Estados Unidos amenaza con cortar la ayuda militar a Uruguay por la Operación Milagro, según Brecha

Según informa el Semanario Brecha, Estados Unidos amenaza con cortar su cooperación militar a Uruguay como represalia por la Operación Milagro, el programa de atención oftalmológica que el país sostiene en cooperación con Cuba desde 2007. La advertencia trascendió a través del periodista Gabriel Pereyra, que la dio a conocer en Radio Sarandí citando fuentes del gobierno uruguayo, y el propio gobierno informó que no proyecta desactivar el emprendimiento. El canciller Mario Lubetkin calificó la Operación Milagro como una «experiencia extraordinaria» y aseguró que el gobierno buscará preservarla.

El argumento formal que esgrime el gobierno estadounidense, siempre según el relato del Semanario Brecha, es que el personal oftalmológico cubano destacado en Uruguay se desempeña en régimen de mano de obra esclava. La publicación señala que esa sanción se apoya en una norma de 1930 —el artículo 1.307 del Título 19 del Código de los Estados Unidos—, pensada para impedir el ingreso al país de bienes producidos mediante trabajo penitenciario, forzoso o bajo sanciones penales, y que la misma norma admite excepciones cuando existen necesidades de consumo interno que lo justifiquen. El artículo contrasta esa preocupación con otras acciones que atribuye al Comando Sur en la región: sostiene que el 9 de setiembre ese comando bombardeó una lancha y mató a sus tres tripulantes en el océano Pacífico, dentro de una línea de operaciones que, según su relato, dejó 230 personas ejecutadas sin juicio previo en aguas internacionales por sospecha de «narcoterrorismo». Para Brecha, en definitiva, la amenaza responde a otras razones: su vínculo con la política de asfixia económica contra Cuba y el objetivo de evitar que Uruguay siga transfiriendo 250.000 dólares anuales a La Habana como contrapartida de la cooperación. Esa lectura es del medio y no un hecho confirmado por Washington ni por el gobierno uruguayo.

La Operación Milagro empezó en 2005, cuando 2.027 pacientes uruguayos viajaron a operarse gratuitamente a Cuba, y en 2007, con la inauguración del Hospital de Ojos José Martí en un ala del Hospital Saint Bois, las intervenciones —sobre todo de cataratas— comenzaron a realizarse en Uruguay. El hospital funciona como unidad asistencial de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y su director es el doctor Diego Fischel; según las cifras que cita Brecha, entre 2008 y 2025 se hicieron allí de forma gratuita 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías de ojos y 217.885 pesquisas en todo el país, a razón de unas 40 cirugías por día, en su mayoría ambulatorias, que incluyen cataratas, oculoplastia, cirugía y trasplante de córnea, crosslinking, patologías de glaucoma, filtrantes e inyecciones de antiangiogénicos. La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, informó que la institución destina una partida anual de 250.000 dólares a la misión cubana, un reintegro de gastos operativos sujeto a rendición de cuentas y no el pago de salarios profesionales: la partida se transfiere a una cuenta institucional supervisada por el Ministerio de Salud Pública y la gestión salarial queda en manos del gobierno cubano, que envía 21 profesionales —oftalmólogos y personal de enfermería— que renuevan sus misiones cada tres años. En agosto de 2025 el programa retomó sus actividades, interrumpidas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y desde entonces los equipos también se trasladan al interior en acuerdo con la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con traslado gratuito para los pasivos que viven a más de 250 kilómetros de Montevideo. En cuanto a la cooperación militar estadounidense, Brecha recuerda que Uruguay se vincula desde hace 26 años con la Guardia Nacional del Estado de Connecticut a través del Programa de Asociación de Estado del Departamento de Defensa, y que la ayuda se concreta sobre todo en asesoramiento, entrenamiento, transferencia de equipos en desuso o venta a costo reducido, como los blindados Mamba para operaciones de paz. El antecedente que el artículo trae a colación es la enmienda Koch, aprobada por el Congreso estadounidense en 1976, que cortó la cooperación militar con Uruguay como sanción por las violaciones de derechos humanos de la dictadura; las operaciones Unitas quedaron excluidas de esa interdicción y la participación uruguaya recién se suspendió en 2006, por decisión del entonces presidente Tabaré Vázquez y su ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti.

Para el Semanario Brecha, las consecuencias de un eventual corte son más simbólicas que efectivas, y la nota recuerda que el terrorismo de Estado uruguayo sobrevivió casi una década tras la enmienda Koch, cuando la ayuda militar estadounidense era mucho más relevante que ahora. El artículo también enmarca la advertencia en un contexto de presión más amplio: sostiene que Estados Unidos ya impuso a Uruguay, junto con otros 60 países, un arancel extraordinario hace unos meses. Qué resuelva finalmente Washington sobre la cooperación militar, si la amenaza se formaliza y si el programa se mantiene, no surge del material, que solo consigna que el gobierno uruguayo informó que no proyecta desactivarlo.

El canciller Mario Lubetkin es la voz oficial uruguaya que recoge el artículo: calificó la Operación Milagro como una «experiencia extraordinaria» y aseguró que el gobierno buscará preservarla. Del lado estadounidense, Brecha no cita declaraciones de autoridades: el argumento sobre el trabajo esclavo aparece como la razón formal del gobierno de Trump, sin vocero identificado. La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, aportó los datos sobre la partida anual de 250.000 dólares y el doctor Diego Fischel figura como director del Hospital de Ojos José Martí, y el periodista Gabriel Pereyra fue quien dio a conocer la amenaza en Radio Sarandí.