Siete meses después del cierre de Cambio Aspen, más de 20 extrabajadores siguen sin cobrar sus liquidaciones

Según informa la diaria, más de 20 extrabajadores de Cambio Aspen siguen sin cobrar sus liquidaciones siete meses después de que la empresa dejara de funcionar, el 28 de febrero, en sus locales de Colonia del Sacramento, Montevideo y Punta del Este. La sucursal de Colonia funcionaba en la esquina de General Flores e Intendente Suárez, un local que actualmente está en refacción para alojar a una cadena de hamburgueserías a partir de las próximas semanas. De acuerdo con el relato de uno de los empleados afectados al medio, el único pago que recibieron después del cierre fue el correspondiente al último sueldo, depositado durante los primeros días de marzo. Desde entonces no cobraron las partidas de aguinaldos, licencias e indemnizaciones: “Lo único que cobramos luego del cierre fue el sueldo, que nos lo depositaron los primeros días de marzo. Pero luego de ese depósito no cobramos nada, ni un peso”, afirmó. El reclamo pasó por dos instancias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con la abogada Agustina Durquet representando a los empleados, sin que se alcanzara un acuerdo, y los trabajadores iniciaron una demanda laboral. En la primera convocatoria compareció una abogada en representación de la parte empresarial que, según comentó el trabajador consultado, no tenía información suficiente sobre el caso; en la segunda se presentó un abogado que representaba a Daniel Pérez Montero, propietario de la casa de cambio, y no directamente a la empresa.

Esa segunda convocatoria tampoco acercó una salida: el trabajador consultado aseguró que no hubo propuestas para alcanzar un acuerdo ni manifestaciones de voluntad de pago por parte del empresario. “Ni siquiera hubo intento de acuerdo para pagar las liquidaciones”, sostuvo. La diaria consigna, en el mismo sentido, que el propietario de la empresa, Daniel Pérez Montero, no ha demostrado intención de cancelar los créditos laborales. El material recibido no precisa cuáles fueron las causas del cierre de la empresa ni un motivo formal para la falta de pago de las liquidaciones más allá de lo que describe el relato de los propios trabajadores y de lo ocurrido en las dos instancias del MTSS.

El cierre puso fin a la operación de una empresa que había llegado a contar con varias sucursales y que en su último período de actividad mantenía solamente tres: las de Colonia del Sacramento, Montevideo y Punta del Este. En la sucursal de Colonia trabajaban siete personas y en la de Punta del Este, otras cuatro; el resto del personal se desempeñaba en Montevideo. El conflicto laboral se produce en un contexto en el que la empresa vinculada a la casa de cambio había sido objeto de actuaciones del Banco Central del Uruguay (BCU). Esa sanción derivó en la pérdida de servicios que ofrecía la casa financiera, como las terminales del BROU para retiro de dinero o el cobro de algunos tributos de organismos públicos, lo cual originó la pérdida de clientes, según supo la diaria. En octubre de 2025, Cadena del Mar de Maldonado informó que la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU había sancionado a Segural SA, firma vinculada a Daniel Pérez Montero, por incumplir la obligación de comunicar oportunamente hechos relevantes relacionados con la situación judicial de su accionista. Según esa publicación, la sanción estuvo vinculada a antecedentes de una investigación penal en Brasil en la que Pérez Montero era investigado por presuntos delitos de evasión de divisas e integración de una organización criminal, y el organismo regulador había señalado que las casas de cambio deben informar hechos que puedan afectar la idoneidad de sus accionistas con control efectivo. El medio también señaló que Segural SA registraba antecedentes por infracciones similares desde 2024 y que la firma no había presentado descargos dentro del plazo correspondiente al procedimiento administrativo. Otro antecedente vinculado a Pérez Montero tuvo resolución judicial en julio de 2026. La Cámara Federal de Buenos Aires revocó los procesamientos y dispuso el sobreseimiento del financista uruguayo y de Mario Alberto Ribeiro Ricci en una causa por presunto lavado de activos relacionada con Gustavo Gentili, exdirector del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante los gobiernos kirchneristas, en una resolución que Infobae informó el 8 de julio de este año. La investigación, que llevaba varios años, examinaba operaciones financieras que, según la hipótesis inicial de la fiscalía, habrían permitido canalizar fondos provenientes de presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública argentina; entre las operaciones analizadas figuraba un supuesto contrato de préstamo entre la firma argentina Febaro, controlada por Gentili y su esposa, y la financiera uruguaya Aspen Trading, vinculada a Pérez Montero. En octubre de 2025 el juez federal Sebastián Casanello había procesado a los dos operadores financieros y dispuesto embargos; la defensa apeló y, al revisar las actuaciones, los camaristas entendieron que no se habían incorporado pruebas nuevas suficientes para demostrar que los acusados conocieran el origen ilícito de los fondos o que hubieran actuado representándose como probable esa circunstancia, por lo que revocaron los procesamientos y los embargos y dispusieron el sobreseimiento de ambos. El nombre de Pérez Montero salió a luz en las últimas semanas en distintos medios de prensa tras haber sido asaltado en el barrio Punta Carretas de Montevideo mientras portaba una bolsa con alrededor de U$S 20.000.

Con ese trasfondo, el conflicto laboral sigue su curso en la Justicia: los trabajadores iniciaron una demanda laboral para reclamar las liquidaciones, que al momento de la publicación de la nota de la diaria no tenía resolución conocida. El caso afecta a empleados de tres departamentos y el local de Colonia del Sacramento donde funcionaba la sucursal está en refacción para alojar a una cadena de hamburgueserías a partir de las próximas semanas. Queda pendiente, además, cómo se articula ese reclamo con los otros frentes que rodean a la empresa y a su propietario: las actuaciones del BCU sobre las firmas vinculadas y la causa judicial en Buenos Aires que terminó con el sobreseimiento dispuesto por la Cámara Federal en julio de 2026.

Uno de los empleados afectados de Cambio Aspen, consultado por la diaria, que relató el único pago recibido tras el cierre y afirmó que no hubo intento de acuerdo para pagar las liquidaciones: “Lo único que cobramos luego del cierre fue el sueldo, que nos lo depositaron los primeros días de marzo. Pero luego de ese depósito no cobramos nada, ni un peso” y “Ni siquiera hubo intento de acuerdo para pagar las liquidaciones”. La abogada Agustina Durquet, que representa a los empleados, es mencionada en el material sin declaraciones citadas.