Cardama: el gobierno 'nunca' reclamó por garantías y dejó de responder en junio; informe jurídico avala rescisión de contrato de patrulleras

El empresario Mario Cardama afirmó que el gobierno de Yamandú Orsi 'nunca' planteó quejas por las garantías del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas y que dejó de responder a sus planteos desde junio de 2025, en el marco de la decisión oficial de rescindir ese acuerdo. En paralelo, el Poder Ejecutivo encargó un informe jurídico al estudio Delpiazzo, que concluyó que la rescisión fue legítima, según publicó El País.

La posición de Cardama se conoció después de que el gobierno decidiera poner fin al contrato con su astillero español, una operación que había despertado expectativa por el valor y la envergadura de las embarcaciones. Para blindar esa decisión, el Ejecutivo consultó al estudio Delpiazzo, cuya respuesta llegó el 1° de julio y sirvió de sustento legal a la medida, mientras el empresario insiste en que el procedimiento administrativo fue irregular.

El contrato original, adjudicado para la construcción de dos patrulleras oceánicas, es el punto de partida del conflicto. Cardama asegura que el gobierno nunca objetó las garantías ofrecidas y que dejó de contestar sus escritos desde junio de 2025. En su reclamo, citó el caso de Pluna, la extinta aerolínea estatal, en el que 'se dijeron todo tipo de cosas' pero Uruguay terminó debiendo a los socios un laudo arbitral millonario.

Si el conflicto avanza hacia un arbitraje, el Estado uruguayo podría enfrentar un nuevo reclamo millonario, similar al que derivó del caso Pluna. El informe de Delpiazzo constituye, por ahora, el principal respaldo jurídico del Poder Ejecutivo, aunque su contenido solo se conoce a través de la prensa. En el terreno político, el caso expone a la administración de Orsi a críticas sobre la gestión de contratos de defensa y podría escalar en el debate público.

Mario Cardama, propietario del astillero, fue quien denunció públicamente la falta de respuesta del gobierno y la ausencia de quejas por las garantías. En el otro extremo, el estudio Delpiazzo, contratado por el Poder Ejecutivo, opinó a favor de la legitimidad de la rescisión, según lo reportado por El País.