La Asamblea General aprobó con 65 votos remitir el caso Cardama a la Fiscalía, tras el retiro de Cabildo Abierto

Según informa Radio Carve, la Asamblea General aprobó este miércoles la moción del Frente Amplio para remitir a la Fiscalía las actuaciones de la comisión investigadora del caso Cardama, referido a la compra de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. La resolución reunió 65 votos sobre 128 legisladores presentes, después de que los dos representantes de Cabildo Abierto se retiraran de sala y habilitaran al oficialismo a alcanzar la mayoría necesaria. La moción aprobada plantea que la Fiscalía examine hechos con apariencia delictiva y determine eventuales responsabilidades penales. Entre los cuestionamientos que la sostienen, el artículo menciona las irregularidades en las garantías presentadas por el astillero español, la falta de controles y la autorización de pagos sin la documentación que, según el oficialismo, correspondía exigir.

El respaldo a la moción se apoya, de acuerdo con el relato de Radio Carve, en los cuestionamientos acumulados sobre la contratación y la gestión del caso. El Frente Amplio sostuvo que hubo irregularidades en las garantías del astillero, ausencia de controles y pagos autorizados sin la documentación correspondiente, y apuntó además a responsabilidades políticas de la administración de Luis Lacalle Pou. Del otro lado, la oposición denunció una operación política del gobierno y cuestionó las actuaciones que derivaron en la decisión de rescindir el contrato. La sesión, agrega el artículo, terminó sin un acuerdo entre los partidos y con acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades por la contratación original y por la gestión posterior del caso.

El punto de partida del caso, tal como lo presenta el texto de Radio Carve, es la compra de las dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional y la posterior decisión de rescindir el contrato con el astillero español, un tramo que quedó en el centro de la confrontación política y que derivó en la comisión investigadora cuyas actuaciones ahora pasan a la Fiscalía. Sobre ese recorrido, no se encontraron en el texto revisado las fechas del contrato original, ni la fecha en que se resolvió la rescisión, ni precisiones sobre los montos involucrados.

Con la aprobación de la moción, las actuaciones de la comisión investigadora quedan a disposición de la Fiscalía, que según el texto aprobado deberá examinar los hechos con apariencia delictiva y determinar eventuales responsabilidades penales. No se encontraron en el texto revisado referencias a plazos para esa instancia ni a una fecha para un pronunciamiento del Ministerio Público. El debate parlamentario, según el medio, se cerró sin acuerdo entre los partidos.

En el tramo final del debate, el Frente Amplio apuntó a responsabilidades políticas de la administración de Luis Lacalle Pou, mientras que la oposición denunció una operación política del gobierno y cuestionó las actuaciones que llevaron a rescindir el contrato. El artículo de Radio Carve presenta el tema a partir de una entrevista con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, cuyas declaraciones textuales no se encontraron en el texto revisado.