencia en el manejo del dinero público es uno de ellos. El cierre del artículo apunta en la misma dirección: sostiene que la confianza en las instituciones no se construye solamente con discursos sobre transparencia, sino con decisiones concretas y controles efectivos.

La valoración que contiene el material es la posición editorial de El Pueblo (Salto), que califica la aprobación como "una buena medida y un paso necesario en materia de transparencia en la administración de los recursos públicos" y sostiene que no debería generar mayores controversias que quienes utilizan dinero del Estado para cumplir determinadas actividades tengan la obligación de justificar en qué lo gastaron y devolver aquello que no utilizaron.