El conflicto pesquero escala al Ministerio de Defensa: dos barcos parados y pérdidas de U$S 17.000 por día

Según informa El País, el conflicto entre la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU), la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) y el Centro de Maquinistas Navales (CMN) por el trabajo de extranjeros en barcos de bandera nacional escaló al Ministerio de Defensa y a Prefectura Naval, y tiene a dos barcos sin poder zarpar por falta de maquinistas, con pérdidas estimadas en U$S 17.000 por día. El CMN denunció que la normativa que permite dar trabajo a extranjeros en el sector pesquero fue "desnaturalizada por su excesiva flexibilización administrativa y antirreglamentaria", según el documento que presentó a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y a autoridades del Ministerio del Interior, Prefectura Naval, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al que accedió el medio. El sindicato habla de embarques "de personal extranjero sin las garantías, controles y procedimientos previstos" y de una "competencia desleal" en el sector.

Las razones que expone cada parte están cruzadas. Para el CMN el problema es la flexibilización administrativa con la que se habilitan títulos extranjeros: "La Administración da por auténticos ciertos títulos extranjeros —de dudosa procedencia— al tiempo que no respeta los procedimientos de homologación previstos en el régimen vigente", sostiene en su informe, y agrega que el efecto inmediato de esa omisión es "el desplazamiento del personal uruguayo debidamente titulado y habilitado". La cámara empresarial lo niega de plano: su presidente, Juan Riva-Zucchelli, sostuvo que "es todo mentira" y que el sindicato "está planteando un tema ideológico que no condice con la realidad". Para la CIPU, en cambio, la contratación de extranjeros "se dio por necesidad de personal" y las condiciones a través de las que acceden a los barcos están "en regla", en un contexto en el que el propio sector reconoce que faltan maquinistas uruguayos titulados.

El cruce viene de antes: el CMN ya había denunciado la pérdida de puestos de trabajo ante el Parlamento, en julio, porque considera que los permisos particulares para tripulantes y barcos extranjeros (weivers) otorgados por Prefectura Nacional Naval comprometen a estudiantes egresados de la Escuela Naval y de la Escuela Técnica Superior Marítima. El sindicato también denunció condiciones de "semiesclavitud" con salarios inferiores a los establecidos por laudo para trabajadores indonesios, y en su informe advirtió que "situaciones de incumplimiento de la normativa citada podrían encuadrar en la noción de trata de personas sancionable penalmente". Riva-Zucchelli desmintió esas condiciones y explicó que la interpretación del sindicato se explica porque los trabajadores descansan dentro de los barcos, algo que, dijo, se da por normativa y está expreso en los contratos de trabajo. La semana pasada las partes mantuvieron un encuentro con Lazo para trasladarle las inquietudes del sector, en el que la falta de formación y la consiguiente falta de personal en los barcos de bandera nacional fueron los temas principales; según el presidente de la CIPU, la reunión fue "positiva" y el gobierno "es consciente" del problema, aunque también señaló que el debate ya tiene algunos meses.

Con los dos barcos a la espera de maquinistas, la cámara calcula que cada uno tiene 18 tripulantes que están perdiendo días de trabajo y que entre ambos dejan de capturar 15 toneladas de pescado por día mientras permanezcan parados. Riva-Zucchelli subrayó que la industria pesquera "no es como los frigoríficos", donde la faena "puede esperar en el campo", y aunque el sector transita el final de la zafra pidió aprobar nuevos cursos para que los estudiantes se incorporen a la tripulación: según sus números, en la categoría de patrones hay entre 60 y 70 personas en funciones, un número que consideró escaso, mientras que en el resto de las categorías se necesitan unos 100 maquinistas y alrededor de 800 marineros para que los barcos funcionen con normalidad. Las partes esperan una nueva reunión la próxima semana y el gobierno recibió la propuesta para atraer personal, que está bajo análisis. La cámara pidió además no limitar las categorías de patrones —que deben ser uruguayos— y cursos de formación con actividades prácticas para marineros, ya que hoy existen cursos de familiarización pero el primer contacto con los barcos es al zarpar, sin pruebas previas.

El presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli, desmintió las denuncias del sindicato ("es todo mentira"), sostuvo que la contratación de extranjeros responde a la falta de personal y está en regla, y advirtió que el problema se vuelve cada vez más complejo para los proyectos de diversificación de la captura y aumento de flota que tiene en agenda la cámara: "Ya está pasando pero en un momento nos vamos a quedar sin gente", dijo. Del otro lado, el presidente del CMN, Facundo Montaña, denunció embarques de personal extranjero sin las garantías, controles y procedimientos previstos y una "competencia desleal"; su gremio sostuvo en el documento que "no existe una oposición a la contratación de personal extranjero cuando esta sea legalmente procedente", pero reclamó que los trabajadores formados en Uruguay "deban competir en igualdad de condiciones con quienes poseen títulos expedidos por otros países, sin que estos últimos accedan a los mismos cargos mediante procedimientos menos rigurosos".