Legisladores del Frente Amplio frenan los cambios a la ley de IVE a menos de dos meses de la visita del papa León XIV

Según informa Semanario Brecha, legisladores del Frente Amplio enfriaron los cambios a la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Uruguay con el argumento de que «no es el momento de hacer olas», a menos de dos meses de la visita del papa León XIV al país. La decisión se sostiene pese al consenso académico, sanitario y de organizaciones sociales sobre la necesidad de actualizar la norma, y uno de los motivos que los propios legisladores mencionaron, de acuerdo con el artículo de El Observador del 21 de setiembre de 2026 que cita el semanario, fue no «comprarle un problema al Ejecutivo ni a los católicos». El texto de Brecha, titulado «Siempre postergadas», es una columna de análisis y opinión que repasa el estado del debate y sostiene que la postergación se repite cada vez que se discute igualdad de género. En ese marco, el artículo recuerda que la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, reactivada por el actual gobierno e integrada por la academia, autoridades y organizaciones sociales, concluyó por unanimidad que Uruguay debe actualizar la ley, y que el subsecretario de Salud Pública, el ginecólogo Leonel Briozzo, había dicho que esa revisión debía ser una prioridad de 2026.

Los motivos que el propio oficialismo mencionó, según el relato que hace Brecha a partir de la nota de El Observador, apuntan a no abrir un frente de conflicto en un año que tiene la visita papal en el calendario. La frase que resume esa posición —«no es el momento de hacer olas»— convive con otra consideración que el semanario atribuye a jerarcas del Poder Ejecutivo a través de Búsqueda (27 de agosto de 2026): que el aborto es «un debate que polariza y que no es conveniente darlo en momentos en que la aprobación del gobierno es baja». Brecha agrega que no trascendió que el papa —que ha defendido su postura contraria al aborto— haya hecho ninguna solicitud en relación con este tema de cara a su visita a Uruguay, y se pregunta por qué la salud y los derechos de las mujeres pueden esperar «para no incomodar». La columna enmarca la decisión en un patrón más amplio: sostiene que «no es el momento» es la respuesta que recibe la agenda de igualdad de género cada vez que se discute la desigualdad, la violencia de género, los cuidados, los salarios, el racismo, la participación política o los derechos sexuales y reproductivos.

A más de una década de su aprobación, la ley de IVE acumula avances y obstáculos que el artículo repasa. El principal logro que destaca es la disminución sostenida de la mortalidad materna, en especial la asociada al aborto inseguro, gracias al acceso a la IVE segura y gratuita; pero quedaron pendientes medidas que respondieron a compromisos políticos de la época y que hoy, según el texto, están desalineadas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con un enfoque centrado en la autonomía y los derechos humanos. La propuesta de actualización que la Comisión Nacional Asesora elevó por unanimidad, según consignó La Diaria el 12 de marzo de 2026 y retoma Brecha, incluye tres puntos concretos: ampliar de 12 a 14 semanas el plazo general, eliminar los cinco días obligatorios de «reflexión» y retirar la exigencia de un año de residencia para que las personas migrantes puedan acceder a la IVE. A eso se suma el informe «Justicia reproductiva en agenda», de Iniciativas Sanitarias (2026), que señala como barrera la presencialidad obligatoria del equipo interdisciplinario —sobre todo en departamentos donde faltan profesionales y la objeción de conciencia puede dificultar el acceso— y propone incorporar telemedicina para las consultas de seguimiento y habilitar a profesionales como las parteras para prescribir el tratamiento. El texto también recuerda que el Frente Amplio tiene «una historia de avances en derechos, pero también de límites y postergaciones», y menciona como antecedente el veto de Tabaré Vázquez durante su primer mandato.

Mientras la ley siga igual, el artículo sostiene que los efectos son concretos: las migrantes recientes quedan excluidas y quienes necesitan atención enfrentan requisitos y demoras. Las personas que logran acceder deben atravesar los cinco días de espera que impone la norma, aunque, según los datos oficiales que cita el texto, más del 95 por ciento mantiene su decisión. En los departamentos con menos profesionales, la presencialidad obligatoria del equipo interdisciplinario y la objeción de conciencia pueden convertirse en un obstáculo adicional. El respaldo social que menciona Brecha es amplio: una encuesta de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Universidad de la República y El Observador indicó que siete de cada diez uruguayos están a favor de que las personas puedan decidir libremente sobre la continuación de un embarazo, y que las diferencias de opinión se relacionan menos con la identidad partidaria que con el grado de religiosidad. Un estudio sobre la criminalización del aborto publicado en 2025 por Mujer y Salud en Uruguay encontró que, entre 2012 y 2022, «la persecución del delito de aborto recayó sobre 4 mujeres pobres, viviendo en situación de extrema vulnerabilidad», cuyos embarazos pasaban las 12 semanas, y la misma organización había recabado en 2023 que entre 2013 y 2022 se registraron tres muertes por abortos ilegales. El cierre del artículo es una imagen: la frase «no es el momento de hacer olas» solo pide a las mismas personas de siempre que esperen en silencio, pero «las olas ya están» —las hacen las migrantes excluidas y quienes chocan con barreras para acceder a la IVE.

El subsecretario de Salud Pública y ginecólogo Leonel Briozzo había dicho, según El Observador del 22 de enero de 2026, que la revisión de la ley debía ser una prioridad de 2026 y que la norma no permite que las migrantes accedan al procedimiento «con la velocidad y respeto que requieren»; afirmó que algunas llegan al Pereira Rossell con embarazos no deseados producto de violaciones vinculadas a redes de trata y no reciben tratamiento adecuado. Los legisladores del Frente Amplio que impulsaron la postergación son citados por El Observador del 21 de setiembre de 2026 sin que el material identifique sus nombres, y lo mismo ocurre con los jerarcas del Poder Ejecutivo que, según Búsqueda del 27 de agosto de 2026, consideran que el aborto es un debate que polariza y que no conviene dar con la aprobación del gobierno en baja. El propio Semanario Brecha firma la columna y sostiene allí su posición sobre la postergación de los derechos.