La Comisión de Deporte del Senado trató el proyecto que prohíbe a los colegios vetar el deporte en otros clubes y busca votarlo antes de fin de año

Según informa El Observador, la Comisión Especial de Deporte y Juventud del Senado trató este jueves el proyecto de ley que impide a los centros educativos públicos y privados prohibir a sus alumnos practicar deporte en otros clubes, y resolvió remitir el texto a la ANEP, la UdelaR y la UTEC antes de someterlo a votación. La iniciativa la presentó el senador blanco Sebastián Da Silva a partir de la polémica por la no reinscripción de tres familias del colegio Woodlands, que se negaron a acatar la obligación de que sus hijos jugaran al rugby exclusivamente en el club vinculado a la institución. El texto, de artículo único, establece que ningún centro educativo podrá condicionar la admisión, la reinscripción o la permanencia de un alumno a que represente deportivamente al colegio o se abstenga de competir por otra institución. También declara nulas las cláusulas o reglamentos que contravengan ese derecho —aun cuando hayan sido firmados por los padres—, prohíbe las represalias contra las familias denunciantes y encomienda a la ANEP crear un procedimiento urgente con medidas cautelares para proteger la continuidad educativa del estudiante.

Al presentar el texto, Da Silva calificó de «insólito» y «un absurdo» tener que legislar sobre el tema, pero sostuvo que se volvió necesario ante «caprichos» institucionales que, según dijo, afectan tres aspectos: «la patria potestad de los padres, la libertad del gurí y la autoestima». El legislador nacionalista afirmó que la problemática no aparece solo en el rugby, sino también en disciplinas como el hockey, el handball, el fútbol femenino y el baby fútbol, y contó que mantuvo conversaciones con el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, quien le manifestó estar de acuerdo con la iniciativa.

Ese respaldo del Codicen se apoya en un recorrido previo que la comisión tuvo a la vista. En una resolución de marzo, Secundaria reconoció el derecho de los estudiantes a elegir dónde practicar deporte, aunque solo recomendó a las instituciones modificar sus reglamentaciones para garantizarlo y sugirió al Codicen crear un ámbito institucional de análisis y discusión sobre la regulación de las políticas deportivas en los centros educativos. Tras ese fallo el caso pasó al Codicen, donde dos informes técnicos reforzaron la postura de las familias, solicitaron que el organismo se expidiera sobre el caso concreto y regulara explícitamente el tema de aquí en adelante. Los denunciantes reclaman ahora que el Codicen dicte una orden vinculante hacia Woodlands y pidieron una audiencia con Caggiani.

Con ese historial sobre la mesa, la comisión se abocó a la parte más engorrosa: los plazos. Camy advirtió durante la sesión que la comisión sesiona de forma ordinaria una vez por mes, por lo que queda una sola reunión regular en el calendario antes de fin de año. Para llegar a la votación antes del receso parlamentario de mediados de diciembre habrá que recibir en las próximas semanas las respuestas formales de la ANEP, la UdelaR y la UTEC, escuchar a la Secretaría Nacional del Deporte en la sesión de noviembre y, eventualmente, convocar a una sesión extraordinaria para laudar la redacción final. Si los informes de los entes autónomos o la negociación sobre las sanciones se extienden más allá de noviembre, la votación pasará para marzo de 2027. El texto, además, podría endurecerse: en la sesión se propuso habilitar sanciones sobre la habilitación de los colegios infractores.

El respaldo más enfático provino del también senador nacionalista Sergio Botana y del colorado Felipe Schipani. «Para mí el tema es en blanco y negro. Todas las entidades educativas tienen obligaciones (...) pero todas tienen una obligación que es el respeto a la libertad. El muchacho tiene que ser libre para participar y representar al equipo de su institución o del que él quiera», afirmó Botana, que adelantó que vota «a dos manos» el proyecto y animó a Da Silva a incluir en el texto la revisión de la autorización para educar de quienes «violentan un principio de esta naturaleza». Schipani consideró que la iniciativa «tiene un fundamento jurídico muy fuerte» amparado en el artículo 41 de la Constitución y sugirió darle a la ANEP «potestades sancionatorias», porque a su juicio no basta con declarar nulas las cláusulas. Desde el oficialismo, el frenteamplista Sebastián Sabini dijo compartir el espíritu del proyecto y recordó que corresponde consultar la opinión de la ANEP por el artículo 202 de la Constitución. La senadora Liliam Kechichian sostuvo que reacciona igual que Da Silva ante la medida de los colegios, pero advirtió sobre la complejidad de regular el derecho de admisión en instituciones privadas: «no me parece tan fácil, institucionalmente, en una república, ir y decirle a una empresa privada —porque, en definitiva, muchos colegios lo son—: “Esto no lo puede hacer porque no lo dejo”». Da Silva retrucó que en colegios tradicionales como el Stella Maris los alumnos eligen jugar en Old Christians por sentido de pertenencia y atracción deportiva, sin necesidad de coacción.