El gobierno autorizó la subasta de tres bandas del espectro para ampliar el 5G: precios mínimos desde U$S 1,86 millones

Según informa El Observador, el gobierno de Yamandú Orsi autorizó por decreto la subasta de tres bandas del espectro radioeléctrico con el objetivo de darle "toda su potencialidad" al despliegue de la tecnología 5G. El texto habilitó procedimientos competitivos para un bloque (4+4) en la banda de 900 MHz, otro en la de 1700/2100 MHz (5+5) y diez bloques en la de 26 GHz, y le puso un plazo de dos meses a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) para elaborar el pliego de condiciones que regirá el llamado. El propio decreto define el grado de apertura de la puja: podrán participar quienes tengan licencias clase A, B o C y un mínimo de cinco años de experiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones en Uruguay, lo que en la práctica habilita a las telefónicas Antel, Claro y Tigo, pero también a Dedicado y a los cables que recientemente fueron autorizados a ofrecer internet, de acuerdo con las consultas técnicas realizadas por el medio. Los precios mínimos de oferta van desde U$S 1,86 millones hasta U$S 7,5 millones, y cada participante podrá obtener como máximo cinco bloques.

La decisión había sido adelantada por la ministra Fernanda Cardona y quedó confirmada esta semana con la publicación del decreto, indica la nota original. El texto no explicita otros motivos que el objetivo declarado de potenciar el 5G, aunque el medio consigna que fuentes de Industria le habían transmitido previamente que la intención, con este llamado, era llevar a la práctica la posición que el sector había sostenido desde la oposición: habilitar la participación de Dedicado, la empresa que quedó afuera de la subasta anterior.

Ese llamado anterior es, precisamente, el antecedente directo: la licitación de la banda de 3.5 GHz para el desarrollo del 5G que llevó adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En ese entonces el Poder Ejecutivo le impidió participar a Dedicado, porque exigió que los oferentes tuvieran licencias de IMT --operadores de telecomunicaciones móviles--, algo que la empresa de los hermanos Vargas no tiene: sus autorizaciones establecen específicamente que brinda internet de un punto fijo a otro. Desde la oposición, con Alejandro Sánchez a la cabeza, el Frente Amplio cuestionó esa decisión señalando que se dejaba afuera a una "empresa nacional" mientras sí podía competir una "empresa transnacional" sin licencia de IMT, siempre que acreditara dos años de experiencia en telecomunicaciones móviles en al menos otros dos países. Para Sánchez, esos requisitos "cerraban" la subasta y, por la vía de los hechos, la limitaban a Claro y Movistar --hoy Tigo--, los dos privados que competían con Antel. El hoy secretario de la Presidencia protagonizó entonces un cruce con el oficialismo de la época: los blancos, incluido el entonces ministro de Industria, Omar Paganini, acusaron al MPP de estar siendo un portavoz de Dedicado, dada la cercanía de Eduardo y Arturo Vargas con José Mujica. Las tres telefónicas terminaron adquiriendo sus segmentos por unos U$S 28 millones cada uno, sin más competencia y sin excederse demasiado del monto base establecido.

De esta subasta saldrán concesiones de 20 años para quien resulte adjudicatario en la banda de 900 MHz y de 25 años para las de 1700/2100 MHz y 26 GHz, con un precio mínimo de U$S 7,5 millones en las dos primeras y de U$S 1,86 millones en la tercera, según el detalle que publica El Observador. Como es de uso, el llamado reservará derechos de preferencia para Antel, que no podrá pujar sino que pagará al valor promedio, un mecanismo pensado para evitar una "distorsión de las ofertas" ante la ventaja de que se trata de una empresa pública y de que el Estado es el receptor de lo recaudado. El decreto aclara además, en su artículo 4°, que para utilizar el espectro asignado las empresas deberán "acreditar previamente" la titularidad de una licencia clase A, de modo que, según quién gane, algunos adjudicatarios tendrán que solicitarla. En cuanto al uso de las bandas, el medio explica que cumplen funciones complementarias: la de 900 MHz se destaca por su amplio alcance geográfico y su elevada penetración en estructuras físicas, lo que la hace idónea para garantizar conectividad en carreteras, zonas rurales y el interior de edificios; la de 1700/2100 MHz (AWS) equilibra cobertura y ancho de banda, y sostiene el tráfico diario e intensivo de datos móviles en entornos urbanos; y la de 26 GHz ofrece velocidades de transmisión extremadamente altas con niveles mínimos de latencia a corta distancia, pensada para puntos con concentraciones masivas de dispositivos o requerimientos industriales específicos, como estadios, complejos comerciales, puertos e instalaciones automatizadas.

La nota no recoge declaraciones de autoridades sobre esta subasta más allá de recordar que la decisión fue adelantada por la ministra Fernanda Cardona, y de consignar lo que las fuentes de Industria consultadas por el medio dijeron sobre su intención de llevar a la práctica la posición que habían sostenido desde la oposición. Las voces que sí aparecen citadas en el texto son del antecedente de 2023: Alejandro Sánchez, hoy secretario de la Presidencia, que cuestionó los requisitos de aquel llamado por dejar afuera a Dedicado y sostuvo que se había reunido con "todas las empresas", incluidas Claro y Movistar; y el entonces ministro de Industria, Omar Paganini, que acusó al MPP de estar siendo un portavoz de la empresa y de recibir información de ella.