Uruguay advierte al Mercosur que el PCC operó como “escuela criminal” de Marset y de los clanes Albín y Suárez

Según informa El País, el Ministerio del Interior afirmó ante el Mercosur que organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) funcionaron como una “escuela criminal” para actores uruguayos, cuyos métodos fueron incorporados por Sebastián Marset y hoy son replicados por los clanes Albín y Suárez de Cerro Norte. El diagnóstico lo presentó la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario de la Policía en la última reunión del Grupo de Trabajo Especializado para el Combate de las Organizaciones Criminales del Mercosur. Allí la Policía identificó a 88 integrantes de cinco facciones brasileñas recluidos en cárceles uruguayas: 51 del PCC, 19 de Os Manos, nueve del Primer Comando da Fronteira (PCF), siete de Os Tauras y dos de Bala Na Cara. La exposición, según el medio, detalló el alcance de esas facciones dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.

Ese diagnóstico se apoya en el seguimiento que la Policía hace del PCC en las cárceles uruguayas desde 2023, cuando se elaboró un informe de Inteligencia sobre sus miembros. El trabajo permitió desplegar en 2025 operativos para identificar miembros activos y reconstruir sus conexiones. La requisa del 11 de mayo de 2025 en la cárcel de Libertad fue uno de los hitos: allí se incautó un celular con comunicaciones entre integrantes de la organización y apareció un grupo de WhatsApp llamado “Sistema do Uruguay”, compuesto por ocho miembros. El análisis del teléfono aportó datos sobre miembros activos, conexiones, “dominios y áreas de influencia dentro y fuera de las cárceles” y los códigos y reglamentos internos del PCC. El reporte también sostiene que la dinámica de los grupos de frontera repercute directamente en las cárceles y ubica tres puntos clave de la frontera seca: Rivera-Santana do Livramento, Aceguá-Aceguá y Chuy-Chuí, donde “pequeñas organizaciones uruguayas y brasileñas están copiando la forma de operar de grandes carteles como Os Manos y el PCC para el narcotráfico”. Hasta el momento, aclara el informe, no se detectaron operaciones que “evidencien la actividad directa de esas organizaciones dentro del sistema penitenciario”.

Ese aprendizaje tiene raíces largas, que el propio informe rastrea hasta las cárceles de Sao Paulo de la década de 1990, donde surgió el PCC, hoy una de las mayores organizaciones criminales de América Latina. Su negocio principal es el narcotráfico de cocaína y marihuana, con rutas internacionales que conectan a los países productores con Brasil y con mercados de Europa y África; la organización también participa en el tráfico de armas, el lavado de dinero, los robos, las extorsiones y el contrabando, y ejerce control sobre actividades criminales dentro y fuera de las cárceles. En la frontera, Os Manos “ostenta” desde 2017 el dominio con Brasil tras una lucha de poder con Bala Na Cara, es la facción más grande y organizada de Rio Grande do Sul y desde hace algunos años extiende sus lazos hacia Uruguay, con su mayor influencia en Rivera y una vinculación que el reporte traza con la Unidad 12 de Cerro Carancho; el documento incluye además tatuajes característicos de sus miembros, como un diamante. Del PCF, en tanto, en 2025 se confirmó la presencia de integrantes brasileños y de uruguayos incorporados a la organización: mantiene sus bases en la frontera, pero registra cada vez más operaciones en Maldonado, donde recientemente se detectó actividad en los barrios Manga, Nuevo Capra y Los Sueños. Un antecedente penitenciario se remonta al 13 de noviembre de 2022, cuando un trabajo de inteligencia en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, detectó que un grupo de entre cuatro y cinco integrantes de bandas locales ingresaba droga al establecimiento; durante una inspección se incautaron 2.241 kilos de marihuana en ladrillos con el logo del PCF ocultos en el pulmón de una estufa a leña. Los vínculos atribuidos al PCC con referentes del crimen local tampoco son nuevos: ya en 2012 el entonces juez de Crimen Organizado Néstor Valetti afirmó que Luis “Betito” Suárez mantenía contactos con la banda brasileña, y otros investigadores señalaron nexos con Luis Fernández Albín y con Marset. El informe lista además las organizaciones transnacionales detectadas en el país en los últimos diez años: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, de México; la 'Ndrangheta de Italia; el denominado Cartel de los Balcanes; el Clan Skaljari de Montenegro; y el Primer Cartel Uruguayo, vinculado a Marset. Entre los casos más notorios menciona al mexicano Gerardo González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a quien el artículo describe como jefe fallecido del CJNG: González Valencia vivió cinco años en Uruguay, montó una estructura para lavar dinero del narcotráfico y se instaló primero en Punta del Este, donde la familia adquirió una vivienda por unos U$S 2 millones, terrenos en Punta Ballena y vehículos de alta gama. Fue detenido en 2016, procesado por lavado de activos y extraditado a Estados Unidos en 2020, donde fue condenado a prisión perpetua por coordinar el tráfico de toneladas de cocaína. En 2023, en tanto, fue detenido en Maldonado el argentino Óscar Gilberto Calvete, requerido por la Justicia argentina e investigado como testaferro y operador financiero del grupo. El país también sirvió de refugio a Rocco Morabito, uno de los narcotraficantes más buscados de la 'Ndrangheta: bajo identidad falsa se instaló en Punta del Este y permaneció años fuera del radar, fue detenido en 2017, escapó en junio de 2019 de Cárcel Central junto a otros tres reclusos mientras esperaba su extradición, fue recapturado en Brasil en 2021 y trasladado a Italia al año siguiente. El reporte identifica históricamente a Uruguay como país de acopio y tránsito de drogas hacia Europa, con cargamentos que ingresan por tierra, aire y en barcazas que llegan al Río Uruguay desde países productores como Paraguay y luego parten por vía marítima; también señala que desde Uruguay se exporta hachís a Brasil, donde tiene un alto consumo y un valor similar al de la cocaína, y que en el mercado interno predominan la pasta base y la cocaína, aunque también circula el tussi, conocido como cocaína rosada. Dos operaciones muestran ese lugar logístico: en 2019, la Operación Familia reconstruyó la salida desde territorio uruguayo de más de 600 kilos de cocaína en un avión privado que después fueron incautados en Francia, con información de Europol y la DEA y vínculos con una organización de origen balcánico; cuatro años más tarde, la Operación Virtus siguió a casi 500 kilos de cocaína que cruzaron desde Argentina, se acopiaron en una vivienda de Pajas Blancas y se preparaban para salir hacia Europa.

