Expertos de la ONU reclaman a México proteger a las buscadoras de desaparecidos tras una serie de ataques en Sinaloa

Expertos independientes de derechos humanos de Naciones Unidas advirtieron que las mujeres que buscan a personas desaparecidas por la fuerza en México siguen enfrentando violencia mortal y, en varios casos, se convierten ellas mismas en víctimas, y reclamaron al Estado mexicano que las proteja. Los episodios más recientes se registraron en Sinaloa. El 29 de agosto se reportó la desaparición de la defensora de derechos humanos Elisa Altagracia Bonilla, y Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada junto a su hija y dos menores. El 1 de setiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron embestidos por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

Detrás de esos ataques, según los expertos, hay un cuadro de impunidad casi total. La violencia contra las buscadoras es, para los relatores, "un ejemplo trágico del fracaso del Estado en cumplir sus obligaciones de proteger a los defensores de derechos humanos", y responde a una lógica que traslada a las familias una tarea que debería asumir el propio aparato estatal: la búsqueda de las personas desaparecidas.

El patrón que describen los expertos es más largo que los ataques de agosto y setiembre: el hostigamiento contra Corazones Unidos por una Misma Causa se repite desde antes, con una de sus integrantes, Rubí Gómez-Tagle, asesinada este año, y otra, María de los Ángeles Valenzuela, desaparecida en octubre de 2025. Los expertos ya habían llevado sus preocupaciones al Gobierno mexicano, entre ellas una carta de abril de 2026 por el asesinato de Gómez-Tagle, a la que el Ejecutivo respondió.

En ese marco, los expertos celebraron la decisión de la Asamblea General de designar el 19 de diciembre como Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas y pidieron a México que reconozca públicamente la importancia del trabajo de estas mujeres. Hasta el momento, el material revisado no incluye anuncios concretos del Estado mexicano en respuesta a estas advertencias.

Esas advertencias son de expertos independientes de derechos humanos de la ONU, que no son personal de la organización ni reciben salario por su tarea, según precisa el propio organismo. "El trabajo de estas mujeres constituye una extensión fundamental de sus derechos, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación… Están llevando adelante una tarea que es responsabilidad principalmente del Estado. El Estado debe asumir plenamente esa responsabilidad y no trasladar la carga a las familias", señalaron.