CIPEM advirtió que el conflicto de la construcción ya afecta el empleo en Maldonado y pidió una salida negociada

La Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado (CIPEM) expresó su preocupación por la escalada del conflicto que enfrenta al sector empresarial de la construcción con el sindicato del ramo en Maldonado y advirtió que la disputa ya comenzó a golpear el empleo, con riesgo de extenderse a la actividad económica, las inversiones y el desarrollo del departamento. Según reprodujo el sitio Punta News, la cámara difundió un comunicado en el que exhortó a empresarios y al sindicato a retomar el diálogo para encontrar una solución antes de que la situación se profundice.

El pronunciamiento de CIPEM llega en medio de un enfrentamiento que, de acuerdo con el comunicado citado por el medio, se originó en diferencias entre empresas desarrollistas y el sindicato de la construcción, y que derivó en el envío de personal al seguro de paro como respuesta empresarial a las medidas sindicales adoptadas en los últimos meses. La cámara sostuvo que ese escenario ya trasciende a las partes directamente involucradas y empieza a repercutir en el comercio, los servicios y el conjunto de la economía departamental y nacional, por lo que consideró imprescindible frenar el agravamiento del conflicto antes de que afecte de forma más amplia a Maldonado.

El trasfondo de este reclamo empresarial es un conflicto laboral que lleva meses de tensión entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y el sector empresarial, a raíz del convenio colectivo del sector que venció el 31 de marzo sin que las partes lograran acordar un nuevo texto en el Consejo de Salarios. Varias empresas resolvieron enviar trabajadores al seguro de paro en distintas obras del departamento, una medida que según fuentes empresariales consultadas por otros medios ya alcanzaba a unos 200 operarios y que refleja el impacto que el conflicto empieza a tener sobre la actividad, mientras que el presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este (CICE) llegó a hablar de cerca de 500 trabajadores de la construcción enviados a esa modalidad en las últimas semanas. El Sunca, por su parte, rechaza esa lectura y sostiene que se trata de una maniobra de presión: su presidente, Richard Ferreira, había señalado que "ya hay cientos de trabajadores que han sido mandados al seguro de paro" pero que eso responde a "una acción antisindical donde se penaliza con el seguro de paro a los trabajadores que luchan por un convenio colectivo". El propio gobierno nacional se involucró en las negociaciones: el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, mantuvieron reuniones con empresarios, el Sunca y el PIT-CNT en un intento de destrabar el diferendo, aunque hasta el momento los encuentros no lograron avances sobre una propuesta intermedia.

De acuerdo con el planteo de CIPEM, la construcción constituye uno de los principales motores del desarrollo de Maldonado por su capacidad de generar empleo y atraer inversiones, motivo por el cual la cámara considera imprescindible evitar que el conflicto siga profundizándose. La institución remarcó, siempre según su comunicado, que una solución resulta necesaria para preservar la estabilidad del sector, mantener las fuentes de trabajo y dar certezas a quienes invierten en el departamento, además de cuidar la confianza que Maldonado consolidó en los últimos años como plaza para emprendimientos inmobiliarios y de construcción. Si el conflicto no se destraba, el riesgo señalado por la cámara es que sus efectos dejen de limitarse a las partes en pugna y se trasladen al comercio, los servicios y la economía departamental en su conjunto.

La posición institucional fue asumida por Eduardo Rodrigo, presidente de CIPEM, quien firmó el pronunciamiento y reafirmó, según lo consignado por Punta News, la disposición de la cámara a colaborar en iniciativas que contribuyan a superar el conflicto y a favorecer el crecimiento, la generación de empleo y el fortalecimiento de la actividad productiva. La nota no incluye declaraciones directas del Sunca ni del sector empresarial desarrollista sobre este pronunciamiento puntual, aunque en coberturas de otros medios sobre el conflicto de fondo el sindicato, a través de su presidente Richard Ferreira, sostuvo que el envío de trabajadores al seguro de paro responde a una lógica antisindical y no a una necesidad real de las obras.