Una demolición israelí en Jerusalén Este desplazó a 69 palestinos, el mayor número desde 2009

Un total de 69 palestinos, más de la mitad de ellos niños, quedaron sin vivienda este martes en el barrio de At Tur, en Jerusalén Este, después de que las autoridades israelíes habilitaran la demolición del edificio residencial donde vivían, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Las familias desplazadas relataron a la ONU y a las organizaciones humanitarias que trabajan en el terreno que las fuerzas israelíes les impidieron retirar sus pertenencias, que quedaron sepultadas bajo los escombros.

Las razones de fondo, de acuerdo con el organismo, se repiten caso a caso: la mayoría de las viviendas demolidas este año en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este lo fueron por no contar con permisos de construcción emitidos por Israel, permisos que rara vez se conceden a los palestinos en las zonas afectadas. El material consultado no precisa, en cambio, qué motivo específico se invocó para el edificio de At Tur.

Ese patrón viene de lejos y este año alcanzó a más de 1.800 palestinos, cuyas viviendas fueron demolidas por las autoridades israelíes o por sus propios dueños forzados a hacerlo, siempre según el recuento de OCHA. La demolición de At Tur se ubica, además, como la mayor en cantidad de personas desplazadas en un solo operativo en la Jerusalén Este ocupada desde que Naciones Unidas comenzó a registrar estos episodios, en 2009.

Para las familias desalojadas, la respuesta de los socios humanitarios de la ONU incluyó la evaluación de sus necesidades inmediatas, apoyo para el pago del alquiler, artículos esenciales, refugio de emergencia y acompañamiento psicosocial. El mismo informe de OCHA abordó por separado la situación en Gaza, donde el apoyo en agua y saneamiento está retenido por falta de fondos y por las restricciones a la entrada de insumos críticos, entre ellos aceite de motor, repuestos y equipamiento clave para mantener en funcionamiento vehículos y máquinas. Según los socios, esas carencias redujeron la producción de agua en dos plantas desalinizadoras del sur de Gaza, donde el equipamiento no pudo recibir el mantenimiento adecuado, lo que derivó en un racionamiento de agua potable para unas 500.000 personas en Deir al Balah y Khan Younis. En todo el enclave, se estima que tres de cada cuatro familias dependen del agua que se reparte en camiones hasta que la infraestructura hídrica pueda restaurarse por completo: a diario se distribuyen 25.000 metros cúbicos de agua potable a través de 3.200 puntos de recolección, pero los vehículos necesitan mantenimiento y el acceso a algunas zonas suele suspenderse por inseguridad. Las agencias de ayuda entregaron miles de recipientes y bolsas de basura, esponjas y plumeros, 3.000 litros de detergente para vajilla, 4.600 guantes y mascarillas, casi 1.300 litros de lavandina, más de 200 letrinas y cientos de kits de higiene. La escasez de insumos restringidos para importación también impidió que se usaran vehículos para recolectar y trasladar residuos sólidos, lo que obligó a recurrir a carros tirados por burros y a camiones de la ONU.

OCHA fue el organismo que difundió las cifras y también el que marcó las prioridades hacia adelante: además de pedir aprobaciones para los insumos restringidos, sostuvo que hay que restablecer el acceso a los dos rellenos sanitarios de Gaza cercanos al perímetro de la Franja para evitar que la basura se acumule en zonas pobladas, y que el financiamiento sostenido para el combustible es crítico. Los socios humanitarios advirtieron, por su lado, que los vehículos que reparten agua requieren mantenimiento y que el acceso a ciertas áreas se suspende con frecuencia por razones de seguridad. Las propias familias desplazadas de At Tur fueron las que relataron a la ONU que no pudieron recuperar sus pertenencias antes de que el edificio fuera demolido.