Funcionarios judiciales advierten que el Juzgado de Libertad pasaría de 1.400 a 3.000 privados de libertad

Según informa Radio 41 (San José), la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay volvió a advertir por la sobrecarga de trabajo del Juzgado de Libertad, que con la apertura de dos nuevas unidades penitenciarias pasaría de atender a unas 1.400 personas privadas de libertad a unas 3.000. El dirigente Pablo Elizalde explicó al medio que antes de fin de año está previsto que comiencen a funcionar dos cárceles nuevas, que se sumarán a la Unidad Libertad y a otra que ya comenzó a operar en el predio: esa unidad ya aloja a unos 350 privados de libertad y cada una de las nuevas tendrá 500 plazas. La sede, en tanto, funciona con un juez, un jefe de despacho y seis funcionarios, y recibe unos 90 correos electrónicos por día provenientes de las unidades penitenciarias de la zona, comunicaciones que según el dirigente pueden incluir entre 10 y 20 situaciones distintas cada una y derivar en nuevos trámites o procesos judiciales.

El motivo central que señalan los funcionarios es la falta de recursos. Elizalde dijo a Radio 41 que la Rendición de Cuentas les dejó un “gusto muy amargo” porque no contempla partidas para atender las necesidades que enfrenta el Poder Judicial, y a ese problema se suma una dificultad edilicia: el juzgado funciona en un local que anteriormente era un banco y donde la Suprema Corte de Justicia había evaluado instalar otro juzgado, aunque después asumió que el espacio no era suficiente y comenzó a buscar una nueva locación. Para el dirigente, la respuesta no pasa solamente por incorporar funcionarios, sino por crear nuevos juzgados con su correspondiente dotación de funcionarios, actuarios y jueces.

La advertencia tampoco es nueva. Los funcionarios ya habían planteado la situación ante la Suprema Corte de Justicia, el sistema político y el Ministerio de Economía, y también propusieron que los juzgados de ejecución penal que la Corte solicitó crear en el interior del país sean instalados en Libertad. En paralelo, la organización cuestiona la evolución del presupuesto destinado al Poder Judicial: según los datos que maneja, en 2017 representaba el 1,20% del presupuesto y actualmente equivale al 1,06%.

Ese escenario tiene, según los funcionarios, un efecto concreto sobre los tiempos de la Justicia. Elizalde advirtió que la sobrecarga de trabajo puede generar retrasos en los procesos y puso un ejemplo: podría ocurrir que una persona que ya tiene fijada su libertad ambulatoria no pueda salir en la fecha correspondiente debido a las demoras en la tramitación. “Probablemente, quizás, la sobrecarga de trabajo determine que su proceso se pueda retrasar y no salga el día que tiene que salir”, afirmó. El dirigente sostuvo además que la falta de recursos puede terminar afectando los tiempos de los procesos y el funcionamiento del sistema judicial, particularmente ante el crecimiento de la actividad que se prevé para la zona de Libertad.

Pablo Elizalde, integrante de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, fue la única voz citada por Radio 41 (San José). Además de advertir por la sobrecarga y por el impacto de la Rendición de Cuentas, sostuvo que “probablemente, quizás, la sobrecarga de trabajo determine que su proceso se pueda retrasar y no salga el día que tiene que salir”, en referencia a una persona privada de libertad con libertad ambulatoria ya fijada. También planteó que la solución no es solo sumar funcionarios, sino crear nuevos juzgados con su dotación completa.