Cámaras pesqueras piden al Poder Ejecutivo suspender la segunda etapa de prospección sísmica prevista para noviembre

Según informa El País, la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) pidieron al Poder Ejecutivo y a los ministerios de Ambiente; Industria, Energía y Minería (MIEM); y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que suspendan la nueva etapa de prospección sísmica prevista para noviembre, en el marco de la búsqueda de hidrocarburos en las costas uruguayas. El planteo apunta a la segunda temporada de la campaña de exploración sísmica 3DUR26, prevista en los bloques offshore OFF-1 y OFF-4 de Ancap, que está a cargo de CGG Services US Inc. (Viridien) en el marco de un acuerdo multicliente con el ente. La prospección sísmica, recuerda la nota, utiliza ondas sonoras que se propagan bajo el agua y permiten estudiar las características del fondo y del subsuelo marino para evaluar si hay posibles yacimientos de petróleo y gas. La primera etapa ya se realizó, y lo que las gremiales reclaman es detener la segunda hasta que se concrete una evaluación científica, técnica, económica y ambiental independiente de lo actuado.

El pedido se apoya en datos de informes de Viridien presentados ante el Ministerio de Ambiente y divulgados por las cámaras en un comunicado. Según esa información, durante la primera temporada se registraron unos 159.000 disparos sísmicos, a un ritmo de aproximadamente uno cada ocho segundos durante el período efectivo de adquisición de datos, y la adquisición comprendió 2.653,520 kilómetros de recorrido, con intervalos de 16,667 metros entre activaciones de las fuentes acústicas. Las gremiales señalaron además que se completó el 53,9% del área principal originalmente planificada, y que Viridien atribuyó las interrupciones de la operativa principalmente a la presencia de fauna marina y a las condiciones meteorológicas. A esos números, las cámaras sumaron su preocupación por la evolución de las capturas de la flota uruguaya durante marzo y abril de 2026. De acuerdo con las cifras que divulgaron en base a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, los desembarques combinados de merluza y calamar cayeron cerca de 39% frente a los mismos meses de 2025, mientras que los de calamar disminuyeron aproximadamente 85%. En el caso de la merluza, los desembarques totales aumentaron, aunque esas cifras incluyen capturas en la Zona Común de Pesca y en aguas internacionales: al excluir las capturas realizadas en aguas internacionales, según los datos preliminares del sector citados por las cámaras, la captura promedio de merluza por buque dentro de la Zona Común de Pesca cayó cerca de 30%. Las gremiales aclararon que los datos presentados no demuestran una relación causal entre la prospección sísmica y la evolución de las capturas, pero sostuvieron que la coincidencia temporal y las diferencias observadas justifican una investigación independiente sobre los posibles efectos de la actividad en la distribución de las especies y en la actividad pesquera.

El marco que invocan las cámaras es la Ley 19.175, que declara de interés general la conservación, la investigación, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas que los contienen, e incorpora el criterio de precaución dentro de la política pesquera. Con ese respaldo, sostuvieron que reanudar una intervención de esta magnitud sin evaluar previamente sus resultados resultaría difícil de conciliar con esos principios. El antecedente directo es la primera temporada de la campaña 3DUR26, ya ejecutada en los bloques de Ancap, con las interrupciones que la propia empresa atribuyó a la presencia de fauna marina y a las condiciones meteorológicas. También aparece en el comunicado de las gremiales la comparación entre la menor disponibilidad de calamar para la flota uruguaya y las capturas elevadas registradas más al sur, en particular por parte de la flota argentina, además de la posibilidad de que esa menor disponibilidad haya derivado en un mayor esfuerzo pesquero sobre la merluza.

Además de la suspensión, las cámaras solicitaron al Poder Ejecutivo una evaluación científica, técnica y económica independiente, con participación efectiva de la Dinara, instituciones académicas y el sector pesquero. Entre las medidas que reclaman figuran la publicación de las coordenadas exactas de los disparos, las rutas de navegación, los horarios de funcionamiento de las fuentes acústicas y el esfuerzo acústico total; un análisis de las capturas, los desembarques, el esfuerzo pesquero y los desplazamientos de la flota por especie, buque y área, con una comparación respecto de varios años anteriores y una diferenciación entre la Zona Común de Pesca y las aguas internacionales; un programa de monitoreo independiente antes, durante y después de futuras operaciones; la revisión de los mecanismos de compensación ante eventuales perjuicios económicos; y la precisión del alcance de la próxima etapa, incluida el área restante, la duración total y la cantidad adicional de disparos. En el material revisado no se encontró constancia de una respuesta oficial al planteo.

Las voces citadas en la nota son las de las dos cámaras empresariales, a través de su comunicado. Las gremiales afirmaron que "los propios informes de la empresa Viridien muestran que no se trató de una intervención acotada ni se alcanzaron los resultados originalmente esperados" y agregaron: "Antes de volver a hacer ruido bajo el mar, el Estado debería explicar qué ocurrió, evaluar sus efectos y evitar que la pesca uruguaya, la biodiversidad de nuestras aguas y la sociedad en su conjunto vuelvan a asumir los costos y las consecuencias de esta actividad". También defendieron que "cualquier futura etapa debería estar acompañada por un programa independiente de monitoreo diseñado para producir información comparable antes, durante y después de las operaciones" y pidieron "revisar el funcionamiento del mecanismo de compensación frente a los posibles perjuicios económicos ocasionados a una actividad productiva preexistente". En otro pasaje señalaron que "la pesca depende de recursos naturales renovables que deben ser administrados sobre la base de información científica", y advirtieron que las alteraciones en su distribución o disponibilidad no solamente afectan el trabajo de la flota pesquera, sino que también repercuten sobre las plantas industriales, los servicios asociados, el empleo, la producción de alimentos y las exportaciones. Cerraron aclarando que no plantean una oposición genérica a la investigación ni al desarrollo de nuevas actividades en el mar, sino que reclaman que cualquier intervención sea compatible con la protección de la biodiversidad, la sustentabilidad del sector pesquero, el empleo, la producción de alimentos y las exportaciones del país.