La Justicia condenó a Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial a indemnizar con U$S 15.000 a un hombre detenido con fuerza "excesiva"

La Justicia uruguaya condenó al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial a indemnizar con U$S 15.000 a un hombre que fue golpeado por la Policía durante un procedimiento para detenerlo, que después fue declarado ilegal. La sentencia de primera instancia, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 3° turno, estableció que cada uno de los tres organismos deberá pagarle U$S 5.000 por su responsabilidad en los hechos, según informó El País, que accedió al fallo. El caso se remonta al 27 de mayo de 2023, cuando varios policías concurrieron al domicilio del hombre ante un presunto episodio de violencia doméstica: durante el procedimiento los funcionarios lo redujeron violentamente, lo arrojaron al piso y lo golpearon, provocándole lesiones que luego quedaron constatadas en exámenes médicos.

La condena se apoya en que el Tribunal de Apelaciones de 1° Turno había declarado ilegal esa detención y revocado la resolución que admitió la formalización del hombre. Ese tribunal consideró atendibles los cuestionamientos de la defensa y concluyó que la Fiscalía había pedido la formalización sin suficiente "seriedad" en los cargos. Con ese fallo a favor, el hombre demandó al Estado por daños y perjuicios, y el juzgado contencioso administrativo terminó atribuyendo responsabilidad a la Fiscalía por solicitar la formalización sin fundamentos suficientes, lo que derivó en una "restricción injustificada" de su libertad, y al Poder Judicial por admitir la imputación sin ejercer un control adecuado sobre los fundamentos del pedido fiscal. La sentencia dio por acreditado que los policías usaron una fuerza "excesiva y desproporcionada", tras valorar documentación médica, fotografías de las lesiones, grabaciones del procedimiento y las declaraciones de dos testigos.

El recorrido del caso arranca en la versión policial de aquel 27 de mayo de 2023. Según el relato de Fiscalía, los efectivos afirmaron que encontraron una actitud hostil de los moradores y que un perro intentó atacarlos, por lo que pidieron refuerzos; cuando llegaron más efectivos, la pareja del hombre siguió comportándose de manera hostil. El hombre estaba usando su celular y un policía le ordenó poner las manos contra el patrullero porque iba a detenerlo; según la acusación, se negó a obedecer, fue reducido y en ese momento presuntamente mordió el dedo de uno de los funcionarios. La Fiscalía basó su pedido de imputación sobre todo en una grabación de una cámara GoPro policial y en un informe médico forense que constató las lesiones del efectivo. Al día siguiente de la detención el hombre fue conducido ante la Justicia, donde no fue imputado por violencia doméstica, porque su pareja dijo "desconocer" la situación, sino por atentado agravado y lesiones personales a raíz de un supuesto enfrentamiento con los policías; el juez dispuso arresto domiciliario nocturno como medida preventiva. La defensa sostuvo otra secuencia: que el conflicto empezó cuando un policía desenfundó su arma y amenazó con dispararle a una perra de nueve meses que había salido al patio, que él y su pareja intentaron proteger al animal y permitieron el ingreso de los funcionarios, y que el hombre llamó al 911 para denunciar el comportamiento policial. La mordida, según los abogados, ocurrió cuando un policía introdujo un dedo en la boca del hombre mientras varios funcionarios lo inmovilizaban y le dificultaban respirar; también cuestionaron que la grabación policial fuera parcial, porque los efectivos no habían empezado a filmar desde el inicio del procedimiento, y señalaron que el hombre presentaba hematomas en la frente, brazos y piernas y un diente flojo.

Con la detención declarada ilegal, la demanda por daños y perjuicios avanzó hasta el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 3° turno, que falló días atrás a favor del hombre. En sus descargos el Ministerio del Interior sostuvo que los policías actuaron dentro de sus competencias y que la fuerza utilizada estaba justificada, mientras que la Fiscalía y el Poder Judicial argumentaron que haber coincidido en resolver una formalización que después fue revocada no genera por sí solo la obligación de indemnizar. El juzgado no les dio la razón y repartió la responsabilidad en partes iguales: U$S 5.000 por organismo. El fallo recordó que la Policía está legalmente habilitada para usar la fuerza cuando resulta indispensable para cumplir sus cometidos, pero que esa facultad tiene "límites", y concluyó que en este caso se traspasaron.

El articulo recoge las posiciones de todas las partes. El Ministerio del Interior sostuvo en sus descargos que los policias actuaron dentro de sus competencias y que la fuerza utilizada estaba justificada. La Fiscalia y el Poder Judicial argumentaron que haber coincidido en resolver una formalizacion que luego fue revocada no genera por si solo la obligacion de indemnizar a la persona afectada. La defensa del hombre describio un procedimiento en el que un policia desenfundo su arma y amenazo con dispararle a una perra de nueve meses, y atribuyo la mordida a una reaccion defensiva de su cliente mientras varios efectivos lo inmovilizaban y le dificultaban respirar. Del lado de la acusacion, el relato de Fiscalia recogio la version policial de una actitud hostil de los moradores y de un perro que intento atacar a los efectivos.