La Comisión Europea multa a Google con 890 millones de euros por infringir la ley de mercados digitales

La Comisión Europea impuso este mes dos multas a Google por un total de 890 millones de euros (unos 1.015 millones de dólares) al determinar que la compañía infringió la Ley de Mercados Digitales (DMA), la normativa europea que regula la competencia entre las grandes tecnológicas. La primera sanción, de 460 millones de euros, corresponde a la práctica de priorizar los propios servicios de Google -como Google Shopping, la búsqueda de hoteles, transporte y resultados deportivos- por encima de los de la competencia en su motor de búsqueda, ya sea colocándolos en la parte superior de la página o destacándolos con elementos visuales y filtros mejorados. La segunda, de 430 millones de euros, responde a las restricciones que la empresa imponía a los desarrolladores de aplicaciones móviles para impedirles informar de forma gratuita a sus usuarios sobre ofertas más baratas disponibles fuera de Google Play.

El Ejecutivo comunitario concluyó que ambas conductas violan obligaciones concretas de la DMA: por un lado, la norma exige que los llamados "gatekeepers" apliquen condiciones "justas y no discriminatorias" al posicionar servicios propios frente a los de terceros en sus resultados de búsqueda; por otro, obliga a permitir que los desarrolladores dirijan a sus clientes hacia canales de compra alternativos, a menudo más económicos, sin cobrarles comisiones que Bruselas considera excesivas. Además de las multas, la Comisión ordenó a Google poner fin a estas prácticas en un plazo de 60 días, bajo amenaza de sanciones periódicas adicionales de hasta el 5% de su facturación anual a nivel global si no cumple.

No es la primera vez que Bruselas sanciona a la compañía: en 2018 la Comisión le impuso una multa de 4.343 millones de euros por abuso de posición dominante a través del sistema operativo Android -reducida después a 4.125 millones por el Tribunal de Justicia de la UE- y en 2017 otra de 2.424 millones por priorizar sus propios servicios en Google Shopping. Sin embargo, las nuevas sanciones son sensiblemente menores porque no se aplicaron bajo las tradicionales normas antimonopolio sino bajo la DMA, vigente desde 2022, cuyo período de infracción investigado -de marzo de 2024 a diciembre de 2025- es más acotado, a lo que se suma que Google ya había comenzado a introducir algunos cambios en sus prácticas antes de la decisión.

La decisión llega en un momento de tensión comercial entre Bruselas y Washington, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría interpretar la sanción como un ataque a una empresa estadounidense y tomar represalias comerciales contra la Unión Europea. Puertas adentro de la Comisión, Google tiene ahora dos caminos: adaptar sus prácticas en los 60 días establecidos -algo que ya habría empezado a testear según trascendió- o exponerse a multas periódicas adicionales de hasta el 5% de su facturación mundial. La compañía, por su parte, ya adelantó su malestar con la resolución y no descartó cuestionarla, lo que podría derivar en una instancia de apelación ante los tribunales europeos, como ocurrió con sanciones anteriores.

La vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Competencia, Teresa Ribera, defendió la decisión al señalar que el organismo está "obligada" a cumplir las normas comunitarias y a hacer valer el derecho internacional, que según dijo "está siendo cuestionado en muchas partes". La funcionaria fue tajante al advertir que la credibilidad de la Comisión se vería afectada si cediera ante presiones externas: "No creo que a ninguno de nosotros, en la Comisión, se nos pudiera respetar si decidiésemos qué hacer porque alguien intente decirnos lo que tenemos que hacer o no hacer", sostuvo. Desde el otro lado, Google cuestionó duramente la sanción a través de Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de la empresa y de Alphabet, quien argumentó que la DMA "sigue perjudicando el funcionamiento de productos cotidianos" y que cumplir con la norma obligará a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los usuarios europeos valoran, además de desmantelar medidas de seguridad de Google Play. Walker calificó la exigencia regulatoria como "una degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de personas que se quejan por interés propio", y remarcó que, a su entender, "la regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos".