Censo penitenciario: 13.182 personas privadas de libertad en 25 centros y una tasa que pasó de 253 a cerca de 480

Según informó RBC (Piriápolis), el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) presentaron este viernes 16 de octubre los resultados del segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, un relevamiento elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) que la Presidencia de la República difundió además a través de su sitio oficial. El estudio analiza las trayectorias de vida de la población penitenciaria y aporta información sobre educación, trabajo, salud, infancia y vínculos familiares. El relevamiento incluyó a 13.182 personas en 25 centros penitenciarios. Entre los principales datos, el informe señala que la tasa de encarcelamiento pasó de 253 a cerca de 480 personas cada 100.000 habitantes, que el 20,5% de las personas censadas vivió en la calle durante su infancia o adolescencia, que el 26,8% estuvo en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y que el 46,4% cometió su primer delito antes de cumplir 18 años. En materia educativa, más de la mitad abandonó los estudios antes de los 15 años y tres de cada cuatro no superaron el ciclo básico de Secundaria.

El censo se presentó como una herramienta para planificar políticas públicas basadas en evidencia. Según planteó la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, la responsabilidad estatal no se limita a administrar la privación de libertad: también comprende la prevención de las trayectorias que conducen al delito, la garantía de derechos durante la reclusión y la generación de condiciones reales para la reinserción. La directora del INR, Ana Juanche, apuntó en la misma dirección al sostener que actualizar los datos es la base para planificar políticas basadas en evidencia, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, Carmen Midaglia, sumó que esa información permite rediseñar las políticas y orientar mejor la asignación de recursos al sistema penitenciario.

El primer censo de estas características se había realizado en 2010, de modo que el documento presentado ahora permite comparar la evolución de la población penitenciaria en más de una década. En ese marco, el informe indica que aumentó la participación en cursos educativos respecto de 2010, aunque más de la mitad de las personas relevadas sigue sin acceder a esas instancias. La presentación de los resultados se desarrolló este viernes 16 en el Ministerio del Interior.

El documento también identifica diferencias entre las trayectorias de mujeres y varones: las mujeres asumen mayores responsabilidades de cuidado y maternidad temprana, mientras que los varones comienzan antes sus trayectorias delictivas y presentan mayores niveles de reincidencia. Según el informe, las unidades penitenciarias de Montevideo y el área metropolitana registran las condiciones más desfavorables, y el relevamiento marca desafíos en justicia, salud, empleo, convivencia y seguridad. Más de tres de cada cuatro personas privadas de libertad consideran que el Estado puede ayudarlas y mencionan necesidades vinculadas al trabajo, la vivienda, la educación, la atención por consumo de sustancias, la salud mental y la revinculación familiar. Sobre ese diagnóstico, la directora del INR enumeró una serie de iniciativas en marcha o anunciadas: la apertura de nuevas unidades penitenciarias, entre ellas la unidad n.º 28, especializada en personas privadas de libertad por primera vez; el ingreso de funcionarios penitenciarios; la ampliación de las oportunidades educativas; el programa Rumbo, destinado a la finalización del ciclo básico, y la capacitación de 8.000 personas a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Mencionó además la marca penitenciaria Ciclo, la Ley de Empleo Integral n.º 20.506, del 26 de junio de 2026, y la creación de la Dirección de Género y Diversidad, y aludió al diseño de una estrategia nacional para mujeres, con el objetivo de asegurar condiciones de equidad para la población LGBTQ+ privada de libertad. Por su parte, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Miguel Porrúa, anunció un nuevo proyecto de inversión junto al Ministerio del Interior centrado en tres áreas: el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, la incorporación de tecnología y equipamiento de seguridad, y la mejora de la capacidad operativa del INR.

Durante la presentación, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, sostuvo que contar con evidencia sobre la realidad penitenciaria es fundamental para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas más eficaces, integrales y humanas. La directora del INR, Ana Juanche, destacó la importancia de actualizar los datos para planificar políticas basadas en evidencia, y el representante del BID en Uruguay, Miguel Porrúa, subrayó la continuidad de las políticas públicas como uno de los factores relevantes para el país, además de señalar que el organismo trabaja en herramientas para evaluar el riesgo criminológico y en la incorporación de tecnología para gestionar los perfiles de riesgo de las personas privadas de libertad. La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, Carmen Midaglia, valoró la información que aporta el censo para rediseñar las políticas públicas y orientar mejor la asignación de recursos al sistema penitenciario. De la actividad también participó el docente e investigador de la Udelar Eduardo Bottinelli, encargado del proyecto censal.