El diputado Echeverría pidió al Ministerio del Interior detalles sobre el marco legal de los "arcos digitales"

El diputado nacionalista Diego Echeverría presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior para que precise bajo qué marco legal funcionan los llamados "arcos digitales" instalados en espacios públicos, qué tecnologías incorporan y qué garantías existen para proteger los datos personales de la ciudadanía. En paralelo, promovió una solicitud de acceso a la información pública ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) para saber si ese organismo fue consultado antes de que se desplegaran estos sistemas y cuál fue su actuación al respecto, según publicó Punta News.

El pedido, presentado al amparo del artículo 118 de la Constitución, responde a que Echeverría entiende que la incorporación de tecnologías de vigilancia masiva y tratamiento automatizado de datos en la vía pública abre interrogantes sobre el equilibrio entre las políticas de seguridad y derechos como la intimidad y la privacidad, de acuerdo con lo informado por el medio. Entre los puntos que reclama que se aclaren figuran el acto administrativo que habilitó la instalación de los equipos, las tecnologías efectivamente utilizadas -entre ellas reconocimiento facial, lectura automática de matrículas (LPR) y eventuales sistemas de rastreo de dispositivos móviles-, la cantidad de equipos y sus ubicaciones, así como quiénes proveyeron el software y el equipamiento y bajo qué modalidad de contratación.

El texto de Punta News detalla que Echeverría también busca conocer la finalidad del tratamiento de la información recabada, en qué bases de datos se almacena, los plazos de conservación, los mecanismos de auditoría y trazabilidad, y si hubo una evaluación de impacto en materia de protección de datos antes de poner en marcha estos sistemas. El pedido de informes es una herramienta habitual de control parlamentario prevista en la Constitución y la Ley 17.673, que los legisladores utilizan para reclamar información al Poder Ejecutivo y a otros organismos públicos; más allá de ese marco general, la nota original no ofrece antecedentes concretos sobre instalaciones previas de "arcos digitales" en el país ni sobre debates anteriores en el Parlamento sobre este tema puntual, por lo que ese aspecto no está disponible en la fuente.

De prosperar el trámite, el Ministerio del Interior y la URCDP quedarían obligados a responder formalmente las preguntas planteadas, lo que podría traducirse en mayor transparencia sobre el funcionamiento de estos dispositivos o, eventualmente, en ajustes al marco normativo vigente. El propio Echeverría planteó la necesidad de avanzar hacia una regulación específica para la vigilancia biométrica que contemple los estándares internacionales asumidos por Uruguay, aunque la fuente no precisa plazos de respuesta ni si el Ministerio o la URCDP ya se pronunciaron sobre el pedido.

El propio Echeverría fundamentó su pedido con declaraciones directas: sostuvo que Somos partidarios de la utilización de la tecnología para afrontar el delito y mejorar la seguridad pública, aunque aclaró que eso exige que la tecnología responda a una estrategia y sea compatible con los derechos de los ciudadanos. El legislador agregó que este tipo de herramientas deben operar como excepción y no como regla, y remarcó la necesidad de un marco normativo específico para la vigilancia biométrica acorde a los estándares internacionales que Uruguay ha asumido.