Diputados reclaman avanzar en el registro de bioinsumos contra la garrapata, aún sin habilitación para su venta

Según informa Radio Carve, la Comisión de Ganadería de Diputados abordó el 15 de setiembre la situación de los bioinsumos desarrollados para combatir la garrapata, que no cuentan con registro para su comercialización legal en Uruguay. De esa sesión participaron representantes de Tecnobío y del Instituto Bio Uruguay, el desarrollador del producto creBIO 7, de acuerdo con la misma información. Los diputados Carlos Rydstrom y William Martínez, que expusieron el tema en el espacio "Fogón político" de la radio, coincidieron en la necesidad de revisar los mecanismos de registro y evaluación de estos productos y de avanzar en el desarrollo de una política nacional de bioinsumos.

El punto de partida del reclamo es la falta de habilitación: se trata de productos que, según sus desarrolladores y los productores, han mostrado resultados positivos, pero que hoy no tienen registro para comercializarse legalmente en el país. Rydstrom señaló que el problema de la garrapata representa un costo estimado de entre 95 y 100 millones de dólares anuales para Uruguay y que existe resistencia a distintas moléculas químicas utilizadas tradicionalmente para su control. En ese marco, consideró que los biogarrapaticidas pueden constituir una herramienta complementaria, y vinculó su desarrollo con los objetivos de transición agroecológica y de producción con menor utilización de insumos sintéticos.

El creBIO 7, desarrollado por el Instituto Bio Uruguay, lleva cerca de dos décadas de investigación y ensayos y continúa a la espera de la habilitación correspondiente. Martínez coincidió con su colega en que existe una contradicción entre el desarrollo de un plan nacional de bioinsumos y las dificultades administrativas para registrar un acaricida biológico, y apuntó que en otros sectores de la producción ya hay antecedentes de entomopatógenos registrados para el control de distintas plagas, mientras que el registro de productos biológicos contra la garrapata sigue sin concretarse.

Con ese panorama, la comisión analizará la situación de estos productos, y ambos legisladores plantearon la necesidad de revisar los mecanismos de registro y evaluación y de avanzar hacia una política nacional de bioinsumos. Martínez advirtió además sobre el uso informal o ilegal de productos que no cuentan con la habilitación correspondiente: según planteó, esa situación dificulta el control sanitario y puede generar riesgos vinculados tanto a los residuos en carne como al impacto ambiental de determinadas herramientas biológicas.

El diputado Carlos Rydstrom sostuvo que el problema de la garrapata le cuesta al país entre 95 y 100 millones de dólares anuales y que los biogarrapaticidas pueden funcionar como herramienta complementaria frente a la resistencia a las moléculas químicas. Su colega William Martínez, en tanto, habló de una contradicción entre el plan nacional de bioinsumos y las trabas administrativas para registrar un acaricida biológico, y advirtió sobre los riesgos sanitarios y ambientales del uso informal de productos sin habilitación.