El órgano de Defensa de la Competencia del MEF advirtió a ASSE por licitaciones con cláusulas que restringen la competencia

Según informa El País, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— advirtió a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por licitaciones de los años 2022 y 2023 en las que la institución estableció “requisitos ajenos al objeto del contrato con aptitud para restringir indebidamente la competencia”. Los llamados alcanzados fueron cinco: el “Servicio de atención al usuario con hasta 39.000 horas anuales” en el Hospital Pasteur; el “Servicio de conserjería con hasta 11.340 horas anuales para el Edificio Libertad y la Dirección de Arquitectura”; la contratación de conserjería para el Hospital Pasteur con hasta 302.400 horas anuales (74.880 nocturnas y 227.520 diurnas); la contratación de peones con hasta 42.500 horas anuales, también en el Pasteur; y la contratación de hasta 50 automóviles con chofer para operar en todo el territorio nacional, con un máximo de 250.000 horas anuales y por un período de dos años prorrogable automáticamente por hasta tres períodos de un año cada uno. La comisión aclaró que “la presente resolución no importa declaración de configuración de práctica prohibida ni pronunciamiento de naturaleza sancionatoria”. Las dos primeras licitaciones son de 2022 y las restantes de 2023, y tanto las tres del Hospital Pasteur como la de automóviles con chofer fueron dejadas sin efecto después.

El problema que el órgano del MEF señaló en tres de esos pliegos es la cláusula 13, que obligaba al adjudicatario a incorporar y mantener por un plazo mínimo la plantilla del contratista saliente, conservando el valor hora y la carga horaria vigentes, y a depositar una garantía previa como condición para pedir la prórroga de la fecha de apertura. Para la comisión, ese tipo de exigencias deja a la empresa que pretenda ingresar al mercado con un modelo más eficiente —por automatización parcial, rediseño de procesos o una asignación diferente de los recursos humanos— sin poder aplicarlo plenamente desde el inicio del contrato, obligada a incorporar personal que no seleccionó y cuya productividad, capacitación y adecuación organizacional desconoce. En el caso de los automóviles con chofer el diagnóstico fue distinto pero apuntó al mismo resultado: de las cinco ofertas presentadas, una sola resultó admisible, lo que según la comisión redujo “la rivalidad efectiva dentro del procedimiento”.

El expediente no se cerró con los llamados dados de baja porque las cláusulas observadas, según la resolución, “no constituyen previsiones singulares de cada llamado, sino que responden a pautas generales para la contratación de servicios tercerizados, aprobadas por el Directorio de ASSE y vigentes desde 2011”. Ese origen común —un marco de contratación con más de una década— es el que explica que la advertencia alcance a procedimientos que ya habían quedado sin efecto.

De ahí salieron las dos instrucciones particulares que la comisión dirigió a ASSE. La primera le pide que se abstenga de incorporar en los Pliegos de Condiciones Particulares de los procedimientos competitivos que convoque “requisitos ajenos al objeto del contrato con aptitud para restringir indebidamente la competencia”. La segunda, referida a la licitación de automóviles con chofer, le indica que no establezca requisitos de participación que, sin justificación objetiva suficiente, no guarden relación directa con el objeto de la contratación o con la evaluación de la oferta, o que resulten desproporcionados; en particular, exigencias de calificación profesional o de antigüedad del personal que no sean necesarias y proporcionales a la naturaleza del servicio o que no puedan cumplirse razonablemente dentro de los plazos del procedimiento.

El material no incluye declaraciones de personas identificadas: la voz que habla en la nota es la de la propia resolución, que en ese punto reconoce matices. “Aun cuando requisitos de capacitación, experiencia o antigüedad puedan perseguir finalidades legítimas de calidad o seguridad, cuando su cumplimiento no puede ser razonablemente satisfecho dentro del período disponible o las condiciones de acceso no son equivalentes, pueden restringir la participación de proveedores potencialmente aptos”, sostiene el documento citado por El País.