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Tras el fallo que avaló el homeschooling, el MEC llevará al Parlamento un proyecto para restituir la obligatoriedad de inscripción

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15/11/2026, 6:11:24 a. m.

Tras el fallo que avaló el homeschooling, el MEC llevará al Parlamento un proyecto para restituir la obligatoriedad de inscripción

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Resumen

El Ministerio de Educación y Cultura elaboró un proyecto de dos artículos que restituye la obligatoriedad de inscribir a niños y adolescentes en un centro educativo, como respuesta al fallo de la Suprema Corte de Justicia que avaló la educación en casa de dos niñas de una comunidad menonita de Florida. El texto modifica la redacción que la LUC le dio a la ley de educación 18.437 y agrega una cláusula para los niños de tres años, sin exigir obligatoriedad. El gobierno prevé presentarlo al Parlamento antes del 15 de diciembre.

Según informa El País, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) elaboró un proyecto de ley de dos artículos que restituye la obligatoriedad de inscribir a niños y adolescentes en un centro educativo, y que el gobierno prevé presentar al Parlamento antes del 15 de diciembre, previo al receso legislativo. La iniciativa se redactó en el ámbito de la Comisión Coordinadora de la Educación y responde al fallo dividido con el que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) avaló en setiembre la educación en casa para dos niñas de una comunidad menonita de Florida, que de ese modo pudieron dejar de inscribirse en un centro público o privado habilitado por la ANEP. El texto, al que accedió El País, incorpora en su primer artículo la obligación de que padres, madres y responsables de niños y adolescentes "tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza" y de observar su asistencia y aprendizaje, conforme al artículo 70 de la Constitución, que declara obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial. El segundo artículo suma el deber de asegurar la "concurrencia de sus hijas e hijos a un centro educativo", en consonancia con los artículos 68 y 70 de la Carta Magna. Además se agregó una cláusula para incorporar a los niños de tres años a la educación formal, aunque sin exigir obligatoriedad: la ley 18.437 establece que la educación obligatoria en Uruguay empieza a los cuatro años.

El motivo que el propio proyecto pone por escrito es el fallo de la SCJ. "Sin desconocer el debate ideológico, político y jurídico en la materia, el Poder Ejecutivo entiende que el fallo estuvo amparado en un vacío legal que es necesario llenar", afirma la exposición de motivos, según el texto citado por El País. Con la iniciativa, el gobierno sostiene que busca "fortalecer el marco normativo nacional que establece un principio fundante de la educación nacional como es la obligatoriedad de la educación".

Ese marco normativo tiene un antecedente directo: la redacción que le dio la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada al comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou, que quitó la obligatoriedad de que los padres envíen a sus hijos a la escuela. Ese artículo fue uno de los incluidos en el referéndum impulsado por el Frente Amplio, que no prosperó. El segundo de los cambios que propone el proyecto recae sobre el artículo 75 de la ley 18.437, cuya redacción fue dada por el artículo 166 de la LUC; ese artículo, precisa el texto, no fue incluido en el referéndum citado.

En la práctica, lo que cambia para las familias es el deber de inscribir a los niños y adolescentes en un centro de enseñanza y de asegurar que concurran: el gobierno busca revertir el vacío legal en el que, según su lectura, se amparó el fallo. El propio proyecto lo plantea como un mensaje al conjunto de la sociedad: "El Poder Ejecutivo entiende que la aprobación de esta Ley constituiría una señal importante a toda la sociedad acerca del valor principal que el Estado le otorga a la asistencia regular a la educación de niños, niñas y adolescentes", remata el texto. La secuencia que queda por delante es parlamentaria, con la presentación antes del 15 de diciembre y el tratamiento legislativo posterior, que el material recibido no detalla.

Quien puso fecha a la movida fue el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, que dijo a El País que la iniciativa, con dos artículos, se prevé presentar al Parlamento antes del 15 de diciembre, es decir, antes del receso parlamentario. Del resto del arco político y de los organismos educativos, el artículo no registra otras declaraciones.

Actualizaciones

Actualización 16/11: La cobertura nueva del MEC no aporta información sobre el proyecto de ley que restituye la obligatoriedad de inscripción ni sobre el fallo de la SCJ: se trata de una comunicación oficial sobre un tema distinto, la presentación del primer Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral el 16 de noviembre. No hay datos nuevos que corroboren ni contradigan lo publicado en la nota original, por lo que no corresponde modificar su contenido.

Actualización 16/11: La cobertura nueva del Ministerio del Interior no aporta información sobre el proyecto de ley del MEC ni sobre el fallo de la SCJ: se trata de la presentación del primer Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral, realizada el lunes 16 de noviembre en el auditorio de Presidencia, con participación de la Subsecretaria Gabriela Valverde y autoridades de INAU, Udelar, ANEP, MSP, MEC y el Instituto Nacional de las Mujeres. El vínculo con el caso original se limita a compartir la categoría y algunos organismos mencionados (MEC, ANEP), sin corroborar ni contradecir ningún punto de la nota publicada.

Actualización 16/11: La cobertura nueva no aporta información sobre el proyecto de ley del MEC para restituir la obligatoriedad de inscripción ni sobre el fallo de la SCJ: se trata de una nota sobre la presentación del Plan Nacional Intersectorial de Educación Sexual Integral 2026-2030, un tema distinto. No hay datos que corroboren ni contradigan lo publicado originalmente, por lo que no corresponde modificar el contenido de la nota.

Mencionados en esta nota: Administración Nacional de Educación Pública, Comisión Coordinadora de la Educación, Florida, José Carlos Mahía, Ministerio de Educación y Cultura, Parlamento, Suprema Corte de Justicia