Escribanos, abogados y contadores llevarán al TCA la nulidad del decreto que recortó las devoluciones del Fonasa

Según informa El Observador, los colegios y asociaciones profesionales que recurrieron el decreto del Poder Ejecutivo que recortó las devoluciones del Fonasa presentarán en los próximos días una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El trámite quedó habilitado después de que venciera el plazo que tenía la Administración para contestar el recurso administrativo, lo que configuró lo que se denomina denegación ficta. Los colectivos —escribanos, abogados, contadores, odontólogos, defensores públicos y otros profesionales— se unieron y serán representados por los abogados Miguel Pezzutti, profesor agregado de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Udelar, y Diego Pescadere, expresidente del Colegio de Abogados del Uruguay. Ambos, expertos en tributos de la seguridad social, patrocinarán igualmente al resto de los colectivos. Los juristas confirmaron la noticia a El Observador, aunque por el momento no quisieron adelantar los argumentos del recurso.

El recurso original había sido presentado a comienzo de año ante el Poder Ejecutivo, y fue la falta de respuesta la que terminó abriendo la puerta del TCA. El decreto cuestionado es el que se dictó el 26 de diciembre de 2025 y cambió el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) del Seguro Nacional de Salud (SNS), en base al cual se computa el aporte al Fonasa. Dentro del gobierno la iniciativa partió del Ministerio de Economía, que explicó que buscaba corregir dos "errores de diseño" del Fonasa; el trámite involucró consultas a los ministros Cristina Lustemberg (Salud), Juan Castillo (Trabajo) y Gonzalo Civila (Desarrollo Social). La administración justificó haberlo resuelto en diciembre porque es en ese mes, igual que en julio, cuando se ajustan los parámetros del sistema de salud para el semestre, y porque de ese modo el nuevo régimen regiría para todos los aportes a partir del 1° de enero de 2026.

El cambio se había anunciado antes de que saliera el decreto: el presidente Yamandú Orsi lo comunicó el último viernes del año en una conversación informal con periodistas en la Torre Ejecutiva y, con su autorización, se informó en los noticieros centrales de ese día, lo que generó alarma. Después de eso, el sábado 27 el Ministerio de Economía publicó un tuit institucional con aclaraciones y el lunes 29 el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dio una conferencia de prensa. La Asociación de Escribanos del Uruguay, presidida por la escribana Susana Barreto, fue de las primeras en cuestionar la legitimidad de la solución reglamentaria, a la que se sumó luego el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, que expresó preocupación por los criterios técnicos utilizados por el Poder Ejecutivo. Lo mismo expresaron el Colegio de Abogados del Uruguay y colegios de abogados del interior como los de Maldonado, Salto y Rivera, la Asociación Odontológica y defensores públicos, entre otros colectivos. Desde la oposición se acusó al gobierno de "confiscar" la devolución.

Con el nuevo cálculo, entre 60 mil y 70 mil personas —de un total de 155 mil que aun en este 2026 percibieron la devolución— dejarán de cobrarla o recibirán menos dinero. La devolución alcanza a quienes perciben ingresos superiores a $138 mil mensuales, con variaciones según si tienen cónyuge e hijos. La nota de El Observador agrega que la demanda de nulidad probablemente sea presentada en los próximos días, el paso siguiente de unos colectivos que todavía no adelantaron cuáles serán sus argumentos ante el tribunal.

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, defendió la medida por esos días, en una entrevista con En Perspectiva: dijo que los "servicios técnicos" de la cartera ya habían puesto "sobre la mesa" la propuesta en 2019, pero que aquella administración la descartó por ser año electoral y "por todo este ruido que genera". Según Vallcorba, los técnicos también lo plantearon bajo el ministerio de Azucena Arbeleche, pero tampoco hubo cambios. "Si las cosas que no se hacen bien no las corrigiéramos por el costo que nos pueda generar, realmente creo que como gobierno estaríamos haciendo mal las cosas", sostuvo. Del lado de los profesionales, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay había advertido que el cambio en la metodología del CPE haría "más difícil que los aportantes alcancen el monto necesario para acceder a la devolución, afectando especialmente a quienes facturan servicios personales", y había pedido al Poder Ejecutivo acceso a los informes técnicos que fundamentan la nueva metodología y la suspensión de la vigencia del nuevo régimen.