Condenan a dos años de penitenciaría a una mujer que vendía droga desde una casa de San Carlos

Una mujer de 23 años fue condenada a dos años de penitenciaría por vender estupefacientes desde una vivienda de calle Fernández Chávez, en San Carlos, Maldonado. La sentencia la dictó el Juzgado Letrado de 11.º Turno el miércoles 9 de setiembre, al resolver que la mujer es autora penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes. Al momento de quedar a disposición de la Justicia no registraba antecedentes penales, según la información que el Ministerio del Interior difundió sobre el caso y que reprodujo Revista CERO. El punto de venta funcionaba en el mismo inmueble que fue allanado el martes 8 de setiembre por la tarde, en dos procedimientos que contaron con el respaldo de la Guardia Republicana.

La causa arrancó el 17 de junio, cuando la Brigada Departamental Antidrogas puso la lupa sobre ese inmueble ante la presunta existencia de comercialización de drogas, de acuerdo con el relato del Ministerio del Interior. Las actuaciones quedaron bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de 4.º Turno, mientras que el trabajo de campo lo llevó adelante personal de la brigada con apoyo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III. De esos movimientos surgieron los elementos que sostuvieron la pesquisa y que meses después desembocaron en los allanamientos.

Los dos allanamientos se concretaron el martes 8 de setiembre por la tarde en la vivienda señalada y allí fue detenida la mujer de 23 años. En los procedimientos se incautaron 100 envoltorios de papel con sustancia blanca —conocidos popularmente como «chasquis»—, un envoltorio de nylon con sustancia similar, dos balanzas de precisión, dos réplicas de pistolas, cámaras de seguridad, un DVR, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Con la Fiscalía Letrada de 4.º Turno al tanto de lo actuado se dispusieron nuevas diligencias, entre ellas la conducción de la indagada a la sede fiscal para su declaración; finalizada esa instancia, el miércoles 9 de setiembre la detenida fue trasladada al Juzgado Letrado de 11.º Turno. El material revisado no aporta otros antecedentes de la causa anteriores al 17 de junio.

La pena quedó fijada en dos años de penitenciaría. El tribunal dispuso además el decomiso de las sustancias incautadas, que serán remitidas al Instituto Técnico Forense para su análisis y posterior destrucción, y el del dinero secuestrado, que asciende a 3.100 pesos uruguayos. Los efectos incautados —los dos teléfonos celulares, las dos réplicas de pistolas y el sistema de videovigilancia— también fueron decomisados para su remisión a la Junta Nacional de Drogas, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 19.574.