El gobierno impulsará un cambio a la Ley de Educación tras el fallo que habilitó el homeschooling de dos niñas menonitas de Florida

Según informa El Observador, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció este jueves que impulsará ante el Parlamento una modificación del artículo 7 de la Ley General de Educación, después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) respaldara que dos niñas de una comunidad menonita de Florida reciban educación fuera del sistema formal, en formato homeschool. El ministro aclaró que el gobierno acatará el fallo, pero que igual buscará cambiar el marco legal que, a su juicio, permitió llegar a esta situación. "La resolución que toma la SCJ uno la respeta. Lo que uno trabaja es para que lo que entiende desde el punto de vista legislativo facilitó esa resolución no esté más, porque es un precedente muy malo para la educación de Uruguay", dijo, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

El detonante de ese anuncio es el fallo con el que la SCJ rechazó por mayoría el recurso de casación que había presentado la ANEP en el caso de las dos niñas menonitas. Según la sentencia, las niñas asistían a un centro de la comunidad y recibían clases a distancia mediante una institución educativa del exterior que no estaba autorizada por el sistema uruguayo. Para Mahía, el problema de fondo es legal y tiene fecha: el artículo 127 de la LUC, que en 2020 modificó el artículo 7 de la Ley General de Educación, "rebajó las condiciones para la obligatoriedad" de la educación pública y "dinamizó" la existencia de formatos como el homeschool. Por eso el camino elegido es una "modificación legal del artículo 7 de la Ley General de Educación que supone también la eliminación del artículo de la LUC", explicó. El objetivo, dijo, es que "todas las niñas y los niños del país puedan asistir y estar en el sistema educativo": reconoció que existen distintas opciones dentro del sistema, públicas y privadas, pero remarcó la importancia de que los niños concurran a un ámbito educativo.

El artículo 7 de la Ley General de Educación de 2009 establecía que los padres tenían "la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje". El texto vigente, en cambio, establece que "es obligatoria la educación inicial a partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la educación media", y que los padres, madres o responsables legales "tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación", conforme al artículo 70 de la Constitución. La modificación eliminó la referencia expresa a la obligación de inscribir a los niños en un centro de enseñanza y de controlar su asistencia: ese es, precisamente, el punto que el gobierno pretende revertir. En el caso concreto, la mayoría de la SCJ entendió que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, reconocido en el artículo 68 de la Constitución, permite optar por modalidades educativas alternativas, incluida la educación a distancia, siempre que se garantice efectivamente el derecho a la educación y no se vulneren otros derechos de los niños. La mayoría consideró que las niñas recibían formación, asistían regularmente al centro comunitario y tenían un desempeño educativo adecuado.

Con el anuncio se abre ahora una discusión parlamentaria: la iniciativa deberá ser enviada y discutida en el Parlamento. El fallo, en tanto, tiene efectos sobre el caso concreto y no obliga automáticamente a otros jueces a resolver de la misma manera, aunque ya abrió el debate sobre el alcance de la obligatoriedad educativa y llevó a las autoridades de la educación a plantear una eventual modificación legal. La ANEP, además, anticipó que el expediente de Florida no será el único. Caggiani informó que hay "dos casaciones más a consideración de la SCJ" y "otra judicialización que ya va bastante avanzada que todavía no ha llegado a la parte de la casación", y adelantó que el organismo seguirá recurriendo a la Justicia en los casos en que considere que existe una vulneración del derecho a la educación.

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, fue el encargado de llevar la posición del organismo a la reunión con el Ministerio. "Efectivamente, acá nosotros tenemos una situación en la cual hay un fallo de la Justicia que respetamos, pero que nos merece al Codicen, en pleno por unanimidad de todos sus integrantes, la preocupación de venir a plantearle al Ministerio de Educación y Cultura que esto tiene que tener algún tipo de solución por la incongruencia que supone tener un sistema educativo al cual nadie está obligado a ir", afirmó. Caggiani agregó que la discusión no se limita a educación pública frente a educación privada, porque en Uruguay "hay una diversidad de propuestas diversas" y "en cualquiera de ellas se preserva el derecho a la educación de niñas y niños y adolescentes". Desde la ANEP, en tanto, advirtieron que la resolución genera "preocupación" porque "no se cumple con la obligatoriedad tal cual se la entiende en Uruguay desde hace 150 años".