La Caja de Profesionales reclama al gobierno por llamados que exigen empresas unipersonales para tareas profesionales

Según informa El Observador, el directorio de la Caja de Profesionales manifestó su molestia por los llamados laborales del gobierno que piden, de forma expresa, empresas unipersonales registradas en el Banco de Previsión Social (BPS) para desarrollar tareas profesionales. El tema fue tratado en las dos últimas sesiones de agosto del directorio, donde el presidente del organismo, Andrés Pérez, señaló que "se trata de organismos públicos estatales pidiendo estos servicios". En una de esas sesiones, la directora Elizabeth Alberto contó que la institución había recibido varias consultas de particulares sobre esas convocatorias y mencionó como ejemplo los llamados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que buscan profesionales para cumplir tareas, pero con una empresa unipersonal registrada. Uno de esos llamados del Mides se abrió en junio de este año: el ministerio comunicó la necesidad de contratar a dos consultores individuales valoradores para "valorar la necesidad de apoyo de potenciales beneficiarios de los servicios de Cuidados gestionados por el área de implementación y seguimiento de la Secretaría Nacional de Cuidados", según consta en las bases del llamado. El salario para esa tarea quedó fijado en $ 77.412 más IVA y el requisito de ser profesional universitario egresado de psicología, trabajo social o sociología se planteó como excluyente. El otro caso mencionado es un llamado del Ministerio de Economía (MEF) de agosto, que solicitó dos consultores técnicos en informática para trabajar en el Instituto Nacional de Estadística (INE), con una remuneración de $ 129.298 más IVA por 30 horas semanales. Tras plantear el tema, Pérez mencionó que se había enviado una nota a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) comentando la situación y pidió a los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja que hicieran gestiones para intentar corregirla. El vicepresidente del organismo, Fernando Rodríguez Sanguinetti, sostuvo que "es el Estado violando la norma".

El motivo de fondo de esa molestia es que, según el relato del medio, estos llamados terminan siendo cubiertos por profesionales que no aportan a la Caja: facturan como trabajadores independientes que prestan servicios fuera de la relación de dependencia, y en ese caso los aportes van al BPS y son más bajos. Pérez lo planteó en términos legales —de acuerdo a la ley, dijo, "los profesionales que ejercen tarea liberal tienen que aportar a la Caja"— y marcó el límite que, a su juicio, tiene la figura: "Se puede tener una empresa unipersonal para servicio de limpieza o mantenimiento; las unipersonales facturan servicios, pero no profesionales". El episodio se suma a un vínculo ya tenso con el Poder Ejecutivo: el artículo menciona discusiones por las proyecciones financieras para el cierre de año, con cifras distantes entre sí, sobre una institución que arrastra una realidad financiera compleja y que no logra captar nuevos aportantes activos.

La discusión no es nueva en el directorio y ya formó parte del informe final que la Comisión de Expertos realizó en mayo sobre la Caja de Profesionales, después de que el Parlamento aprobara un rescate financiero. En los comentarios finales de ese trabajo, compartidos por representantes del Poder Ejecutivo y de la institución, se planteó que debe mejorarse "la fiscalización y tomar acciones pertinentes para que los profesionales que ejercen en forma independiente coticen en la Caja, tal como corresponde de acuerdo con el marco legal vigente, procurando evitar la aportación como unipersonales en el ámbito de afiliación de BPS". A ese telón de fondo se suman las cifras de profesionales que no ejercen: en 2024 se registraron 109.719 profesionales en esa condición, con un aumento interanual de 6,6%, y el año pasado fueron 116.631, con un incremento también de 6,6%, según los datos citados por el medio.

Lo concreto hasta ahora son las gestiones que el directorio puso en marcha: la nota enviada a la ONSC y el pedido a los representantes del Poder Ejecutivo en la Caja para que intenten corregir la modalidad de los llamados. En el material revisado no aparece una respuesta del Mides, del MEF ni de la ONSC al planteo, ni una fecha para una eventual corrección de las bases de las convocatorias. Queda abierto, entonces, un punto que atraviesa las cuentas del organismo: si los llamados estatales que exigen empresas unipersonales para tareas profesionales se mantienen como vía de contratación, en una institución que necesita sumar aportantes activos y que discute con el gobierno las proyecciones financieras del cierre de año.

El presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, sostuvo que los llamados piden expresamente empresas unipersonales registradas en el BPS y afirmó que "se trata de organismos públicos estatales pidiendo estos servicios"; en declaraciones a El Observador agregó que, de acuerdo a la ley, "los profesionales que ejercen tarea liberal tienen que aportar a la Caja" y que "las unipersonales facturan servicios, pero no profesionales". La directora Elizabeth Alberto informó que la institución recibió varias consultas de particulares sobre las convocatorias y mencionó el caso de los llamados del Mides. El vicepresidente Fernando Rodríguez Sanguinetti afirmó que "es el Estado violando la norma".