Uruguay repatrió a Argentina 48 animales silvestres incautados por tráfico ilegal, entre ellos 8 cardenales amarillos

El Ministerio de Ambiente coordinó la repatriación a la Argentina de 48 ejemplares de fauna silvestre que habían sido incautados en Uruguay, en un traslado que se efectivizó el 22 de octubre. El lote lo integran 19 tortugas terrestres (Chelonoidis chilensis), 20 loros habladores (Amazona aestiva), 8 cardenales amarillos (Gubernatrix cristata) —una especie en peligro de extinción— y 1 soldadito común (Lophospingus pusillus). Todos los animales habían ingresado al país de forma ilegal desde territorio argentino, sin la documentación correspondiente, y fueron incautados en distintos procedimientos que, según el caso, encabezaron la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio del Interior y/o el propio Ministerio de Ambiente. La mayoría de los cardenales amarillos, precisa el comunicado difundido por la cartera, fueron retirados de domicilios particulares por tenencia ilegal.

La devolución no se decidió por la cantidad incautada sino por el origen de los animales: cada incautación es seguida por un estudio genético con microsatélites a cargo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE - MEC) para determinar la procedencia de los ejemplares, y esos análisis detectaron varios animales con haplotipos de origen argentino. En el caso de las tortugas terrestres y los loros habladores hay un argumento adicional que el ministerio subraya: Uruguay no cuenta con esas especies de forma natural, de modo que su ingreso al territorio "fue y es de forma ilegal". Los cardenales amarillos son un caso aparte: el interés por tenerlos como ave de jaula presionó la captura hasta llevarlos a una situación de conservación crítica a nivel nacional y global, y las diferencias fenotípicas entre las poblaciones de Uruguay y Argentina alimentan un tráfico internacional de ejemplares en ambas direcciones.

El operativo tuvo un punto de partida formal: el 26 de diciembre de 2025, el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) —Autoridad Administrativa CITES de Uruguay—, solicitó a su par argentino que aceptara la repatriación, y desde esa solicitud se armó el trabajo conjunto entre instituciones de ambos países. Del lado uruguayo participaron, además del Ministerio de Ambiente que inició y coordinó el proceso, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca —a través del área de comercio internacional y de la División de Laboratorios Veterinarios, responsables de los estudios sanitarios y de los certificados sanitarios de exportación— y la Dirección Nacional de Aduanas, que facilitó los trámites de exportación. Del lado argentino intervinieron la Subsecretaría de Ambiente de la Nación como Autoridad Administrativa CITES, direcciones de biodiversidad nacionales y provinciales, el Centro de Rescate La Esmeralda en Santa Fe, la Fundación Temaikèn, el Senasa y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Cuatro de las tortugas Chelonoidis chilensis, aclara el texto, no llegaron por un procedimiento de incautación sino por entregas voluntarias de particulares al Reptilario Alternatus, habilitado por la Dinabise.

En Argentina los 48 ejemplares se integrarán a programas de conservación con fines de reintroducción en la naturaleza, que en concreto se reparten entre la Fundación Temaikèn, en la provincia de Buenos Aires, y el Centro de Rescate La Esmeralda, en la provincia de Santa Fe. Para el Ministerio de Ambiente la operación reafirma el compromiso de Uruguay con la CITES y con la cooperación regional contra el tráfico de fauna, y el comunicado aprovecha para recordar el marco legal vigente: la captura, la tenencia y la comercialización de fauna silvestre sin autorización están prohibidas por la Ley N° 9.481 y el Decreto N° 164/996. El texto también describe el fenómeno que hay detrás: el tráfico de estas especies es, según la cartera, uno de los delitos transnacionales más lucrativos y con frecuencia lo operan redes de crimen organizado que aprovechan las mismas rutas que otras formas de contrabando, con sufrimiento animal y riesgos sanitarios para otros animales y para las personas.

La directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Verónica Piñeiro, ubicó la medida en la política ambiental de "conservar la biodiversidad y combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, una de las principales amenazas que afecta a muchas especies de flora y fauna de nuestro país y la región". Sobre el destino de los animales agregó que los "ejemplares repatriados van a ser incorporados a proyectos orientados a la conservación para procurar su reproducción y también la reintroducción de especies a sus hábitats naturales". Piñeiro destacó además el rol mancomunado de las organizaciones de la sociedad civil, las reservas y los bioparques municipales para determinar el destino de las especies incautadas, y subrayó el papel del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Aduanas, que consideró clave para demostrar el rol interinstitucional del Estado en el cuidado de las especies y la biodiversidad.