La Caja de Profesionales cambió la empresa de seguridad y bajó 58,7% sus gastos administrativos

Según informa El Observador, la Caja de Profesionales cambió la empresa que presta el servicio de vigilancia en su edificio, dejó de comprar diarios y bebidas y no renovó el contrato de televisión por cable, dentro de una serie de ajustes internos con los que el actual directorio buscó bajar los gastos administrativos de la institución. Los recortes se fueron aplicando mes a mes. En febrero, los gastos administrativos bajaron $ 35.030 y quedaron en $ 1.903.381 frente a los $ 1.938.411 de diciembre del año anterior; ese mismo mes la partida para compra de diarios pasó de $ 30.960 a $ 5.400 y la de bebidas, de $ 15.421 a $ 5.951. En marzo se eliminó el rubro de alimentos para una comisión asesora, que costaba $ 2.986, y en abril el directorio decidió no renovar el contrato con la empresa Nuevo Siglo de televisión por cable, de $ 1.812 mensuales. En agosto se sumó una rebaja de más de 9% en el costo mensual de la empresa de limpieza. Con esos cambios, la Caja cerró octubre con gastos administrativos por $ 800.051, una disminución de 58,7% respecto a diciembre del año pasado, de acuerdo con la información a la que accedió El Observador. El rubro de administración incluye el servicio de limpieza, las líneas telefónicas, la central para celulares, la empresa de seguridad, los diarios, la televisión por cable, los alimentos para la comisión asesora y las bebidas, y el actual directorio había asumido el 2 de febrero.

El motivo que el propio directorio puso por delante fue el costo. En la sesión del 20 de agosto, el presidente de la Caja, Andrés Pérez, había sido crítico con el contrato de vigilancia entonces vigente: "Es obsceno lo que se ha pagado por la empresa de seguridad contratada. Pagamos casi U$S 40 mil al mes por cuidar la puerta de entrada del edificio y mirar tres pantallas. El objetivo es reducir los costos", dijo en esa instancia. Ese mismo criterio sostuvo el presidente al describir la gestión del directorio: "Se está poniendo el mayor esfuerzo y responsabilidad para manejar el dinero lo mejor posible y para que el pasivo cobre en fecha", afirmó, en declaraciones recogidas por El Observador.

El contrato que quedó en el centro de la discusión era el que la institución tenía con la compañía Securitas, firmado en 2021 y renovado en años posteriores, con vencimiento en agosto. El pago mensual fijado en ese contrato era de $ 1.394.261 por mes (unos U$S 35.000). Durante meses el directorio discutió la continuidad de la relación con la empresa e incluso realizó un primer llamado público para recibir ofertas que se terminó declarando desierto. En medio de las negociaciones, la empresa disminuyó el costo mensual a aproximadamente la mitad ($ 697.799) por los servicios de vigilancia física especializada, monitoreo y video verificación, respuesta móvil y mantenimiento del servicio de incendio. Pese a eso, el directorio decidió prorrogar el servicio hasta setiembre y lanzar un nuevo llamado a interesados. El texto de ese llamado requirió cotizar el servicio de vigilancia física especializada, el control por sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) y la continuidad operativa de los sistemas existentes de alarmas de intrusos e incendio, que son propiedad de la Caja. La propuesta debía incluir la guardia física de un encargado por turno -- tres en total para cubrir las 24 horas --, más un guardia para atender el hall principal del edificio y otros sectores. La vigencia del contrato se estableció en un año con posibilidad de extenderse automáticamente por períodos anuales, y solamente serían consideradas las ofertas que no excedieran los $ 350.000 al mes con impuestos incluidos. Consultado por El Observador, Pérez aclaró que no tuvo intención de atribuirle una conducta impropia a Securitas y señaló que el servicio brindado por esa compañía incluía algunas prestaciones que el contrato actual no abarca. Por eso, añadió, la mejor cotización que obtuvo la institución no puede interpretarse como una rebaja de precio por el mismo servicio.

La empresa que se quedó con la adjudicación presentó una propuesta por $ 346.500 al mes, frente a los $ 1.394.261 del contrato anterior y a los $ 697.799 que había ofrecido Securitas durante la negociación. Con ese cambio y el resto de los recortes, la institución acumuló la baja de 58,7% en sus gastos administrativos respecto a diciembre. El directorio, además, tiene por delante una instancia con el Poder Ejecutivo: en las próximas horas se reunirá con una delegación del gobierno para analizar temas pendientes a partir de las conclusiones finales elaboradas meses atrás por la Comisión de Expertos.

Andrés Pérez, presidente de la Caja de Profesionales. En la sesión del directorio del 20 de agosto sostuvo que "es obsceno lo que se ha pagado por la empresa de seguridad contratada" y que "el objetivo es reducir los costos". Consultado por El Observador, aclaró que no tuvo intención de atribuirle una conducta impropia a Securitas y que la mejor cotización obtenida no puede interpretarse como una rebaja de precio por el mismo servicio. También afirmó: "Se está poniendo el mayor esfuerzo y responsabilidad para manejar el dinero lo mejor posible y para que el pasivo cobre en fecha".