Desalojo y demolición de una vivienda precaria en zona inundable de Paysandú terminó con incidentes

Según informa El Telégrafo (Paysandú), un procedimiento de desalojo y demolición de una vivienda precaria ubicada en una zona inundable y no edificable se cumplió esta tarde en las inmediaciones de Colonia y 25 de Mayo, en la zona de playa Mayea, luego de un proceso administrativo y judicial que se extendió durante dos años. El operativo se desarrolló en medio de momentos de tensión, debido a que los ocupantes se resistían a abandonar el lugar, y requirió la intervención de varias unidades policiales y de Bomberos, estos últimos ante un principio de incendio registrado durante las actuaciones.

El procedimiento estuvo a cargo del doctor Mauro Soto por el área jurídica de la Intendencia, quien explicó que la intervención se realizó en cumplimiento de la normativa de ordenamiento territorial, con el propósito de recuperar terrenos públicos municipales donde no está permitida la construcción de viviendas por tratarse de áreas inundables. "Desde hace dos años entregamos notificaciones para que se retiren del lugar, pero nunca cumplieron con lo notificado. Con el avance del expediente se llegó a la instancia judicial, que ordenó la demolición", señaló Soto.

La presencia de menores de edad determinó que el caso fuera derivado a la Justicia, donde se analizaron las actuaciones administrativas y se habilitó la continuación del procedimiento. También en esa instancia se concedieron plazos a los ocupantes, sin que se lograra concretar el desalojo voluntario.

El operativo requirió un importante despliegue de seguridad, con participación de efectivos de la Seccional Primera en apoyo a la Seccional Segunda, el Grupo de Reserva Táctica (GRT) y el Área de Respuesta y Patrullaje (ARP). También intervino personal de Bomberos debido al principio de incendio registrado en el lugar. La intervención forma parte de las acciones dirigidas a impedir nuevas ocupaciones y construcciones en terrenos municipales inundables, particularmente en sectores donde anteriormente se habían desarrollado programas de realojo para reducir los riesgos de las familias ante las crecientes del río Uruguay.

El doctor Mauro Soto, del área jurídica de la Intendencia, explicó que la intervención se realizó en cumplimiento de la normativa de ordenamiento territorial y señaló que desde hace dos años se entregaron notificaciones para que los ocupantes se retiraran del lugar, sin que cumplieran con lo notificado, hasta que el expediente llegó a la instancia judicial que ordenó la demolición.