Con ese diagnóstico sobre la mesa, el gobierno uruguayo propuso a sus socios del Mercosur modernizar el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad (SISME), con el objetivo de ampliar la cantidad de datos que se comparten entre los países y mejorar la investigación de grupos de crimen organizado transnacional. El SISME permite la cooperación internacional entre organismos de seguridad mediante el acceso a información de las bases locales de cada país: hoy se intercambian requisitorias sobre armas, personas y vehículos, y las comunicaciones están centralizadas en la sede del Mercosur. La iniciativa incluye información migratoria sobre movimientos, situación migratoria, rechazos, residencias, solicitudes de refugio y estado de documentación; también comprende datos biométricos, documentos de identidad robados, cierres de frontera y “patrones y/o rutas detectadas y/o situaciones anómalas que generan sospechas sobre la comisión de delitos”. Quedan a estudio los antecedentes legales y policiales, la violencia en eventos deportivos, el uso de tobilleras electrónicas y la información sobre celulares y otros dispositivos robados, además del intercambio de información no estructurada sobre actividades delictivas, crimen organizado y narcotráfico y de alertas sobre incidentes con materiales nucleares. Uruguay planteó además que el bloque retome las gestiones para firmar un acuerdo entre el Mercosur e Interpol, actualizando un proyecto que no llegó a entrar en vigor en 2013; esa conexión permitiría realizar consultas simultáneas en ambos sistemas y evitar duplicaciones y carencias en la recopilación de información. Qué resuelva el bloque sobre ambos puntos es, por ahora, lo que queda abierto.

El material no recoge declaraciones de voceros consultados por el medio: las afirmaciones centrales corresponden al informe de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario de la Policía presentado ante el Mercosur, según la reconstrucción que publica El País. Sí aparecen, en cambio, posiciones de otros actores recogidas en el texto: la del entonces juez de Crimen Organizado Néstor Valetti, que en 2012 afirmó que Luis “Betito” Suárez mantenía contactos con la banda brasileña; la de las autoridades argentinas, que sostienen que Óscar Gilberto Calvete participó en maniobras para introducir dinero del CJNG en el sistema financiero y darle apariencia legal mediante sociedades, transferencias internacionales y depósitos en efectivo; y la de la Policía brasileña, que confirmó que algunos de los imputados por el túnel hallado en Ciudad Vieja tenían antecedentes por robos cometidos para el PCC.